A estas alturas estamos ya todas hartas de la Ley de Amnistía y todo el debate político-jurídico-mediático que lo rodea. De cómo se instrumentaliza por unas (que lo venden como el punto y final de la conflictividad política y el inicio de una etapa de concordia nacional y paz social) y otras (que lo pintan como la llegada del Apocalipsis, la derogación de la Constitución, el fin del Estado de Derecho y el comienzo de la Noche de la Purga). Es un tema cansino, lo sabemos. Pero entendemos que no podemos ignorarlo. Al fin y al cabo, se trata de un asunto que toca la principal reivindicación de los movimientos antirrepresivos de la última década (la amnistía) y que, a su vez, ha movilizado a la derecha y ultraderecha, así como a las cloacas del Estado, para debilitar al Gobierno y conducir a Feijóo a La Moncloa.
Los movimientos antagonistas debemos pronunciarnos cuando se utilizan las herramientas del Estado para reprimir un movimiento político, para también cuando se usan para despenalizar un conflicto. Y debemos analizar la respuesta de la extrema derecha y de los altos funcionarios del Estado ante una situación así, para comprender cómo reaccionarán ante cualquier conquista social que podamos lograr en el futuro.
La amnistía: Incompleta pero positiva
El pasado mes de noviembre se anunció que existía un borrador de acuerdo de Ley de Amnistía entre el PSOE, ERC y Junts. Aunque ha sufrido algunos cambios, finalmente el 14 de marzo se aprobó en el Congreso el texto definitivo y se envió al Senado, donde se está tramitando en el momento en el que escribimos estas líneas. Normalmente el paso por el Senado no es más que un mero trámite, pero PP y Vox usarán todas sus armas para intentar tumbar la ley, así que puede que la aprobación definitiva se prolongue unos meses.
La norma que aprobó el Congreso en esencia viene a “perdonar” todos los delitos relacionados con el Procés: desde organizar referendos y desobedecer a tribunales, hasta participar en protestas independentistas o contra la Sentencia del Procés, incluso algunos delitos del terrorismo. “La consecución del objetivo de esta norma pasa por finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista”, dice la Ley.
Empecemos por lo más básico: la amnistía nos parece bien. Esto no quiere decir que apoyemos a los políticos, principalmente de ERC y Junts, que se verán beneficiados1. Pero como antipunitivistas que somos, todo lo que suponga alejar un conflicto político de los tribunales y del horizonte penitenciario nos parece razonable. “L’amnistia permet de traslladar el conflicte de la zona impolítica dels tribunals i les lleis a una dimensió política”, reflexionan Mireia Vehí, Ignasi Bernat, Olivier Peter y Benet Salellas en su ensayo Amnistía: Propostes per un Debat Necesari (Tigre de Paper, 2021). “Si la repressió ha intentat despolititzar el conflicte, ha intentat segrestar-lo i mantenir-lo en un terreny impolític, l’amnistia és la garantia per al retorn del conflicte a l’arena política. L’amnistia recupera la política del segrest del govern dels jutges”. Además, no olvidemos que hay cientos de personas, que no son políticos profesionales sino que son activistas anónimas que militan en colectivos de barrio, en el movimiento de vivienda, o en sus CDR locales que se verán beneficiadas por la Ley de Amnistía2.
Evidentemente, la amnistía aprobada es muy mejorable, dado que es parcial. Es decir, únicamente amnistía a las represaliadas políticas por el conflicto indepe catalán. En respuesta, colectivos como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid están organizando jornadas por la amnistía total de todas las activistas que se movilizaron por otras causas en la misma época (Marchas de la Dignidad, Rodea el Congreso, manifestaciones en apoyo a Pablo Hasél, etc). Esto no supone buscar que se dinamite la Ley de Amnistía, sino ampliarla, defender una amnistía donde quepa todo el mundo.
