Hace unas semanas publicamos un artículo repasando algunos casos recientes de represión a activistas, como el de las 7 de Somosaguas, los 8 de Caixabank, los ataques al movimiento okupa en la Ciutat Vella de València, etc. Por desgracia, la persecución a los movimientos sociales no descansa, por lo que apenas unos días después ya nos ha surgido la oportunidad de publicar un nuevo listado de casos.
Carrefour contra el movimiento BDS en Galiza
Según el informe Diagnóstico del Derecho a la Protesta en 2024, elaborado por la organización Defender A Quien Defiende, el movimiento de solidaridad con Palestina fue el más perseguido en el Estado español el año pasado. Sus autoras identifican a un total de 282 activistas que fueron represaliadas por solidarizarse con la causa palestina. Con estos datos, no es de extrañar que en nuestro repaso de casos represivos contemos con algunos ejemplos recientes de persecución a estas movilizaciones antiosionistas.
Concretamente, en Santiago de Compostela, un grupo de activistas fue juzgado el pasado 15 de mayo (el día del 77º aniversario de la Nakba), acusadas de un delito leve de coacciones, por una concentración que se celebró en un Carrefour hace año y medio, en la que se corearon cánticos y se pegaron pegatinas.
El motivo por el que se están llevando a cabo concentraciones en esta multinacional francesa es porque Carrefour tiene una asociación de franquicia con Electra Consumer Products y su filial minorista, Yenot Bitan, ambas activas en los asentamientos ilegales israelíes en territorios ilegales. «La empresa, por tanto, es cómplice de los crímenes de Israel en la medida en que su actividad empresarial ayuda directa o indirectamente al apartheid, al genocidio y a las violaciones de los derechos humanos» explica el movimiento BDS.
En unas semanas se notificará la sentencia a las partes que, esperamos, será absolutoria, ya que los hechos se enmarcan claramente en el derecho de protesta y no fueron actos de violencia.
Por otro lado, el 20 de mayo se celebrará otro juicio por un delito leve de daños contra ocho miembros del movimiento BDS (Boicot, Desinversiones, Sanciones) en Vigo. De nuevo, el juicio se deriva de una denuncia de Carrefour por una concentración ocurrida en el establecimiento, también acompañada de pegada de adhesivos. Según informa el medio Galiza Livre, “oito ativistas foram denunciadas e agora enfrentam um julgamento após a colocaçom de adesivos em uma loja do Carrefour em Vigo. A açom, realizada nas últimas semanas, faz parte de umha série de boicotes realizados em centros comerciais do País, em protesto contra o envolvimento desta corporaçom com políticas israelenses de ocupaçom e repressom do povo palestino. […] Com uma clara orientaçom contra as multinacionais que contribuem com o financiamento de regimes de opressom, as ativistas têm se organizado para ampliar a visibilidade da causa palestina, intensificando os boicotes e as açons. O caso de Vigo é apenas um exemplo da crescente mobilizaçom popular que também encontra respaldo em diversas partes do mundo. Ante o avanço das açons, a resposta das autoridades nom se fez esperar: as ativistas foram identificados e agora enfrentam um julgamento por “danos leves”, de acordo com a denúncia formal. […] A luta por justiça social e contra a opressom é um dos pilares que fundamenta as mobilizaçons, que buscam chamar a atençom e criar impato nas grandes corporaçons ante a sua cumplicidade co sofrimento do povo palestino. A questom está longe de ser resolvida, e o movimento BDS promete continuar a sua resistência em diferentes frentes, com as ativistas demonstrando que nom se intimidam com as repercussons legais que podem advir de suas acçons, neste caso, como afirmam fontes ánti-repressivas, “um juízo claramente fora de lugar e intimidatório””.
