¿Paguitas para quién? Radiografía de algunas medidas de la futura ley de vivienda

La Ley de Vivienda que se anuncia es, siguiendo el refranero, mucho ruido y pocas nueces. Para algunas, una decepción por la oportunidad perdida de aprobar una ley que defienda aunque sea mínimamente el derecho a la vivienda. Para otras la confirmación de lo que ya esperábamos. O quizá ambas a la vez. Pero por más que la escena se repita una y otra vez, es interesante analizarla más de cerca para ver los matices, para poder diferenciar. Puede haber quién piense que se trata de una ley insuficiente, pero que, al fin y al cabo, avanza en la dirección adecuada, que incluso podríamos celebrarla como una pequeña victoria. Pero también cabe la posibilidad de que esos “pequeños avances” ni siquiera sean reales, o incluso, en el peor de los casos, que estén contribuyendo a agravar el problema de la vivienda. Hay muchas cosas que le faltan, las más básicas: no paraliza los desahucios, no incorpora todas las viviendas de SAREB (pagadas con dinero público) al parque de vivienda pública… Pero es analizar algunas de las medidas que incluye para resolver el interrogante el motivo de este artículo.

¿Regulando los alquileres o vendiendo humo?

Durante toda la legislatura, la regulación de los precios del alquiler en la ley de vivienda ha sido motivo de debate a nivel social e institucional. La negativa del PSOE a hacerlo, que se negaba perjudicar los intereses de los propietarios, se explicaba al mismo tiempo por la presión del lobby inmobiliario y por querer contentar a cierto sector de sus votantes: rentistas o clases medias acomodadas con intereses en el mercado del alquiler. Su propuesta era, en lugar de regular el precio o sancionar la vivienda vacía, poner incentivos fiscales a los propietarios. Partiendo de este punto, puede sorprender que finalmente la Ley de Vivienda incluya la regulación de alquileres.

La explicación a este cambio de postura es muy sencilla: está diseñada para que jamás llegue a aplicarse. La ley se aprobaría en 2022, tras lo cual, en lugar de aplicarse inmediatamente, las Comunidades Autónomas tendrían que realizar tortuosos trámites para regular el alquiler en zonas concretas. Para rematar, la propia medida incluye una prórroga de 18 meses más para los grandes propietarios. El resultado: con elecciones en 2023, la legislatura terminaría antes de que la medida comenzase a aplicarse, convirtiéndola literalmente en papel mojado. Sabiendo esto, no vamos a entrar en los pormenores de la medida, pero Jaime Palomera del Sindicato de Inquilinas de Barcelona analiza en un artículo reciente otras mil lagunas que la harían totalmente inoperante.

Estamos acostumbrados ya a este tipo de movimientos por parte del gobierno más progresista de la historia. También la escena mediática se repite. El PSOE se cuelga medallas y vende humo. Podemos en una posición incómoda cede y lo disimula como puede, llegando a mentir a la sociedad y los movimientos sociales, de quienes dice hacerse eco. La derecha y quienes se benefician del mercado de la vivienda ponen el grito en el cielo sin que se estén atacando realmente sus intereses. Pero agárrense que ahora es cuando vienen las curvas.

El “bono vivienda”, ¿regalo o manzana envenenada?

La medida estrella dentro de la ley de vivienda, anunciada orgullosamente por el gobierno, es la creación de un bono de ayuda al alquiler de 250€ mensuales para jóvenes. Va en paralelo al anuncio del bono cultural, una ayuda de 400€ para el consumo de productos culturales también destinada a jóvenes, una medida muy similar pese a dirigirse a campos muy diferentes (quizá por eso de que quien solo tiene un martillo tiende a ver cualquier problema como si fuese un clavo). Es habitual que se trate de vender este tipo de medidas como política social y el culmen del progresismo, así como criticarlas por populistas. Por otro lado, Almeida como alcalde de Madrid tomó hace un par de años una medida calcada: dar ayudas al alquiler de 150€ a jóvenes. A primera vista puede sorprender que algo así pueda venir de la derecha, pero en realidad es muy coherente. Y el ejemplo del bono cultural, aunque parece sacarnos del tema, ilustra muy bien parte del por qué.

