Las vidas de las personas racializadas importan. Cómo el movimiento Black Lives Matter puso el foco en el racismo institucional en el Estado español

El asesinato de George Floyd, asfixiado por el policía Derek Chauvin en Minneapolis, fue la gota que colmó el vaso. El mismo día de su muerte miles de personas se manifestaron por las calles de su ciudad. Al día siguiente, centenares de miles más recorrieron las principales urbes de Estados Unidos. Y unas jornadas después, fuimos muchas más quienes nos solidarizamos con el movimiento Black Lives Matter por el mundo entero. Pero no solo en apoyo a las personas negras del país norteamericano, sino también para denunciar el racismo institucional que existe en nuestros países. Por ejemplo, en París, cerca de 20.000 personas se concentraron para apoyar las manifestaciones estadounidenses a la vez que mostraban su indignación por la muerte de Adma Traore tras su detención en 2016, de la que se han conocido nuevos detalles en el último mes. “Espero que hoy no me maten por ser negro”, rezaba una pancarta.

En el Estado español han sido numerosos colectivos antirracistas y afrodescendientes quienes han promovido las movilizaciones que llevaron a miles de personas a la calle para recordar que el racismo anti-negro no es una cuestión que únicamente existe al otro lado del charco y que la discriminación también está presente aquí. 

Las vidas negras importan

Existen múltiples razones para que las personas negras quieran salir a protestar contra el racismo cultural y recordarnos a quienes gozamos de un estatus privilegiado por razón del color de nuestra piel que sus vidas son tan válidas como las de cualquier otra persona[1]. Por mencionar algunos motivos, podemos sacar a colación los controles policiales por perfil étnico y racial[2]; los delitos de odio (como el asesinato de Lucrecia Pérez por el guardia civil fuera de servicio Luis Merino); los encierros en los CIE que sufren quienes se encuentran en situación administrativamente irregular en Europa; la exclusión sanitaria y la desatención médica (como la que sufrió Samba Martine en el CIE de Madrid, la cual resultó en su muerte); la desigualdad en el mercado laboral; las políticas migratorias asesinas (recordemos a las 14 personas ahogadas en El Tarajal mientras esquivaban pelotas de goma en el 2014[3]); las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla; las persecuciones policiales a manteros[4] y las condiciones de insalubridad de los jornaleros migrantes que trabajan en el campo español. 

En cuanto a la discriminación ligada al mercado laboral, el Grupo de Expertos de la ONU sobre Afrodescendientes recogió en 2018 las denuncias de colectivos de afrodescendientes en España sobre la desigualdad existente en los procesos de contratación y mostró preocupación “por la difícil situación de los trabajadores migrantes que viven en condiciones deplorables” y por las quejas de “que sufrían regularmente el acoso, la extorsión y las palizas de la Guardia Civil, presuntamente con la complicidad de los empleadores”.

Pero la Guardia Civil no es la única fuerza policial señalada. Sobre todos los cuerpos existen denuncias de malos trato por motivaciones racistas. El último caso mediático ha sido el de un joven negro que fue interceptado al salir de casa Sant Feliu Sasserra (comarca del Bages) por seis mossos que le pidieron identificarse. Uno de los agentes le preguntó si era el jardinero y, a continuación, empezaron a tirarle bolsas de basura, empujarle, escupirle y a propinarle golpes en la cabeza. La misma víctima lo grabó con el móvil, un audio que visibiliza las vejaciones continuadas. Mientras es agredido, se escuchan insultos como “negro de mierda, hijo de la gran puta”, “eres un mono” o “intenta irte muy lejos; vete más lejos que África, mejor”. También se escucha el joven mientras es reducido: “Me estáis haciendo daño, me estáis ahogando”. Los seis mossos – que en el audio se autodenominan “ordenados” para justificar su racismo – no han sufrido mayor sanción que un simple cambio de destino.

Sin duda, estos casos de violencia extrema habitual que resultan en la muerte de alguien constituyen el ejemplo más extremo del racismo institucional que asola nuestra parte del mundo. Pero también existen casos de racismo institucional más sutil que, de una manera más sibilina, deshumanizan y convierten en seres privados de derechos a las personas negras. Por ejemplo, su perpetua caracterización en los medios y en los productos culturales como extranjeros, jamás como españoles; o la falta de crítica en los programas educativos y en los libros de textos al colonialismo y a la esclavitud, que exploran superficialmente esas cuestiones cuando se habla del glorioso imperio español.

La cotidianeidad de la violencia racista

El racismo determina la vida diaria de todas personas migrantes y racializadas, con independencia de su origen y procedencia. Hasta ahora hemos hablado de personas africanas y afrodescendientes, pero es evidentre que también lo padecen personas asiáticas, eslavas, latinoamericanas y de otras procedencias. La brutalidad policial que sufren algunas de ellas es tan solo la punta del iceberg, la cara más visible de un sistema de dominación racista que revela el enraizamiento de la sociedad actual en el pasado genocida que se niega a confrontar; un reflejo palpable del supremacismo blanco y su profunda imbricación en las narrativas y aspiraciones políticas del Estado mismo y sus instituciones.

En palabras de SOS Racismo, las violencias xenófobas “representan solo una parte de un todo más amplio y enraizado en la sociedad e instituciones y que, al estar tan instalada en el subconsciente y formar parte de comportamientos normalizados, pasan desapercibidos o son minimizados, relativizados o negados, pero no vistos como lo que son”. La página www.esracismo.com recoge asiduamente una importante cantidad de ejemplos de casos de discriminación racial.