Archivada la causa por enaltecimiento del terrorismo a dos activistas propalestinas
Seguimos con la represión al movimiento proplaestino, aunque esta vez la noticia sea positiva. El pasado mes de octubre, Jaldía Abubakra y Miriam Ojeda, integrantes del colectivo Samidoun – la red de solidaridad con presos palestinos, ilegalizada en Alemania y declarada “organización terrorista” en EEUU y Canadá – tuvieron que declarar ante un juez de la Audiencia Nacional por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de incitación al odio.
Los hechos se remontan al 3 de junio de 2024, cuando ambas participaron – junto al cirujano palestino Ghassan Abu Sitta, médico que ha sufrido persecución en países como Alemania por denunciar las atrocidades presenciadas en primera persona en los atacados hospitales de Gaza – en una charla en el Congreso de los Diputados, titulada “Defensa de Palestina y criminalización en Europa”, invitadas por Podemos. En la misma, una de las comparecientes tildó de “valiente iniciativa” los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y los enmarcó dentro de una resistencia anticolonial armada, a la calificó de “legítima”. Asimismo, negaron el “derecho de Israel a existir”, dijeron que “el 7 de octubre ha vuelto a poner en la agenda política y mediática la cuestión palestina” y que “ningún pueblo ha conseguido la liberación sin poner víctimas, sin que haya mártires, sin que haya sufrimiento”.
Por el contenido de esta charla, Vox – el partido más alineado con Israel de todo el Europarlamento – se querelló contra las activistas y la Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia.
Sin embargo, tras tomarles declaración, finalmente archivó la causa, enmarcando sus frases en un ejercicio legítimo de la libertad de expresión (aunque esto llegó demasiado tarde como para evitarles la ‘pena de banquillo’). Y es que el Derecho Internacional, en resoluciones como la 3070, dictada en 1973, reconoce la “libre determinación de los pueblos” y a la “rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, así como el derecho a resistir frente a ocupaciones ilegales. Por tanto, no habían dicho nada que no hubiera dicho ya la Asamblea General de la ONU. “La frase ‘Estado de Israel no tiene derecho a existir’ no puede entenderse como mensajes o actos que fomentan el odio, o enaltezca la actuación del grupo Hamás, incitando a la hostilidad por ello; sino que supone la mera transmisión de una posición política o ideológica que en este contexto actual está en el origen, junto con otros, del conflicto judeo-palestino”, resolvieron los jueces. Además, concluyeron que sus palabras “no expresan voluntad de incitar, promover instigar acción alguna terrorista; tampoco explicitan el ánimo tendencial a generar tales riesgos que pudieran poner en peligro la vida de las personas (en este caso los ciudadanos judíos) o el sistema de libertades”.
Aplazado el desalojo del CSO La Animosa
Según el informe Diagnóstico del Derecho a la Protesta en 2024 que mencionamos sobre estas líneas, el movimiento de vivienda – incluyendo la okupación – fue el segundo más represaliado del año pasado. Por eso, también es normal que en este repaso mencionemos algunos casos de este tipo.
Tal y como explicábamos en la radiografía de la represión que publicamos hace unas semanas, el Centro Social Okupado (CSO) La Animosa, situado en el corazón de Hortaleza desde el año 2021, recibió hace poco una orden de desahucio. Un espacio que llevaba años en estado de abandono de pronto fue recuperado por vecinas para realizar charlas, proyecciones, conciertos, presentaciones de libros y actividades por y para el barrio. Ahora, cuatro años después, de pronto era reclamado por la SAREB – titular de miles de inmuebles en todo el Estado –, que no tiene reparos en cargarse un proyecto horizontal y autogestionado para colmar sus ansias de lucro.
El lanzamiento estaba previsto el 7 de mayo, por lo que activistas y vecinas se organizaron para resistir ese día. Sin embargo, un día antes, se les notificó que se suspendía y se pasaba al 26 de mayo. ¿Un intento de buena fe para intentar llegar a una negociación, o una táctica dilatoria para generar cansancio en el movimiento? “Esta suspensión no es una victoria, van a venir a desalojarnos dentro de 20 días”, explicaba el centro social en un comunicado. “Para nosotras, son 20 días más para seguir denunciado su desalojo, exigir su paralización y la cesión del uso del espacio. Las supuestas soluciones del Estado ante el desalojo no son más desorientarnos y debilitarnos la defensa”.