Quizás lo más criticable de la amnistía es que se trata de una solución provisional con fines electoralistas, un pacto entre la socialdemocracia española y la derecha catalana con el fin de que no gobierne la derecha española. Pero no inicia ningún cambio estructural y, por tanto, no hará nada por evitar que el día de mañana la escalada represiva judicial y policial que se inició en el 2011 continúe su camino. Ya no es que no promueva una renovación institucional o una reforma del modelo policial imperante, es que ni siquiera se aventura a criticarlo. Por tanto, se amnistían todos los delitos vinculados con el Procés, como una suerte de recompensa por investir a Pedro Sánchez, pero sin cuestionar, ni reformar, las instituciones represivas españolas. Y así es difícil que una mayoría social apoye la ley y permite que el discurso represivo y anti-derechos de la extrema derecha permee en la sociedad.
La reacción ultraderechista
“El que pueda hablar, que hable, el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva”. Estas palabras fueron pronunciadas por José María Aznar a principios de noviembre, después de que se anunciara que el preacuerdo para aprobar esta ley.
El general dio la orden y sus tropas acudieron a defender España por tierra, mar y aire. Por un lado, el frente callejero: una curiosa mezcla de nazis, pijos, frikis (monjas rezando, el Capitán España, el dueño de Desokupa, Alvise, Negre, Esperanza Aguirre, etc.) y algún chaval de barrio también (todo hay que decirlo), se concentraron durante semanas frente a la sede del PSOE en Ferraz, en un breve movimiento conocido como el Noviembre Nacional. Resulta muy triste ver a quien nunca ha protestado por el precio de la vivienda, por la expulsión de sus vecinas del lugar en el que viven, por el cambio climático, por la precariedad laboral, o contra el racismo, la violencia machista o la corrupción, salir a la calle por primera vez en su vida para pedir que metan en el talego a un montón de catalanes.
Por otro lado, el frente judicial: comenzó con el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, quien reactivó la causa del Tsunami Democràtic y decidió imputar formalmente a Puigdemont y otros líderes políticos y sociales catalanes por terrorismo3. Mientras esto sucedía, la mayoría de asociaciones de jueces, fiscales, Colegios de Abogados, de notarios, etc. emitieron comunicados atacando la amnistía y en defensa del Estado.
Además, no son pocos los debates y mesas redondas que se han organizado por “la defensa del Estado de Derecho” en la que han participado jueces o Abogados del Estado para diseñar estrategias sobre cómo tumbar la Ley de Amnistía utilizando las instituciones de la Unión Europea. Parece que el ataque a la separación de poderes solo existe cuando viene dirigida del Ejecutivo al Judicial, pero nunca al revés.
Y, por último, el frente mediático: una intensa campaña en medios de comunicación demonizando la amnistía, advirtiendo del fin de la democracia española, llamando dictador y “peligro para la Constitución” a Sánchez, todo ello con una fuerte retórica golpista.
La importancia de la definición del “terrorismo”
Uno de los puntos más controvertidos de la Ley de Amnistía fue si incluir o no los delitos de terrorismo en los hechos amnistiables. El PSOE siempre se ha resistido a hacerlo, por miedo a que la norma se pudiera declarar inconstitucional por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, Junts se ha mantenido inflexible con este punto, dado que su líder, Carles Puigdemont, se encuentra imputado por este delito y si no se amnistía, la Audiencia Nacional (o el Tribunal Supremo, mientras siga siendo aforado) le podrá mantener imputado para siempre y evitar su vuelta a Catalunya. Por eso, la derecha catalana ha sido clara: o se amnistía el terrorismo, o caerá el Gobierno de coalición.
De hecho, el profesor de Derecho Joaquín Urías comenta que al calificar las protestas del Tsunami como terrorismo García-Castellón no espera que las investigadas acaben condenadas por ese delito, sino que tan solo intenta debilitar la posible constitucionalidad de la ley al incluir el terrorismo en la misma.