Las vidas gitanas importan

Pero si vamos a hablar de brutalidad policial en el contexto español, no nos podemos olvidar del pueblo gitano. “En el momento en que un policía nos para por la calle, nos cachea, nos agrede, nos insulta e incluso nos mata, los kalos no representamos para ellos nada más que un riesgo. Somos un cuerpo de riesgo —el cuerpo racializado que tienen que ser controlado, disciplinado, ‘educado’, contenido y/o eliminado antes de ‘infectar’ la sacralizada vida social blanca”, escriben en El Salto Cayetano Fernández y Juan Giménez, de Kale Amenge (“Gitanos por los nuestros”)[5].

Es evidente que los mecanismos de represión de ese sistema de dominación al que llamamos antigitanismo tienen muchas caras”, prosiguen, “pero la más cruda, el mecanismo de represión por antonomasia usado por el poder payo para subordinar, ‘civilizar’ y hasta eliminar al Pueblo Gitano, ha sido y es la policía y demás fuerzas de ‘seguridad’ del estado, quienes junto al sistema judicial y el penitenciario, aseguran que el sistema racial siga funcionando a la perfección”.

Los datos, desde luego, corroboran la persecución al pueblo gitano. Quizás el más evidente sea el que nos proporciona el Proyecto Barañí (“Cárcel de Mujeres”), que apunta que si bien se estima que supone en torno al 1,4% de la población española es gitana, las mujeres gitanas representan un 25% del total de las mujeres presas. Una sobrerrepresentación que se ha hecho posible, en parte, con la estigmatización mediática del pueblo roma y la construcción social y cultural del imaginario colectivo gitano-carcelario.

A raíz de las protestas espoleadas por la muerte de George Floyd, la comunidad gitana lanzó recientemente en redes la campaña Gypsy Lives Matter, a fin de visibilizar su sufrimiento. Y lo hicieron difundiendo el caso de Daniel Jiménez, un hombre gitano de 37 años, vecino de Algeciras, que fue detenido y llevado a la comisaría el pasado 31 de mayo. Desde allí, habló por teléfono con su padre, le comunicó que se encontraba bien y que saldría en libertad al día siguiente. Pocas horas después fue hallado muerto en el calabozo, ahorcado. La segunda muerte en idénticas circunstancias en la misma comisaría en menos de cinco meses, según la APDHA[6].

Su familia lleva desde entonces intentando saber qué pasó. La jueza no ha considerado necesario admitir a trámite ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados del colectivo Juristas Gitanos, recientemente constituido para la defensa jurídica en casos de este tipo.

Desde Kale Amenge, Fernández y Giménez apuntan que “la usurpación del espacio político romaní y el rechazo sistemático a ser reconocidos como un sujeto político autónomo en igualdad con el resto de autonomías que componen el Estado español, además de la tajante negación de nuestra identidad en los interesados tratamientos tanto informativos, como oficiales, hace que sea casi imposible realizar un registro de víctimas fehaciente. Por tanto, es muy complicado demostrar con datos a la Administración la desproporcionalidad en arrestos a las personas gitanas, de su encarcelamiento e incluso de su muerte bajo custodia policial”.

Evidentemente, el racismo anti-gitano no es un problema exclusivamente español. Por ejemplo, el pasado 14 de mayo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado francés por la expulsión de un campamento del norte de París a personas de etnia gitana en 2013. En 2005, el Defensor del Pueblo de la República Checa denunció que la campaña de esterilización forzosa de mujeres roma que había comenzado en Checoslovaquia en 1973 había continuado hasta el año 2001. Y, según una encuesta del Pew Research Center de EEUU, el 83% de los italianos, el 76% de los eslovacos, 72% de los griegos, 61% de los húngaros, 52% de los rusos, 44% de los franceses, 40% de los españoles y 37% de los alemanes ostentan opiniones negativas del pueblo gitano.

Con estos vergonzosos datos en la mano, solo cabe preguntarse si las personas blancas seremos algún día capaces de “aceptar la responsabilidad política de arrancar con vergüenza, arrepentimiento y coherencia la página de la historia que condiciona el presente de las personas racializadas”, en palabras de Fernández y Giménez.


[1] En redes sociales se produjo un sonado debate sobre si tenía sentido o no salir a protestar en otros continentes por lo que sucedía en un contexto sociopolítico y cultural tan distinto como el estadounidense. Finalmente, el sentido común se impuso y ha habido protestas en todo el planeta.

[2] Tras su visita a España en 2018,el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientesllegó a la conclusión de que los controles policiales de personas afrodescendientes por perfil étnico y racial “es un problema endémico”. Y añadió que “esta práctica generalizada no solo discrimina a los extranjeros y a los ciudadanos españoles pertenecientes a minorías étnicas, sino que también alimenta el racismo, ya que quienes presencian esas interpelaciones dan por sentado que las víctimas desarrollan actividades delictivas”. El informe cita una investigación de la Universidad de Granada que documenta cómo la población negra en España corre el riesgo de ser parada por la policía 42 veces más en las estaciones y el transporte público “simplemente por el color de su piel”.

[3] Se han contabilizado más de 19.000 muertes por ahogamiento en el Mediterráneo entre 2014 y 2019.

[4] Recordemos que Mame Mbaye falleció en 2018 de un infarto tras ser perseguido por la policía por su actividad como mantero. Debido a su condición de inmigrante ilegal, no tenía acceso a la sanidad pública.

[5] Kale Amenge es una organización política romaní que lucha por la emancipación y la construcción de la autonomía política gitana.

[6] El anterior fallecido por ahorcamiento fue el joven marroquí Imad Eraffali, de 23 años.

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