El comunicado llama a acudir el día 26 a defender el espacio, agradece la oleada de solidaridad recibida hasta ahora y recuerda que la herramienta que tiene la clase trabajadora “para defender nuestros espacios es la organización”. Y añade que “no vamos a ceder, vamos a defender nuestros espacios de organización y lucha con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Porque necesitamos que La Animosa siga siendo un espacio para el encuentro y la politización de los jóvenes”.
Orden de desalojo del CSO Escárnio e Maldizer
Sin movernos de la temática de la okupación, volvemos a Santiago de Compostela. A finales del pasado mes de marzo, las compañeras del CSO Escárnio e Maldizer informaban que se les había notificado una sentencia de desahucio: “O día 28 de marzo recollemos a carta na que nos informan dunha sentenza de desaloxo. Ante isto facemos un chamamento social á defensa do espazo, nun contexto de aumento da especulación e a represión contra os movementos sociais, concretamente contra os centros sociais okupados en todo o Estado español que, como era de esperar, chegou ata nόs”, explican.
“Defender o Escárnio non se limita á defensa do edificio, senón de todo o que implica dispor de espazos liberados para a cidade e o desenvolvemento da actividade política e sociocultural revolucionaria.
Temos a vontade de manter vivo o centro social ata que nos sexa posible: a nosa labor continuará, porque os espazos pertencennos a todes e agora máis que nunca non aceptaremos as súas tentativas de desmovilizarnos. Dito isto, seguimos coa programación habitual de cursos, palestras, asembleas e xornadas de traballo, porque facelo é un acto de resiliencia e ternura. Colabora connosco! Agora e sempre, todes somos Escárnio e Maldizer”.
El Escárnio lleva 11 años construyendo un espacio de encuentro para a veciñanza de Compostela, un edificio donde se tejen lazos comunitarios, se organizan movimientos sociales, se realizan charlas, talleres y foliadas y se disfruta de formas de ocio alternativo. El espacio ya sufrió un desalojo en el año 2017 – aunque luego se pudo recuperar – y por su asamblea han pasado diferentes generaciones de militantes. En él se ha cultivado la autogestión y el aprendizaje colectivo como formas de resistencia al capitalismo, a la especulación urbanística y la mercantilización de las ciudades. El centro social no es un fin en sí mismo, sino un medio, y la actual asamblea se ha propuesto defenderlo el próximo 26 de mayo.
Visto para sentencia el juicio de Lidia Falcón contra Diana Juan
Diana Juan, mujer trans y activista por los derechos LGTBIQ y de las trabajadoras sexuales, en enero de 2021 publicó un tuit, que obtuvo solo siete likes y fue compartido una vez, que decía “Una pistola, una bala y a esa que todas sabemos que lleva más de un año basando todo su activismo en acosar y violentar a mujeres trans. Solo eso le pido a 2021”. Pese a que no mencionaba por su nombre a la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón (quien durante el franquismo fue detenida y torturada por su activismo antifascista y quien en los últimos años ha tenido una llamativa deriva ideológica transexcluyente), ésta se dio por aludida y denunció a Cano.
El pasado 9 de mayo, Cano fue juzgada en la Audiencia Provincial de Madrid por ese tuit. La representación de Falcón le acusa de amenazas graves e incitación al odio y le pide 5 años de prisión y 50.000 euros de indemnización. La Fiscalía, por su parte, entendía que únicamente había cometido un delito leve de amenazas que estaría prescrito, por lo que solicitó la absolución.
