Según un informe publicado por la organización Defender a quien Defiende a finales del mes de febrero, el movimiento de solidaridad con Palestina fue el más perseguido en 2024, seguido del de vivienda (el cual incluye el movimiento okupa). El tercer lugar lo ocupa el ecologismo. El estudio recoge 228 casos de vulneraciones de derechos producidos en contexto de protestas ocurridos el año pasado, que afectan a 1.024 personas. Sus autoras reconocen que no representan la totalidad de lo ocurrido, sino que son tan solo los casos de los que han tenido noticia.
Como podemos ver, la represión es muy amplia y diversa y resulta imposible analizar todos los casos en profundidad. En este artículo vamos a repasar superficialmente algunos supuestos emblemáticos, más o menos recientes, a modo de radiografía de las distintas formas de acabar con la protesta.
9 detencións, 0 explicacions
El 6 de octubre de 2024, tras finalizar una manifestación propalestina que recorrió el centro de Santiago de Compostela, un grupo de activistas acudió a un Burger King para llevar a cabo una performance como forma de protesta. Denunciaron la complicidad de esta empresa con el genocidio contra el pueblo palestino, coreando cánticos en el interior y frente al establecimiento, mientras sostenían panes de hamburguesa manchados con kétchup, simulando sangre. Esta acción no violenta terminó con la intervención de la policía, que cargó contra las manifestantes y se llevó a cinco de ellas detenidas, imputadas por delitos de atentado y lesiones. Frente a la comisaría de Policía Nacional se convocó una concentración de urgencia para exigir su libertad, la cual fue respondida con una nueva carga policial, que se saldó con otras cuatro detenidas. La jornada terminó con “nove detencións, cero explicacións”.
Tras varios meses de espera y desgaste emocional, los días 19 de febrero y 5 de marzo tuvieron lugar las declaraciones de las nueve investigadas –ocho de las cuales tienen menos de 30 años y cuatro de ellas menos de 23–, arropadas por decenas de solidarias, convocadas por la campaña 9 detencións, 0 explicacions. “Unha vez máis, ao igual que coes compañeires encausades no resto do Estado, es encausades hoxe non son máis que as cabezas de turco dun movemento internacionalista defensor dos Dereitos Humanos a nivel global”, explican. “As únicas agresións que tiveron lugar o día 6 de outubro son as da policía, documentadas mesmo pola veciñanza, e que están a quedar impunes. Fronte a isto, a policía crea un relato propio, imposible de probar pola súa inexistencia”.
La campaña ha destacado que, de las nueve investigadas, solo dos son leídas como mujeres. Si bien la mayoría de los movimientos sociales por Palestina han sido liderados y seguidos por personas femeninas y no binarias, como ocurrió el pasado 6 de octubre, las principales encausadas están siendo personas leídas como hombres. “Unha análise sobre a que deberiamos deternos á hora de planificar calquera acción”, indican.
Las defensas de las investigadas han aportado al Juzgado grabaciones del día de los hechos y la investigación sigue abierta, por lo que actualmente no sabemos si el caso llegará a juicio –en el que las activistas se podrían enfrentar a varios años de prisión– o si se archivará.
Más información en @9detencions (Instagram)
Las 7 de Somosaguas
El 13 de febrero de 2025, el ex-diputado y ex-portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, fue invitado por una organización estudiantil de derechas a dar una charla en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, en el campus de Somosaguas. Horas antes, cientos de estudiantes antifascistas que se oponían a los discursos de odio que enarbola este señor se concentraron en el interior de la facultad, mientras otros tantos que le apoyaban hicieron lo propio en la entrada del edificio. Desde la administración de la universidad se canceló el acto, pero Espinosa se personó igualmente, entró en las dependencias –escoltado por Andrés Pascual, quien luce en redes tatuajes neonazis, tiene un discurso antisemita y homófobo y es CEO de la empresa de seguridad privada de Triple A, conformada a su vez por ex-miembros de Desokupa– y se encaró con las antifascistas, mientras ambos bloques gritaban “fuera fascistas de la universidad” y “fuera comunistas de la universidad”.
