Archivan todos los delitos a Straight Edge Madrid salvo enaltecimiento del terrorismo

4 de noviembre de 2015: seis personas detenidas en Madrid, acusadas de pertenencia a organización terrorista, daños y apología del terrorismo. Una de ellas en prisión preventiva sin fianza, el resto en libertad con casi 30.000 euros en fianzas.

No hablamos de víctimas, atentados o armas. Hablamos de colectivos anarquistas como es esta misma publicación. Hablamos de la creación del terrorismo a medida por parte de los/as únicos/as que lo necesitan, el Ministerio del Interior y sus dispositivos antiterroristas que desde hace algunos años veían peligrar su propia existencia y no pensaban quedarse de brazos cruzados. Hablamos de la máxima expresión de la criminalización de las ideas o, como lo han llamado, el terrorismo anarquista“.

Con estas palabras comienza nuestro artículo “Nosotras también somos anarquistas”, publicado en el mes de diciembre de 2015. En él relatamos las detenciones de seis personas de veintipocos años de edad, acusadas de pertenecer a una supuesta organización terrorista anarquista, antidrogas y vegana, denominada Straight Edge Madrid.

Ya en su día el periódico El País cuestionaba la solidez de los indicios contra los investigados. En el artículo “Una acusación de terrorismo basada en productos de limpieza y una pintada”, de Íñigo Domínguez, se recogía lo siguiente:

El hecho violento que se atribuye a los detenidos es la quema de dos sucursales bancarias en 2013 y 2015 en Madrid, aunque en el sumario no hay ni una sola prueba de su participación directa. El hecho de que apareciera en el lugar una pintada del grupo dos semanas antes, que colgaran en las redes sociales fotos de bancos con llamamientos a sabotearlos y que uno de los detenidos viva cerca de allí, llevó a los agentes a “la convicción” de que habían sido ellos. Eso se ha unido en la argumentación a que su ideología, sus proclamas en Twitter y Facebook contra la autoridad y los bancos, así como varios vídeos que publicaron en YouTube, pretenden “subvertir el orden constitucional”. La unión de estos dos elementos, con la ley actual en la mano y una interpretación muy amplia, ya permite hablar de un acto terrorista, según el juez que lo interprete.

El material para explosivos hallado en los registros se compone de botes de humo, bengalas y petardos, “productos industriales de libre comercialización”, según concluye el informe policial. Si  bien señala que la pólvora que contiene, “confinada en el recipiente adecuado tiene comportamiento explosivo” en un artefacto de fabricación casera. En todo caso no se atribuye a este grupo la colocación de ninguno. Las sustancias confiscadas resultaron ser de cocina y limpieza, y “no son idóneas por sí solas para la elaboración de artefactos explosivos o incendiarios”, aunque los peritos señalan que podrían ser manipuladas para fabricar bombas de humo.

La defensa de los acusados ha lamentado ante el juez el “carácter torticero y poco riguroso” de los informes policiales que acusan a los seis detenidos en la operación Ice. Todas las sustancias sospechosas que se encontraron en los registros resultaron ser lo que parecían. Azúcar, vinagre, bicarbonato… En un bote que contenía un líquido extraño ponía que era lombarda. El análisis concluyó lo siguiente: “Tras su estudio se desprende que se trata de un preparado de naturaleza acuosa, que por sus propiedades organolépticas y por su comportamiento frente a las variaciones del Ph podría ser un caldo de cocción de col lombarda”.

Pese a tal rigor, también se dan saltos lógicos tan intrépidos como el siguiente, tras el hallazgo de un botellín de cerveza vacío en el domicilio de uno de los arrestados: “No tendría relevancia de no ser por el hecho de que el colectivo se caracteriza por su rechazo al alcohol y las drogas, por lo que cabe pensar que el objetivo de tener ese botellín es con el único fin de realizar cócteles molotov”. También el hecho de que este detenido guardara una caja de madera y una de metal con símbolos del grupo “lleva a pensar que es el encargado de la financiación de la organización”. En el material incautado también se destaca “letras de canciones del grupo proetarra Piperrak en contra la Guardia Civil”. Otras deducciones requieren cierta disposición. Entre las pintadas atribuidas al grupo en los alrededores del banco atacado había también algunas de carácter feminista, “induciendo a pensar que entre los autores se encuentra al menos una mujer”“.