Poco después de anunciarse, se conoció que el bono cultural excluía a la tauromaquia. Las reacciones no se hicieron esperar, y los empresarios del sector se lanzaron a hablar de “discriminación ideológica” y “censura”. Más allá de lo superficial, de lloriqueos ridículos y de dónde cargan las tintas, lo interesante es lo que ocurre en segundo plano: al poner el grito en el cielo, involuntariamente hacen explícito y dan por hecho que son ellos los verdaderos beneficiarios de las ayudas (por encima de los consumidores). También el propio gobierno lo dice sin rodeos cuando habla de “echar una mano a una industria tan importante como es la cultural”. Al fin y al cabo, es en sus manos en las que termina el dinero, y lo mismo ocurre con las ayudas al alquiler: más que de ayudas a inquilinas, podemos hablar de ayudas a propietarios.

Este tipo de medidas, por tanto, son tremendamente peligrosas. Y el peligro no está tanto en el engaño y el maquillaje, que permite hacer pasar una medida neoliberal como política social, sino en los efectos que las medidas de este tipo realmente tienen. Pero antes de profundizar más en ello, vamos a dar algunos rodeos.

El problema y las soluciones

El problema, públicamente reconocido independientemente de la orientación política, es que el precio de la vivienda impide para muchas personas disfrutar de una en condiciones dignas. Solo hasta aquí llega el consenso, a partir de ahí los diagnósticos y las propuestas son múltiples. Vamos a reflexionar sobre algunas de ellas.

El dogma de la derecha, además de su principal apuesta durante mucho tiempo, era aumentar la oferta a través de la construcción. Eso, supuestamente, haría disminuir los precios de forma natural. Basta echar la vista atrás y observar lo ocurrido con la burbuja inmobiliaria para desmentirlo: más bien ocurría al revés, la especulación con la vivienda hacía aumentar los precios, lo que animaba nuevas inversiones en la construcción de viviendas y a conceder hipotecas fácilmente, hinchando más y más la burbuja. En una situación de escasez, plantear la construcción como solución podría tener sentido. En un país con millones de viviendas vacías, no.

Además, para darle un matiz más social, parte de esas nuevas construcciones podrían convertirse en algún tipo de vivienda protegida, que sale a la venta con un precio fijado y está destinada a personas con rentas bajas o que cumplan determinados requisitos. Esta es una medida que también está entre las anunciadas para la próxima ley de vivienda, sin ocupar en ella un lugar tan destacado. Aunque la idea es que ese precio fijado sea inferior al de mercado, lo cierto es que lo chapucero de la medida y los vaivenes en el precio de la vivienda pueden hacer de la diferencia algo ridículo, e incluso es habitual que esté por encima del precio de mercado.

En cambio, lo que es una constante es la lógica que subyace. Como dijo en su día Jose Luis Arrese, Ministro de Vivienda durante el franquismo, “queremos un país de propietarios y no de proletarios”, pues es una de las formas más eficaces de generar una conciencia de clase media: conformismo, conservadurismo, consumismo… También son una constante las tramas de corrupción política alrededor de los pelotazos urbanísticos, la gentrificación que remodela barrios enteros expulsando a sus vecinas más precarias a la periferia y el catastrófico impacto ecológico de la urbanización y la construcción desenfrenadas.

La fórmula, que riega con dinero público a constructoras en el proceso, consigue que las viviendas subvencionadas pasen a manos privadas en lugar de a un parque público en régimen de alquiler social. Además, cumpliendo algunos requisitos, pueden ser descalificadas y pasar al mercado de nuevo, esta vez sin regulación alguna.