Apenas se produjeron incidentes. Se pegaron algunos gritos, se lanzó algo de agua y algunas bolas de papel y hubo algún empujón por personas de ambos grupos. Sin embargo, después de que algunos de los estudiantes de derechas presentaran una denuncia, la policía identificó y detuvo a siete de las personas que supuestamente formaban parte del grupo antifascista, imputadas por coacciones y delito de odio.
Manda narices que un ex-diputado, actual líder de un think tank, blanco, cristiano, heterosexual, ultraderechista y rico empresario –posee más de 1,12 millones en acciones de inmobiliarias y tiene unas rentas anuales de 94.700 euros–, que niega la existencia de la violencia machista, que se ha opuesto a la Ley Trans y que ha pedido la ilegalización de los partidos independentistas y marxistas, pueda ser considerado (presunta) víctima de un delito de odio. Como hemos explicado varias veces en este periódico, la derecha ha logrado pervertir la finalidad de este tipo penal (creado originalmente para proteger a minorías vulnerabilizadas, o al menos ésa era la excusa) e instrumentalizarlo para acallar la disidencia política.
El pasado 14 de abril declararon las 7 de Somosaguas ante un Juzgado de Instrucción de Pozuelo y la investigación judicial sigue abierta. La causa podría acabar archivándose o ir a juicio. A la salida de su declaración, realizaron una breve rueda de prensa, explicando que se consideraban “víctimas de un montaje político organizado por la extrema derecha”.
Más información en @7desomosaguas (Instagram) y la web de las 7 de Somosaguas
Lidia Falcón pide 5 años de prisión a una activista trans
A una acusación por delito de odio también se enfrenta Diana Juan Cano. Esta mujer trans y activista por los derechos LGTBIQ y de las trabajadoras sexuales, en enero de 2021 publicó un tuit, que obtuvo solo siete likes y fue compartido una vez, que decía “Una pistola, una bala y a esa que todas sabemos que lleva más de un año basando todo su activismo en acosar y violentar a mujeres trans. Solo eso le pido a 2021”. Pese a que no mencionaba por su nombre a la activista TERF y presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón, ésta se dio por aludida y denunció a Cano.
El próximo 9 de mayo, Cano deberá acudir a la Audiencia Provincial de Madrid a ser juzgada por esta publicación. La representación de Falcón le acusa de amenazas graves e incitación al odio y le pide 5 años de prisión y 50.000 euros de indemnización. Entre los testigos propuestos por Falcón que declararán en el juicio están voces destacadas del discurso transexcluyente y que no tienen que ver con los hechos. La Fiscalía, por su parte, considera que el hecho constituía un delito leve de amenazas y pide la absolución porque habría prescrito.
Más información en @dianadknm (Instagram)
Casa buida el Demoni la cuida
El movimiento por la vivienda de la Ciutat Vella de València denuncia que “s’està desplegant cada vegada de forma més violenta l’aparell de repressió policial” contra quienes defienden la autogestión, los espacios liberados, el apoyo mutuo y el acceso a una vivienda digna. En un distrito caracterizado por la expulsión de las vecinas en pro de la turistificación, “estan creixent les causes penals i administratives, tractant de desgastar judicial i econòmicament a aquelles persones que lluiten pel dret a la vivenda”.
El 15 de enero de 2025, una empresa de desokupación se presentó en La Peseta (un edificio liberado en 2024 del circuito de la especulación, que alberga un proyecto de vivienda) con la intención de desalojarla de forma ilegal, sin orden judicial. Intentaron acceder a las viviendas rompiendo la puerta principal con radiales y martillos. La policía, lejos de parar el desalojo ilegal, desplegó un gran operativo que custodió a la empresa en todo momento. En este contexto, se produjo una fuerte respuesta del barrio para impedirlo, que resultó en cargas policiales, heridas y tres detenciones, imputadas por atentado y desórdenes, según denuncia la campaña “3 contra 6”.
Otra campaña, llamada “Ells multen, nosaltres multitut”, denuncia la campaña de burorrepresión dirigida a quienes defienden el edificio okupado de Caixers, en el barrio del Mercat. Tras un intento de desalojo fallido producido en mayo de 2024, se han impuesto una veintena de multas de la Ley Mordaza, superando los 12.000 euros.
