Hace un año y medio, agentes de la Agencia de Seguridad Interna polaca (ABW, sus siglas en polaco) entraban en la habitación de un hotel de la localidad de Przemyśl, muy cerca de la frontera con Ucrania. Dentro de la habitación descansaba el reportero vasco Pablo González, que cubría en esa ciudad para varios medios la crisis migratoria provocada por la invasión rusa del país vecino.
Esa no era la primera vez que el periodista se encontraba con los servicios secretos de un país extranjero. Unos días antes, el 6 de febrero de 2022, cuando informaba desde Ucrania, la inteligencia de ese país lo retiene, le clona su móvil y le pide que se persone en la capital, Kiev, para dar explicaciones sobre su trabajo y su presencia en la zona. El incidente se salva con una invitación de las autoridades ucranianas para que el reportero abandone el país en 72 horas.
Unas horas después, otros servicios secretos, en este caso los españoles –el CNI– visitan e intimidan a algunos familiares y amigos del periodista en Euskadi y Catalunya en sus propias casas. En concreto, a su pareja Oihana en Nabarniz, así como a su madre y a uno de sus amigos de la infancia en Barcelona para, según sus testimonios, hacerles saber que estaban vigilados y confirmar que González era un espía ruso. Por eso, Pablo González decide abandonar Kiev y volar a España para saber qué está pasando.
Tal y como detalla la asociación #FreePabloGonzález en la amplia cronología recogida en su página, después de estos hechos, Pablo habla con el cónsul español en Ucrania sobre el interrogatorio y vuelve al País Vasco permaneciendo en su domicilio unos quince días durante los cuales, al no volver a tener noticias al respecto sobre lo ocurrido, da el tema por zanjado.
De regreso de nuevo a Polonia, tras producirse la invasión de Rusia a Ucrania, los agentes de ese país que se presentaron en su hotel lo detienen el 28 de febrero de 2022.
¿Quién es Pablo González?
La historia vital de Pablo González Yagüe comienza en Moscú, lugar donde nace en 1982 y vive allí hasta los nueve años, momento en el que se traslada a vivir a España con su madre, María Elena González, tras el acuerdo de divorcio entre su padre, Alexei Rubtsov, y ella. En el registro de nacimiento fue inscrito con su nombre ruso y su apellido paterno: Pavel Alekseevich Rubtsov. Además, es nieto de uno de los denominados “niños de la Guerra”, que fueron aquellos miles de menores que tuvieron que exiliarse a Rusia durante la Guerra Civil.
Ya en España en 1991, su madre lo inscribe en el Registro Civil con Pablo como nombre españolizado y los apellidos maternos González Yagüe. Pasa su infancia en Barcelona, pero su domicilio familiar se ubica en Nabarniz, una localidad del País Vasco donde reside con su pareja y sus tres hijos. Especializado en su formación en el mundo postsoviético y con doble pasaporte español y ruso por su ascendencia familiar, González adquiere prestigio en el ámbito periodístico con sus crónicas sobre el terreno trabajando como reportero freelance y colaborador habitual de varios medios y agencias como La Sexta, Público, Gara, EFE o Voice of America.
Pablo González, periodista en la Guerra de Ucrania
Juan Teixeira, portavoz de la asociación #FreePabloGonzález (la cual se conforma unos meses después de su detención con familiares y amistades par dar apoyo mediático e informativo a Pablo, así como recaudar fondos para los costes legales con los que poder hacer frente a su situación), considera que todo esto se inicia en Ucrania: “Cubrí con Pablo hace ya bastante tiempo la guerra en Ucrania antes de la invasión rusa. Él es quizás uno de los periodistas que más conocía la situación desde el golpe de Estado del Maidán y una persona que no se quedaba en la versión oficial, sino que buscaba respuestas más allá. Eso no gustó nada a los servicios de inteligencia ucranianos, que rápidamente le hicieron un seguimiento y lo tildaron de prorruso”, explica para el medio El Salto.
También cuenta cómo a través de la Open Society de George Soros hacen una lista de periodistas prorrusos e incluyen a González con sus datos personales. A partir de entonces queda señalado como posible agente prorruso de opinión.
Poco antes de iniciarse la invasión, en el interrogatorio de los servicios de inteligencia ucranianos, “le hacen ver que tienen pruebas contra él de que es un agente ruso. Eran pruebas absurdas, como tener una tarjeta de la Caja Laboral Kutxa, por ejemplo, o escribir para Gara, que, según ellos, está financiado por Rusia”, afirma Teixeira, que considera que, la detención posterior de González en Polonia se debe a un intercambio de información entre los servicios de inteligencia. “Polonia es un país históricamente muy antirruso donde los ánimos están muy caldeados. Al llegarles esa información, van a por él, ven que tiene dos pasaportes, que habla ruso perfectamente y, al día siguiente, publican un comunicado diciendo que han detenido a un espía ruso en la frontera”, explica a El Salto.