Sin embargo, el contexto social ha cambiado, y también por ello la forma de abordar el problema. La crisis supuso una precarización masiva de las condiciones laborales. La bajada de los salarios y inestabilidad hacen que la inversión en vivienda se diversifique. El modelo de ladrillazo e hipoteca es ahora menos válido, en tanto que la expectativa de que la deuda termine siendo pagada es mucho menor (lo que no significa que haya dejado de ser algo generalizado). El alquiler permite mayor flexibilidad a la hora de hacer negocio: permite aprovechar burbujas para aumentar los precios, despachar más fácilmente a un inquilina morosa para rápidamente sustituirlo por otro. El alquiler ha sido también la forma de algunos sectores de las clases medias de huir de los efectos de la crisis, manteniendo a través del aumento de los alquileres su poder adquisitivo. Ambos factores contribuyen a explicar tanto la burbuja del alquiler como la lógica detrás de medidas de ayuda al alquiler.

Salir del foso cavando hacia abajo

Volvemos de nuevo a ese regalo envenenado que son las ayudas al alquiler. ¿Y por qué envenenado?

Ante un problema como el elevado precio del alquiler, regularlo u ofrecer una forma alternativa de acceder a la vivienda, dotándonos de un parque de vivienda público lo suficientemente amplio, serían reacciones lógicas. Dar ayudas, es, como decíamos, una forma de regalar dinero público a los propietarios. Y por tanto, una forma de redistribución de la riqueza un poco rara, que nos cobra impuestos para regalárselo a quienes son más ricos que nosotras en lugar de destinarlo a servicios públicos. Pero al margen de que sea más coherente con el programa neoliberal, vista superficialmente, aparenta ser una opción más conciliadora: ganamos todas, ¿no?

Esta apariencia enseguida cede si lo examinamos de cerca. Y es que, un efecto directo de medidas de este tipo en ausencia de un sistema de control de los precios es que permiten a los propietarios subir el precio del alquiler. Si un propietario antes pedía 1200€ al mes por un piso, ahora podrá pedir 1450. Que esto ocurra puntualmente, simplemente regala dinero público a los propietarios sin solucionar nada. Pero además, en la medida en que es algo generalizado, al haber más dinero disponible destinado a pagar alquileres se empujan los precios al alza. Se generaliza también la subida de precios. Es decir, incluso empeora la situación para quienes no optan a la ayuda, que sin recibir un solo euro tienen que “competir en misma la subasta” viendo como se hincha más aún la burbuja, más cuanto mayor alcance tengan las ayudas.

El propio Almeida no se molestaba en ocultar o negar esto en su día, limitándose a afirmar que el ayuntamiento “estaría atento”. El actual gobierno podría intentar escudarse en la regulación del precio del alquiler, que hemos desmontado unos párrafos más arriba.

Premiar a los culpables, apuntalar las reglas del juego

Pero si hay algo que termina de rematar la jugada es que, a un nivel más profundo, también consigue apuntalar las reglas del juego al premiar a los culpables. Sigue la misma lógica general del rescate a la banca, la creación de SAREB, o la compensación económica a propietarios por el decreto Stop Desahucios, cada uno a su escala y con distintos destinatarios concretos. Lo más grave no son las cifras de cuánto dinero se nos roba, sino, sobre todo, que les ayuda a reproducirse como clase y a reproducir la vivienda como mercancía. Y no se soluciona un problema mimando y alimentando a sus responsables. Con medidas de este tipo, no solo aumenta el grado de desigualdad (los pobres más pobres, los ricos más ricos). Ayuda además a eternizar el mecanismo que genera la desigualdad: que solo a través del mercado pueda accederse a la vivienda, que no se pueda contemplar la vivienda más que como mercancía.

La alternativa, una vez hemos llegado a esta conclusión, se nos sirve en bandeja: sacar la vivienda del mercado.

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