Explica Patricia Reguero en El Salto que Falcón relató en el juicio que, por culpa del tuit, perdió el sustento económico que le daban sus colaboraciones en medios, tuvo que ser tratada por depresión debido al desasosiego que le producían los constantes señalamientos a su persona por oponerse a la Ley Trans, e incluso dejó de salir a la calle. Además, su partido fue expulsado de IU y no pudo presentarse a las elecciones europeas. Sin embargo, lo cierto es que la decisión de IU de expulsar al Partido Feminista se produjo en febrero de 2020. Unos meses después, en junio de 2020, el periódico Público prescindió de las colaboraciones de Falcón. Ambos hechos ocurrieron antes del tuit. Por otra parte, el diagnóstico por depresión aportado por Falcón corresponde al año 2023 (dos años después del tuit). Y la imposibilidad de concurrir a las europeas fue dictaminada por la Junta electoral al no cumplir este partido los requisitos que se exigen, en mayo de 2024 (tres años después).
A la salida del juicio, la abogada de Lidia Falcón —que malgenerizó a Diana varias veces en la vista— insistía en la idea de que se ha dado un acoso generalizado a quienes critican la Ley Trans, ahondando en lo que quedó patente en la sala: que el juicio no es contra Diana sino contra lo que las feministas transexcluyentes llaman “el lobby trans”. Algunas compañeras suyas le acompañaron con pancartas como “Lidia Falcón, historia viva del feminismo y el antifascismo”. Claramente, se les olvidó que en 2022 Falcón participó en un acto de Vox contra la Ley Trans. ¿Acaso es propio eso de un icono antifascista?
Enfrente, otro grupo de unas veinte personas esperaba a Diana Juan Cano para mostrarle su apoyo: “Aquí está la resistencia trans”.
Por cierto, Lidia Falcón ha sido denunciada por delitos de odio en el pasado. Pero eso no le ha supuesto ningún reparo a la hora de denunciarlos ella. La Federación Plataforma Trans le denunció en 2019 y la amplió en 2020. Y en julio de 2020 se sumó a la denuncia la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a instancias de la asociación de personas trans Generem, y se sumó a las diligencias ya abiertas. Entre los contenidos que se incluían en estas denuncias están afirmaciones como que “los homosexuales quieren poder alquilar úteros femeninos para producir niños” y mantiene además que “se están instalando baños unisex en los que personajes tortuosos pretenden compartir los váters con las mujeres para observarlas o agredirlas sexualmente”. La causa contra ella se archivó en 2021 porque el Juzgado entendía que era un ejercicio de la libertad de expresión.
También nos acordamos de las elitistas opiniones que vertió Falcón sobre el feminismo autónomo en una entrevista en 2020: “Las feministas que están fuera de los grandes partidos no tienen ideología y no tienen preparación, no tienen formación política. Y desde luego, claro, no han sufrido. Porque la mayoría son lesbianas, jóvenes, no piensan tener hijos… Algunas sí que han recibido bofetadas de algún marido, pero bueno, no ha tenido consecuencias más graves. Y lo que hacen es correr en los 8 de marzo y tocar el tambor y luego reunirse y hablar de abolir la prostitución”. Suficiente para entender lo alejada de la realidad que se encuentra esta señora.
Caso Carratalá: la imposición de la verdad judicial frente a la memoria histórica
No es muy habitual que en un artículo que repasa casos represivos hagamos mención a un proceso civil. La mayoría de supuestos a los que hacemos referencia se tramitan en procedimientos penales (detenciones y peticiones de cárcel) o administrativos (burorrepresión y multas). Pero el pasado mes de marzo, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz condenó al catedrático de la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá por una intromisión ilegítima al derecho al honor de Antonio Luis Baena Tocón, quien fuera secretario judicial en el proceso de instrucción contra el poeta Miguel Hernández, en 1940, a quien describió como “un hombre de tenebroso recuerdo”.
