Lino Rubio Mayo, titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Xixón, dictó el pasado 9 de julio un auto ordenando el ingreso inmediato de las seis sindicalistas de CNT que participaron en el conflicto laboral con la pastelería La Suiza, por el cual acabaron condenadas a cumplir tres años y medio de prisión, además de pagar cuantiosas multas y una elevadísima responsabilidad civil.
Ante la orden de detención emitida por el juez, las sindicalistas se presentaron voluntariamente en la cárcel de Villabona (Centro Penitenciario de Asturias) y tramitaron su ingreso. Por delante tienen años de condena, salvo que el Gobierno decida indultarles.
El conflicto de La Suiza
Los hechos por los que han sido condenadas ‘Las seis de la Suiza‘ se remontan al año 2016, cuando una empleada de la Pastelería La Suiza de Gijón pidió el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.
El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora, pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones y piquetes ante sus instalaciones en las que participaron las personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada. El empresario denunció a los participantes de las mismas y en 2021 logró su condena por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia, alegando que por culpa de ello tuvo que cerrar su negocio.
En 2024, el Tribunal Supremo confirmó la condena, convirtiéndose este caso en una excepcionalidad por las altas condenas fijadas por la puesta en práctica de herramientas y dinámicas propias del sindicalismo y de la lucha de las trabajadoras, es decir, se les condena a la cárcel por algo que se ha hecho siempre.
En una nota de prensa, la recientemente creada Plataforma de Abogacía en Defensa de la Acción Sindical señala que los diferentes pronunciamientos judiciales son «ataques sin precedentes al derecho fundamental de libertad sindical, libertad de expresión y libertad de reunión y manifestación». La Plataforma reitera algo que se viene denunciando durante todo el proceso judicial: la gravedad e implicaciones que puede tener la condena por «coacciones graves» por «realizar concentraciones pacíficas, repartir panfletos y usar megafonía vaciaba de contenido el derecho fundamental de libertad sindical, consagrado en el art. 28.1 de la Constitución Española porque son herramientas habituales de presión sindical». Lo excepcional del caso es de tal envergadura que todo el espectro sindical ha mostrado su solidaridad y preocupación, incluidos los sindicatos mayoritarios.
La solicitud de indulto
Hace varias semanas, las condenadas, que ya han abonado las indemnizaciones (que ascienden a más de 125.000 euros) y las multas, solicitaron el indulto ante el Ministerio de Justicia, solicitud que fue apoyada por 22 organizaciones sindicales y el Gobierno de Asturias. El Ayuntamiento de Xixon no lo ha apoyado por el veto de las derechas.
Legalmente, el magistrado del Juzgado de lo Penal tiene a su disposición la opción de paralizar la entrada en la cárcel (es decir, suspender la ejecución de la sentencia) hasta la resolución del indulto, una práctica relativamente habitual; pero el ilustrísimo Lino Rubio potó por rechazar esa opción. Que esperen a que se tramite en el talego, decidió.
Pese a que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había mantenido una reunión con las condenadas en las que se comprometió a interceder por el indulto, el Consejo de Ministros del 7 de julio no aclaró si acordarán a Justicia esa medida de gracia o no.
Todo el proceso sindical y judicial ha supuesto y supone para las seis compañeras una gran carga personal a todos los niveles. Por ello, en un momento en el que el Gobierno debe estudiar el indulto solicitado, pedimos seguir hablando del tema, presionando y visibilizando, para hacer decantar dicha decisión hacia el lado de las trabajadoras y no de la patronal y la justicia que la protege.
