Nueva reforma sanitaria: aumento del coste para nuestros bolsillos y racismo de traje y corbata

La tarjeta sanitaria es para los españoles” – Ana Mato, ministra de Sanidad.

Si quisiéramos encontrarle algún aspecto positivo a este período de crisis, uno podría ser que durante este tiempo se ha evidenciado aún más, entre una gran parte de la población, el rol cómplice de la clase política con la clase capitalista, o cómo unos/as y otros/as se cubren las espaldas constantemente para salvaguardar el actual status quo y mantener así su posición de privilegio. Para ello, los/as políticos/as no han tenido ningún reparo a la hora de recurrir a la mentira más descarada, al cinismo sin vergüenza y a la tomadura de pelo generalizada, hechos que no habrían tenido lugar sin la colaboración de los medios de comunicación.

La penúltima gran embustera que ha tenido que salir al escenario para justificar la aprobación de una nueva reforma, ha sido la ministra de Sanidad, Ana Mato, pues el pasado 20 de abril, el gobierno aprobó un Real Decreto Ley, con un nombre nada casual, “de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, con el fin de concretar el recorte de 7.000 millones de euros en los presupuestos sanitarios acordado unas semanas antes. En la rueda de prensa, la ministra tuvo el descaro de asegurar que por fin han “universalizado la sanidad”.

Aunque son muchos los cambios introducidos que requieren su análisis y su denuncia (aumento del precio de los medicamentos, la exclusión de determinadas prestaciones de la cartera de servicios de la Sanidad Pública, retirada de la asistencia sanitaria a los/as mayores de 26 años que no están parados/as o cotizando, etc.), en esta página queríamos centrarnos en la parte referente a la atención sanitaria a los/as inmigrantes en “situación administrativa irregular” pues según el Real Decreto, a partir del 31 de julio, sólo recibirán atención en caso de “urgencia por enfermedad grave o accidente; asistencia al embarazo, parto y postparto, y en el caso de ser menores de 18 años”.

Este evidente ejemplo de racismo institucional ha tratado de ser enmascarado, entre otras historias, desviando la atención hacia el llamado “turismo sanitario”, pero la realidad es bien distinta, pues esta medida es una muestra más de las políticas discriminatorias del Estado hacia este sector de la población que además de sufrir sus otras caras racistas (como el acoso policial), ahora se le niega algo tan elemental como una asistencia sanitaria completa.

La Comunidad de Madrid, para variar, se ha puesto en cabeza a la hora de aplicar esta medida, pues el pasado 4 de mayo, la Consejería de Sanidad tramitó la orden de no iniciarse las solicitudes nuevas de personas que carecen de NIE. El NIE es el número de identificación de extranjero, el equivalente al DNI para los/as españoles/as, que acredita que una persona tiene residencia legal. En la práctica esto supone que los/as inmigrantes en situación irregular (sin NIE) ya están sintiendo el efecto de las medidas de recortes de la prestación acordadas por el Gobierno, porque aunque estén empadronados/as (el requisito que se les exigía hasta ahora), la orden es “no recoger el expediente si no aportan la documentación requerida”, lo que les deja automáticamente fuera. La clase política madrileña, ante las denuncias de diferentes colectivos, se ha lavado rápidamente las manos alegando que tan sólo han puesto en marcha la legislación que viene de arriba.

Según datos de uno de los medios de comunicación capitalistas, el impacto de la medida en nuestra Comunidad no está claro, pero puede hacerse un cálculo aproximado. En enero de 2012 había en Madrid, 1.047.174 extranjeros/ as empadronados/as (algo más del 16% de la población), de los/as que 902.816 tenían tarjeta de residencia. Eso quiere decir que la medida puede dejar fuera del sistema sanitario a 144.358 personas en Madrid, que es la diferencia entre las personas empadronadas y las que tienen la tarjeta.

Ante la avalancha de críticas, desde el Gobierno han tratado de justificar que aquellas personas que la nueva reforma deja fuera serán atendidas por ONGs gracias a la firma de convenios entre la Administración y este tipo de organizaciones. Pero no han concretado asuntos como la financiación, la gestión, etc. Además, diferentes colectivos han denunciado que esta medida supondría la creación de un sistema de atención sanitaria paralelo para “pobres y excluídos/as”.

Para finalizar nos quedamos con el llamamiento a la objeción de conciencia por parte de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid a los/as trabajadores/as del Sistema Nacional de Salud para que no nieguen una atención completa a este sector de la población, y con una reflexión de un artículo publicado en su web: “Es un cambio de modelo en el camino de la privatización: se eliminan del derecho a todas aquellas personas que probablemente no pueden pagar. Es una “limpieza de elementos poco rentables” necesaria para ofrecer este servicio a las empresas privadas como un negocio redondo”.

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