Parece cómico, pero no lo es, pues se trataba de una acusación muy grave. En “La causa judicial contra una supuesta organización terrorista anarquista que quedó reducida a unos tuits sobre Goku” (Público), el periodista Alejandro Torrús recuerda que:

Todo lo que ha sucedido en los últimos años alrededor de la causa abierta por la Audiencia Nacional contra el grupo anarquista y vegano Straight Edge (SXE) pordelitos de terrorismo es tan disparatado que si no fuera porque un joven de 27 años (Nahuel) ha pasado un año y cuatro meses en prisión en régimen de especial vigilancia, e incluso en ocasiones en aislamiento, podría parecer una broma de mal gusto. Pero no lo ha sido. 

Se trata, más bien, de una pesadilla real que comenzó en noviembre de 2015 cuando la jueza Carmen Lamela retorció el concepto de terrorismo hasta nuevos límites y consideró con la inestimable ayuda de los informes de inteligencia de Policía Nacional que varios productos de limpieza e incluso una sopa de lombarda constituían un indicio serio de tenencia de explosivos. Así, también entendió que el colectivo Straight Edge, al que acusaba de varios ataques a cajeros automáticos, constituía un comando terrorista.

Lamela con el apoyo de Fiscalía, calificó los hechos como constitutivos de delitos que llevaban aparejadas penas de prisión que sumaban hasta 35 años. El líder de la organización, Nahuel, fue enviado a prisión preventiva en régimen F.I.E.S. (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) durante un año y cuatro meses. La magistrada consideraba, en su auto de procesamiento, que los acusados “se constituyen y comportan como una organización criminal con finalidad terrorista“.

Durante el tiempo en que Nahuel, el chaval al que la policía le atribuía el liderazgo de esta supuesta organización, estuvo en prisión, se inició una exitosa campaña para que pudiera acceder a una dieta vegana en prisión. Se puede leer más sobre ello en los artículos “Ser vegano en la cárcel” (Diagonal) y “El veganismo en prisión” (ElDiario.es).

El 8 de marzo de 2017, tras 16 meses de prisión preventiva, Nahuel finalmente fue puesto en libertad. Poco después, desde este medio le realizamos una entrevista.

Y ahora, más de un año después de su salida de la cárcel, el Ministerio Fiscal ha decidido sobreseer (archivar) la investigación por delitos de daños, tenencia de explosivos y pertenencia a organización terrorista y acusar exclusivamente por un delito de enaltecimiento del terrorismo por redes sociales:

La acusación de propaganda con presuntos fines terroristas en redes sociales, que finalmente es el único cargo que ha permanecido en pie, también fue polémica. Eran un total de 12 mensajes de la web del colectivo SXE y 19 tuits de su cuenta de Twitter, que el fiscal recoge prácticamente al completo en su escrito. La mayoría son consignas genéricas, las habituales de círculos anarquistas contra el Estado. Lo más concreto son llamamientos retóricos a quemar bancos del estilo “Arderán vuestros cajeros”, “Muerte al capital” o “Capitalismo asesino”. Pero el fiscal también incluye en la lista un tuit que simplemente cita a un famoso personaje de manga de Dragon Ball (“Goku vive, la lucha sigue”) y otro cuya principal amenaza es la cita de un célebre filósofo de la Escuela de Frankfurt: “El día 14 de mayo de 2014, junto a una cita de Herbert Marcuse relativa a la necesidad de cambiar la voluntad de una sociedad que ha logrado tener lo que quiere, se publica la fotografía de un individuo con la cara tapada con un pañuelo y un cartel en blanco en el que se lee STRAIGHT XXX EDGE”. El hecho de que algunos de estos mensajes estuvieran acompañados de fotografías de sucursales bancarias atacadas fue una de las pruebas para acusarles de haber sido los autores de esas agresiones, ahora desestimadas.

Otras frases tuiteadas que cita el fiscal para justificar la acusación de enaltecimiento del terrorismo son “#HazFelizAAlguien y revienta bancos que nos sobran piedras, correr es gratis y la policía estará en el centro cuidando borrachxs”, o este otro escrito en la Nochevieja de 2014: “#Para2015Quiero que los petardos, cohetes y baterías sean usados para la autodefensa contra la represión”. O este otro: “Día 24 de marzo de 2014: refiriéndose a la empresa FALKEN S.A, se publica el comentario: ‘Esta empresa es la que provee de material antidisturbios al estado español. Está bien tener en cuenta a qué nos enfrentamos’, junto a una fotografía con el logotipo de dicha empresa”.