La jueza condena a indemnizar al demandante con 10.000 euros y acepta parcialmente la demanda del hijo de Baena Tocón, José Francisco Baena González, obligando al historiador a rectificar ciertas expresiones que se refieren al personaje objeto de la investigación en dos artículos.
Por si fuera poco, Ríos Carratalá ha denunciado que la sentencia incluye una suerte de “condena a futuro”: “De hecho, he renunciado a participar en un congreso organizado en la Universidad de Zaragoza porque la sentencia también afecta a los trabajos que ‘pudiera hacer en el futuro‘ en relación con el alférez Baena Tocón. Mi abogado me indica que las condenas a futuro, salvo en casos muy específicos, están prohibidas por la doctrina del Tribunal Constitucional. No obstante, y ante la posibilidad de dar una conferencia sobre los consejos de guerra condicionada por la sentencia del juzgado gaditano, he optado por mantenerme en silencio para evitar nuevas condenas”.
Desde la página Ser Histórico nos indican que “queremos solidarizarnos con Juan Antonio Ríos Carratalá y reclamar que la comunidad académica se una para enfrentar la amenaza de censura estructural que se escusa en asuntos tan peregrinos como la protección de datos o el derecho al olvido de los actores implicados en el objeto de las investigaciones.
Decimos bien reclamar unidad. Es cierto que el caso motivó algunas reacciones en la profesión, como el comunicado de la propia universidad de Alicante en 2019, el dossier de la revista Nuestra Historia acerca del derecho al olvido en 2021 , el reciente manifiesto de apoyo del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte de la Universidad de Cádiz o la Asociación de Historia Contemporánea. Sin embargo, en nuestra opinión, es necesaria una respuesta más amplia y contundente de la profesión ante un caso de coacción e intimidación que pretende limitar y condicionar los estudios que puedan describir los hechos del pasado, y que pierden credibilidad y explicaciones cuando los datos son puestos en duda, y no se pueden validar porque una Sentencia judicial prohíbe su uso. Los investigadores, precisamente, nos especializamos para utilizar documentos del pasado destinados para determinadas funciones, que en la investigación sirve para otras muchas, imprevistas en su tiempo, e incluso en la época de una determinada investigación. Como indicaba Marc Bloch, la Historia está en constante construcción, porque siempre hay nuevas preguntas, problemáticas y metodologías. La consecuencia es el derecho de la sociedad a la información con rigurosidad y poder conocer libremente el debate historiográfico. Incluyendo, en esto, a los victimarios del franquismo.
[…] La sentencia que impone lo que denominan “un derecho al honor” solamente establece una supremacía de la autovaloración subjetiva individual de una persona sobre el conocimiento objetivo de los acontecimientos del pasado y presente. La participación de alguien como funcionario, en procesos que generaron una documentación utilizada por la propia administración y su correspondiente jerarquía, concierne a hechos que trascienden una individualidad, y que afectaron a terceros, de modo que, salvando las correspondientes matizaciones de determinadas circunstancias y coyunturas, es objeto de la investigación histórica, y su correspondiente publicación abierta y accesible, para garantizar el derecho al conocimiento de lo ocurrido a todas las personas y a la sociedad en general. Toda información sesgada y seleccionada va a exponer no la realidad, sino una parte de la realidad, y a veces una ficción (por ejemplo, para tildar de corporativismo Baena asegura que preguntó a unos profesores, ocultando que otros le respondieron, y la mayoría no fueron preguntados: es una realidad parcial y artificialmente construida). El conocimiento siempre fue un medio de controlar a las personas, de limitar libertades y vulnerar los derechos humanos”.
Se suspende el juicio a los 7 de Acerinox
Por último, terminamos nuestro repaso con otro caso inusual, esta vez de la jurisdicción Laboral.