Más información en la web Antirrepre Ciutat Vella
El CSO La Animosa, bajo amenaza de desalojo
El movimiento por la okupación en Madrid también se encuentra amenazado. A finales de abril la propiedad del edificio en el que se encontraba el CSO Vetades aprovechó un incendio (cuyo origen es desconocido) para desalojar el edificio y dos personas resultaron detenidas por defender el espacio.
Casi al mismo tiempo, el CSO La Animosa (Hortaleza), anunció que se había fijado una fecha para su desalojo, instado por la SAREB (el “banco malo”), propietario del local (que se encontraba en total estado de abandono cuando fue okupado en el año 2021). “El CSO La Animosa es uno de esos espacios incómodos para la clase política, independientemente de las siglas o colores que la adornen”, explican en un comunicado. “La Animosa es el lugar de lucha, militancia y organización antifascista de Hortaleza, un lugar de encuentro para lxs vecinxs del barrio. […] Este espacio es hogar de asambleas y proyectos que confrontan las lógicas capitalistas por contribuir a un mundo mejor. Un espacio de aprendizaje y lucha donde hemos establecido lazos inquebrantables. Tras 4 años de presión y acoso institucional hemos recibido la orden de desalojo para el día 7 de mayo” a las 11:45.
Tras recordar que desalojos de otros centros sociales, como La Traba, La Ingobernable, La Ferro, La Amparitxu, La Bankarrota o La Atalaya son ataques a la clase trabajadora, La Animosa ha convocado a quienes se quieran solidarizar con el proyecto a acudir a las 8:00 del 7 de mayo a “demostrar que nos quedamos en el barrio”.
Más información en @csolaanimosa (Instagram y Twitter)
Los 8 de Caixabank, condenados a 7.200 euros de multa
Hace nueve años, un grupo de activistas por el derecho a la vivienda se concentraron en una sede de Caixabank, en Guadalajara, exigiendo una reunión para intentar parar un desahucio que se iba a llevar a cabo en unos días. Finalmente, acabaron siendo desalojados por la Guardia Civil, que les acusó de resistencia a la autoridad.
El pasado 12 de febrero, se llevó a cabo el juicio contra los activistas conocidos como los 8 de Caixabank en el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Guadalajara. Se celebró en su ausencia, ya que optaron por la estrategia de insumisión judicial y no acudieron a la vista. Una vez celebrado el juicio, la jueza les absolvió del delito de allanamiento por el que venían siendo acusados, pero les condenó por la resistencia a una pena de multa –que, en caso de no ser abonada, sería sustituida por prisión–.
La sentencia no es firme y ha sido recurrida por los 8 de Caixabank.
Más información en @AntirrepresivaGu (Twitter)
Los 6 de Zaragoza cumplen un año en prisión
En enero de 2019, se celebró un mítin de Vox en Zaragoza. Cientos de antifascistas acudieron a protestar contra el acto y se produjeron algunos disturbios y enfrentamientos contra la policía. Seis chavales acabaron siendo detenidos por estos hechos y, pese a que no se podía individualizar su conducta concreta, fueron condenados como “coautores” de los hechos. Los cuatro mayores de edad detenidos recibieron penas de 4 años y 9 meses de prisión, mientras que a los dos menores se les impuso una libertad vigilada.
Actualmente, los cuatro adultos llevan 13 meses entre rejas. Tres de ellos en la prisión de Zuera y un cuarto fuera de Aragón. El pasado 12 de abril de 2025, con motivo del primer aniversario de su ingreso en prisión, miles de personas recorrieron el centro de Zaragoza, exigiendo su libertad. Recordaron que se cumplía un año también de la petición de indulto de los cuatro chicos, de la cual no se ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Justicia. Tampoco ha acordado el Ministerio del Interior (a través de Instituciones Penitenciarias) el régimen de semilibertad del tercer grado penitenciario.
Más información en @Libertad6Zgz (Twitter e Instagram) y la web de Los 6 de Zaragoza