Hay otros que se antojan inofensivos, como este tuit: “Día 8 de junio de 2014, publicación del siguiente tuit: ‘ESTAMOS EN EL RASTRO VENDIENDO CAMISETAS’, y la fotografía de camisetas con diversos dibujos y eslóganes como ‘LA RESISTENCIA NO ES VIOLENCIA. ES AUTODEFENSA’”. Otros son más líricos, pero igual de vagos: “Vuestro veneno no quemará nuestro interior. Nuestro interior quemará vuestro veneno. Destruye todas sus mentiras. “XVX”, junto a la fotografía de un encapuchado que porta una especie de antorcha.

El escrito de acusación también señala tres vídeos colgados en YouTube que justificarían la violencia contra la policía en manifestaciones o quemar contenedores, y que los investigadores atribuyen al colectivo SXE. El más largo es un documental titulado Bajo la capucha en el que aparece una entrevista a tres individuos que defienden el uso de la violencia con el rostro cubierto y la voz distorsionada. Pese a ello los informes policiales los identifican con tres de los detenidos, con la base de la comparación con las voces grabadas en las escuchas telefónicas. Los otros dos vídeos, Lucha sin miedo y Bloque Negro Introducción, son de entre dos y tres minutos, una sucesión de consignas entre imágenes de protestas, destrozos de bancos y enfrentamientos con la policía, en las movilizaciones del barrio de Gamonal, en Burgos, o en la manifestación Rodea el Congreso, entre otras.

Para Eduardo Gómez, abogado de algunos de los acusados, “se demuestra una vez más que este tipo de operaciones solo buscan desarticular colectivos disidentes y de paso recopilar información para la inteligencia policial”. “El resultado judicial es lo de menos para la policía, porque de hecho todas las operaciones de este tipo han acabado encallando en la Audiencia Nacional por ausencia de pruebas de comisión de delitos”, concluye. “Al final se ha quedado todo en un típico juicio a tuiteros”“.

Los dos abogados de los acusados explican, en un artículo publicado en El Salto titulado “El deshielo de la Operación Ice”, lo sucedido de la siguiente manera:

Tal vez menos conocida que sus predecesoras “Pandora” y “Piñata”, y siendo cierto que por sus características y distinto hilo conductor carece de vinculación con las mismas, no lo es menos que la “Operación Ice” ha de encuadrarse sin duda dentro de las llevadas a cabo por parte de la Policía Nacional contra el movimiento anarquista en el Estado español a lo largo de los cuatro últimos años.

En el marco de la misma seis personas de entre 19 y 23 años que llevaban a cabo un estilo de vida Straight Edge fueron detenidas en sus casas, las cuales fueron sometidas a registro y se procedió a requisar abundante información contenida en todos sus equipos informáticos y de comunicación. Cuatro de esas personas quedaron en libertad tras pagar fianzas de entre 3.000 y 10.000 €. Dos ingresaron en prisión sin fianza, siendo puesta en libertad una de ellas a los 20 días de encarcelamiento. El último de ellos, el señalado por la policía como presunto “líder” (Nahuel), no alcanzó la libertadhasta pasado más de año y medio. Durante ese tiempo estuvo sometido al régimen penitenciario del FIES, propio de un miembro de una banda armada, en algunas ocasiones en aislamiento y pasó por cinco centros penitenciarios distintos, uno de ellos el de Sevilla II, a más de 500 kilómetros de su entorno social y de su defensa jurídica.

En esencia la policía apuntaba al movimiento Straight Edge como una organización criminal con fines terroristas, enaltecimiento del terrorismo en redes social y les acusaba del ataque con material incendiario contra sedes bancarias.