El sindicato Asociación de Trabajadores del Acero (ATA) convocó una huelga indefinida, apoyada por la CGT, el 5 de febrero de 2024, tras más de un año de negociación del IV convenio colectivo de Acerinox Europa SAU, después de que la empresa quisiera implantar una flexibilidad y una disponibilidad, además de un calendario de vacaciones rompiendo con la forma de elección de vacaciones que se viene aplicando desde décadas.
En asamblea de trabajadoras, la plantilla pidió a los demás sindicatos que se adhieran a la huelga. En votación se decide por mayoría de 1.313 votos a favor de ir a la huelga, de una plantilla de algo más de 1.750. Los sindicatos UGT, CCOO, USO accedieron, pero convocando ellos su propia huelga, provocando que la empresa no quisiera reconocer al comité de huelga por “ser abusivo”. Por su parte, el sindicato Coordinadora de Acero decidió no convocar huelga a pesar de que sus propios afiliados se lo reclamase.
Después de cuarenta días, finalmente la empresa accedió a sentarse a negociar con el comité de huelga. Negociación que se alargó 137 días “en los que no dejamos de hablar en cómo afectaría a la conciliación familiar lo que nos quería implantar la empresa, y lo que suponía para esta plantilla con un régimen de quinto turno, en los cuales ya es difícil esa conciliación por los horarios de trabajos 365 días al año 24 horas al día en los que produce nuestra fabrica”, explican en un comunicado.
“Desde los primeros días de huelga, la empresa intenta amedrentarnos presionándonos con una demanda por huelga ilegal, y pidiendo una indemnización de más de 181.000 euros diarios por perdidas, además de abrir expediente sancionador a seis miembros de ATA y al compañero independiente que apoyó nuestra huelga dejando a los demás sindicatos fuera de ella, vulnerando así el derecho a la huelga que tiene todo trabajador.
Después de esos 137 días de huelga, en los que hubo manifestaciones, cortes de carreteras de los cuales se nos imputo un delito contra la seguridad vial a cuatro miembros de ATA, aunque todo el comité de huelga encabezaba la protesta. Finalmente, los sindicatos UGT, CCOO, Y USO, dividiendo a la plantilla en asambleas independientes a sus afiliados, convencen a la plantilla a que vote SÍ a un acuerdo al que ellos mismos firman en una reunión con la empresa en Sevilla con la mediación de la Junta de Andalucía.
Así acaba una de las huelgas más importantes a nivel nacional desde hace décadas, un convenio firmado por estos sindicatos y que no firmamos desde el sindicato ATA por no estar de acuerdo en su contenido, y sobre todo por dejarlo abierto a nuevos cambios que se siguen haciendo a día de hoy.
Para acabar, queremos resaltar esa lucha incansable que ha mantenido esta plantilla, unida desde el primer día luchando por sus derechos, 137 días en los que no entraba dinero en nuestras casas y que a pesar de ello seguíamos en la lucha, apoyándonos mutuamente y por supuesto con el apoyo económico y moral que nos ofrecían desde tantas organizaciones de clase, sin la que no hubiese sido posible resistir tantos días”.
Un año después, siete trabajadores del comité de huelga (seis de la ATA y uno de CGT) se enfrentan a una demanda que les acusa de convocar una huelga ilegal. La compañía les reclama hasta 30 millones de euros en concepto de daños, una cifra que los sindicatos califican de “desproporcionada”, “aleccionadora” y “un intento de criminalizar el derecho a huelga y generar un precedente de castigo ejemplar”.
El juicio se iba a llevar a cabo en Algeciras el próximo 19 de mayo pero se ha aplazado sine die, porque lo ha pedido la propia parte demandante. Se trata de una maniobra que algunos ven como una forma de mantener vivo el procedimiento, criminalizar a los sindicatos implicados y favorecer a otros de cara a las elecciones sindicales que se van a celebrar en la planta de la acería de Palmones el próximo 17 de junio.
Desde aquí, todo nuestro apoyo a las trabajadoras que luchan por mejorar sus condiciones y las de sus compañeras.