Autoorganización popular contra la frontera

En 2015, el gobierno francés de Macron decidió cerrar la frontera con España a las personas en movimiento. Al ser un país firmante del Acuerdo Schengen y, por tanto, al tener la obligación de respetar sus disposiciones, este cierre no se ha materializado en la restitución total de los controles fronterizos previos a la firma de dicho pacto, sino en el incremento de la presencia policial y militar en la frontera para llevar a cabo controles selectivos racistas tanto en las carreteras como en el transporte público y, sobre todo, en las estaciones de tren y autobuses. Si en un primer momento esta decisión, evidentemente enmarcada dentro de una estrategia de control migratorio, fue justificada en base a un discurso securitario que incidía en el terrorismo, tras la aparición en escena de la pandemia Francia ha encontrado una nueva excusa para mantener dicho despliegue represivo, de hecho, éste se ha asentado en los 19 pasos fronterizos que tiene con los Estados español e italiano.

Estos controles no afectan a todas las personas por igual, el tránsito de las personas blancas y europeas por la frontera no se ha visto alterado. Son las personas en movimiento de otras razas y/o nacionalidades quienes sufren las actuaciones policiales y quienes son devueltas cuando intentan cruzar a Francia, una devolución que podría también denominarse “en caliente”, al igual que las que tienen lugar en la frontera entre Marruecos y los territorios de Ceuta y Melilla. Porque en estas devoluciones no se respeta ni el derecho a un proceso justo (asistencia letrada, opción de recurrir la decisión, derecho a un intérprete, que se informe al consulado, etc.) ni el derecho a solicitar protección internacional.

El cierre de estas vías ha llevado a las personas migrantes a buscar otras alternativas que acaban siendo más peligrosas como son las vías del tren, las montañas o el cruce a nado del río Bidasoa, frontera natural entre Euskadi y Francia. En el 2021, se han contabilizado 7 muertes en la zona fronteriza Irún-Hendaya, una cifra que puede ser superior. El 22 de mayo, Yaya Karamoko, de 28 años, natural de Costa de Marfil, el 8 de agosto, Abdoulaye Coulibaly, de 18 años, de Guinea Conakry, y, el 20 de noviembre, un hombre de 40 años sin identificar, fallecieron tratando de cruzar a nado el río. Pero, además, el aumento de la presión policial, los continuos intentos fracasados de alcanzar el objetivo de llegar al destino, las situaciones de precariedad absoluta materializadas en la falta de alimento, techo, etc., las múltiples violencias presentes en el trayecto, etc., tienen un impacto brutal en la salud mental de estas personas en movimiento. El 14 de abril del año pasado, un joven de 21 años apareció ahorcado en una calle de Irún.

Ante la nueva situación generada por la decisión del gobierno francés, legitimada por el silencio y colaboración del Estado español, el tejido social y político de Euskal Herria no se ha mostrado completamente ajeno a dicha realidad y, en diferentes ciudades y pueblos, han surgido una diversidad de iniciativas de apoyo, acogida y denuncia. Muchas de estos proyectos son fruto de la colaboración entre diferentes organizaciones y colectivos ya presentes en el territorio, como los gaztetxes, pero otras muchas son resultado de procesos de autoorganización entre personas que de forma espontánea comenzaron a actuar desde que empezaron a ser visibles las consecuencias del cierre de la frontera.

Puntos de información estables y presentes de forma diaria o semanal, donde, por un lado, se informa de sus derechos, de los recursos disponibles, de las vías de paso, etc., y, por el otro, se organizan acciones de presión y denuncia como ruedas de prensa, manifestaciones, etc., como el Punto de Información para personas migradas de Iruña o la mesa informativa de Irungo Harrera Sarea. Casas y espacios de acogida, como los dos edificios en Artea (Bizkaia), uno de ellos destinado a la acogida temporal de personas en tránsito y otro para aquellas que hayan decidido instalarse en el país, donde participan y colaboran en su gestión diferentes colectivos sociales. Las despensas solidarias y los roperos comunitarios para las personas que se encuentran en la calle o en recursos habitacionales precarios. Son una muestra de las iniciativas surgidas de la organización popular.

Frente a unos Estados con una política cada vez más violenta y agresiva contra las personas migradas, y unas organizaciones caritativas que colaboran con ellos mientras se lucran con partidas millonarias, apostamos por las organizaciones de base que nos cuiden a todas, que posibiliten el encuentro de las diferentes realidades y planteen un camino de confrontación contra dicha necropolítica. Lo ocurrido en Glasgow el pasado mayo, donde 200 personas, durante 7 horas, rodearon a los agentes de fronteras de UK que pretendían expulsar a dos vecinos solicitantes de asilo, puede ser un ejemplo, de los muchos que hay, de cómo se puede desafiar al Estado para defender la libertad y la vida.