Lamentablemente la “Operación Ice” no ha seguido la misma suerte que sus vecinas “Pandora” y “Piñata”, que han sido archivadas sin llegar a juicio, tras no haber podido acreditarse ningún tipo de actividad delictiva. En el caso de Straight Edge, recientemente se nos ha notificado el escrito de acusación de Fiscalía, la cual finalmente formula acusación exclusivamente por un delito de enaltecimiento del terrorismo, archivando el resto de ilícitos investigados. Esto a pesar de una instrucción que ha durado años, de las decenas de escritos y recursos presentados, de los varios meses de prisión preventiva de Nahuel (al que se le denegó la libertad hasta en cinco ocasiones, entre otras cosas por “la gravedad del delito investigado”). Ahora resulta que sólo había mimbres para acusar por un delito de enaltecimiento del terrorismo para el que el fiscal pide dos años de cárcel a cada una de las personas investigadas. Es decir, aún sin haber sido condenado y sin haber celebrado ni tan siquiera el juicio, Nahuel ya ha cumplido (en calidad de preso preventivo) casi toda la condena que solicita el Ministerio Público. Difícil de explicar al afectado, sin duda.

Otra de las consecuencias de las conclusiones del Fiscal es que lo que iba a ser un juicio contra una presunta organización terrorista, se ha quedado en el ya típico procedimiento contra tuiteros en el estado español. Y ello porque el grueso del material probatorio de la acusación se centra en una serie de publicaciones en la cuentas de Facebook y de Twitter que operaban bajo la denominación de Straight Edge Madrid. La más esperpéntica sin duda es, y citamos textualmente del escrito de acusación de fiscalía, “Goku vive, la lucha sigue”. Quizás se deba a que el nombre del personaje de Vegeta recuerda demasiado al veganismo propio de los Straight Edge. En cualquier caso, sin duda da una idea de hasta qué punto la elasticidad del concepto de terrorismo en nuestros tribunales está consiguiendo una deformación grotesca del mismo. Sería extraordinariamente cómico si no fuese peligrosamente trágico“.

Por último, el artículo “La causa judicial contra una supuesta organización terrorista anarquista que quedó reducida a unos tuits sobre Goku” (Público), nos recuerda que no se trata de una causa aislada, sino de una persecución contra el anarquismo:

La causa abierta contra el grupo Straight Edge no ha sido la única que la Audiencia Nacional ha desarrollado contra grupos anarquistas en los últimos años. Muy al contrario, han coincidido en el tiempo diversas operaciones que vinculaban a grupos anarquistas con el terrorismo y con un supuesto grupo terrorista internacional. Sin embargo, a excepción de esta causa por presunto enaltecimiento de Straight Edge, todas las demás han sido archivadas. 

La primera gran operación policial que relacionó terrorismo y anarquismo se desarrolló la madrugada del 16 de diciembre de 2014. Once personas fueron detenidas y siete de ellas entran rápidamente en prisión incondicional. Era el inicio de lo que se conoció como Operación Pandora I. El magistrado de la Audiencia Nacional Gómez Bérmudez les atribuyó la comisión de delitos de constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terrorista en relación con delitos de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos y daños y estragos con finalidad terrorista.

Después vendría la Operación Piñata, en la que serían detenidas 15 personas y cinco entrarían en prisión; y la Operación Pandora II, en la que fueron detenidas otras nueve personas. Los cargos y la base de la acusación son prácticamente idénticos: pertenencia a organización terrorista, daños y tenencia ilícita de armas para uso terrorista.

En total, 33 personas fueron detenidas y 12 encarceladas en apenas un año, acusadas, en su mayoría, de participar de uno u otro modo en una presunta organización terrorista a la que se responsabiliza de ser el brazo operativo en España de la FAI-FRI (Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional) y actuar bajo el nombre de Grupos Anarquistas Coordinados (G.A.C.).

Sin embargo, ninguna de estas acusaciones pudo probarse. Todos los encarcelados están en libertad sin cargos y todas las causas abiertas han sido cerradas. Solo queda el caso contra Straight Edge por enaltecimiento en redes sociales, una acusación que dista mucho de la de integración en banda armada. 

“Han sido tres años duros para decenas de activistas anarquistas, pero se ha conseguido acreditar que el concepto de terrorismo anarquista del que se les acusa no existe. En cambio, sí hemos vivido unos años de persecución de esta ideología en lo que algunas personas han interpretado como la búsqueda de un nuevo enemigo interno. Se ha acreditado, no obstante, que ese enemigo interno no existe. Se ha acabado el fantasma del terrorismo anarquista”, concluye el abogado Daniel Amelang“.

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