Finalmente, el PSOE cedió y la Ley de Amnistía amnistiará los delitos de terrorismo, salvo los que encajen en la Directiva Europea 2017/541. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la definición de “terrorismo” que aparece en el Código Penal español es muy amplia y ambigua, que va mucho más allá de la Directiva Europea de lucha contra el terrorismo de 2017 (la cual castiga los actos de violencia graves con fines políticos) y permite criminalizar conductas que la legislación europea no prevé. Como la causa del Tsunami Democràtic, por ejemplo.
¿Y por qué tenemos esta definición de “terrorismo” tan abierta? Los delitos de terrorismo se reformaron en 2015, con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de CiU. Y es que tras los atentados de Charlie Hebdo en París el PP y el PSOE aprobaron un Pacto Antiyihadista que modificó la definición de terrorismo hasta el punto de incluir cualquier tipo de protesta que atentara contra los intereses españoles. Y ésta es la razón por la que se pudo calificar como terrorismo una pelea de bar en Altsasu (aunque finalmente se les absolviera de ese delito), sabotajes de baja intensidad cometidos por anarquistas o indepes galegos o el bloqueo del aeropuerto del Prat en la causa del Tsunami.
Ya advertimos en 2015 que la reforma del terrorismo se utilizaría para reprimir a movimientos políticos y sociales. No en vano, esta reforma formó parte del paquete de medidas para acabar con el derecho de protesta (la reforma de Código Penal y la Ley Mordaza), que entraron en vigor todas el mismo día (el 1 de julio de 2015). El PSOE de Sánchez formó parte de ese acuerdo, por miedo a permanecer inmóvil ante “la amenaza terrorista” y ahora se le vuelve en contra: sus aliados políticos se encuentran imputados por terrorismo por culpa de la ambigua definición que ayudó a crear.
El “terrorismo anarquista” como precedente
También se le ha vuelto en contra a Junts (en tanto que heredera de CiU) la represión ejercida en el pasado. En los años 2013 y 2014, el Departament d’Interior de la Generalitat comenzó a avisar del riesgo del “terrorismo anarquista” en su territorio4. Y en los años 2014 y 2015 los Mossos d’Esquadra, bajo sus órdenes, llevaron a cabo las Operaciones antiterroristas Pandora y Pandora II, que se saldaron con decenas de anarquistas detenidas.
Pues bien, pese a que todas esas operaciones antiterroristas acabaron siendo archivadas por la Audiencia Nacional años después, su legado continúa: a principios de febrero de este año el Consejo de Fiscales del Tribunal Supremo aprobó por mayoría calificar como “terrorismo” los hechos del Tsunami Democràtic (cortes de autopistas o protestas frente al aeropuerto para protestar contra la Sentencia del Procés). Y precisamente citó, como precedente para justificar esta decisión, el terrorismo anarquista (así como el independentismo gallego).
La derecha catalana, al igual que el PSOE, ha caído en su propia trampa: sus denuncias contra activistas, en búsqueda de un enemigo interno que le afianzaran en el poder, han contribuido a la erosión del derecho de protesta. Cuando se archivaron las causas no se difundió mediáticamente, no se rectificó desde las instituciones, ni hubo amago de reparar el daño. En el imaginario público perdura la imagen del activista terrorista que nos adelantó La Polla Records: “todo el que proteste será un criminal, […] cualquiera que se resista un terrorista será”. Y esta imagen ahora se le ha vuelto en contra a quienes contribuyeron a crearla.
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1De hecho, hace dos meses publicamos un artículo sobre cómo estos partidos están difundiendo el discurso racista en Catalunya.
2Según datos de Òmnium Cultural la amnistía beneficiará a 389 personas con causa penal abierta, a otras 131 con condena penal firme, a 34 condenadas por el Tribunal de Cuentas y a casi 1.000 personas con sanciones administrativas.
3Explicamos esta causa en profundidad en nuestro artículo sobre el lawfare de hace dos meses.
4Esto se explica de manera desarrollada en el documental El Gobierno del Miedo (Gonzalo Mateos, ACATS, 2017).
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