Detención y encarcelamiento
Lo que ocurre durante las primeras horas de la detención de Pablo González es un misterio. La confirmación de su detención y los cargos que se le imputan llegan el 3 de marzo de 2022. Las autoridades polacas le acusan de espiar para Rusia. Pero de esos tres primeros días surgen muchos interrogantes. ¿Compareció el periodista sin abogado ante una autoridad judicial? ¿Hubo registros en lugares donde se hubiera alojado el reportero sin que estuviera presente un letrado que asesorase a González y velase por sus derechos? No se sabe a día de hoy.
Ese 3 de marzo, la sala II de lo Penal del Tribunal de Rzeszow decreta prisión provisional para Pablo hasta el 29 de mayo. Se le acusa de un delito de espionaje, el cual recoge el apartado 1 del artículo 130 del Código Penal polaco y que puede conllevar hasta diez años de prisión.
De este modo, se le traslada a la cárcel de Rzeszow y se hace público uno de los motivos de la detención de González: consideran que Pavel Alekseevich Rubtsov, su nombre de nacimiento, es su alias como espía. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirma lo sucedido y los cargos por espionaje, pero no aporta ninguna información más.
Durante su primer mes en prisión, González recibe dos visitas del cónsul de España en Varsovia. Este le traslada la información sobre sus encuentros con Pablo a Goiriena contándole que lo tienen incomunicado y aislado, que se encuentra con ánimo aunque ha perdido peso, que no sabe por qué se le acusa y que sigan denunciando su situación desde fuera. Es la única información que le llega a la familia hasta recibir la primera carta de González. Les dice que está bien, pero que la espera se le está haciendo muy larga.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que González ha recibido dos visitas consulares y que por ello descartan elevar una queja formal a Polonia por el caso.
Pablo González permanece encerrado 23 horas al día en su celda sin poder comunicarse con el exterior. Solamente puede ver la luz del día durante la hora que le dejan salir al patio esposado. Con el cumplimiento de 200 días de su encarcelamiento, se hace público que el periodista vasco ha presentado desde prisión un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar que su situación supone una violación de la Convención de Derechos Humanos, que el proceso judicial que se ha abierto contra él “no está teniendo garantías de justicia mínimas”, que en los últimos seis meses su aislamiento es total al no haber podido ni recibir visitas ni llamadas de su familia o los “humillantes” cacheos que le hacen las autoridades polacas desnudo.
Después de varias semanas, el ministro Albares pide a Polonia la realización de “un juicio público lo antes posible” para González, asegurando que el Gobierno ha llevado a cabo “múltiples gestiones” para que se respeten sus derechos.
El 21 de noviembre del pasado año, tras casi nueve meses desde su entrada en prisión, Pablo recibe por fin la visita de su pareja Oihana en la prisión polaca de Radom, a donde fue trasladado unos meses antes. Posteriormente, en junio de 2023, González recibe en prisión la segunda visita (de 2 horas de duración) de su pareja, de su hijo mayor y de su madre. Son las dos únicas visitas autorizadas en año y medio.
Un caso sin precedentes en la Unión Europea
El balance de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) recoge en su habitual informe anual que 2022 se ha convertido en el año con el récord de periodistas encarcelados/as. En total, 533 profesionales de la información están en prisión en todo el mundo por ejercer su trabajo, un 13,4% más que el año anterior. Poco más de un tercio cuenta con una condena y el 63,8% de periodistas con su libertad privada en el planeta no han pasado por un juicio.
El caso de Pablo González no aparece en estas cifras debido a las cuestiones metodológicas con las que se elabora dicho balance anual, ya que, sin conocer las pruebas en contra del periodista o sin que se celebre un juicio, como ocurre en el caso de González, no cuentan con los elementos que estiman necesarios para valorar según su procedimiento si se ha tratado de una detención arbitraria.
A pesar de lo anterior, el posicionamiento de RSF es claro criticando lo insólito y la opacidad del proceso. “No tenemos conocimiento de un caso similar en la Unión Europea”, afirma Alfonso Bauluz, presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras, en un artículo de El Salto. En total, se elevan ya a dieciocho los meses en prisión preventiva en régimen de aislamiento, sin un día de juicio aún sin fijar y tras las reiteradas decisiones del tribunal de prolongar su detención a pesar de no haber constancia pública de pruebas presentadas que sustenten los hechos de los que se le acusa a González.
“Desde el primer momento hemos exigido a las autoridades polacas que probaran sus acusaciones, cosa que en todo este tiempo no han hecho. No caben detenciones arbitrarias en un país de la Unión Europea y, si detienen a un periodista, tienen que probar sus acusaciones. Lamentablemente, podemos ver cómo se demora, cómo no tienen ningún interés en la apertura de una vista oral y cómo incide en que eso se pueda sustanciar en un juicio con todas las garantías”, explica Bauluz.