Con estas líneas pretendemos rescatar una noticia de hace ya casi cinco meses, cuando tuvieron lugar las comparecencias ante el parlamento catalán de varios responsables de los Mossos d´Esquadra, la policía autonómica catalana. En el curso de dos sesiones parlamentarias, el comisario jefe de los Mossos, José Luis Trapero, y varios representantes de los sindicatos policiales abogaron, ente otras cosas, por una serie de cambios legislativos destinados a proteger legalmente (más si cabe) a los/as agentes del cuerpo de antidisturbios. Su premisa es sencilla, si los/as agentes responden a órdenes, no se les debería juzgar penalmente por las consecuencias de la puesta en práctica de estas órdenes, siempre y cuando las mismas se ajusten al protocolo. La culpa es de los/as de arriba, de quien les dijo lo que tenían que hacer.
Si volvemos a poner sobre la mesa esta noticia es por varias razones. La primera, rescatar una noticia que, por surgir en pleno verano, pasó sin pena ni gloria y sin que se le concediera demasiada importancia. La segunda, es la plena vigencia que tiene un análisis de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad sobre las movilizaciones sociales (en este caso la violencia explícita, la que duele en las costillas o te envía al hospital); pues es este un aspecto de la protesta que siempre debemos asumir, y todas las variaciones legales que pueda sufrir la actuación policial son algo que invariablemente acabaremos padeciendo nosotros/as. Pero sin lugar a dudas, la principal razón de este texto es denunciar la perversión moral de los argumentos de los representantes policiales, las dos patadas que le dan a algo tan básico y tan inherente a nuestra condición humana como nuestra libertad individual, nuestra capacidad de raciocinio y de decisión sobre nuestras vidas.
Que las órdenes de las actuaciones de los/as antidisturbios catalanes (la BRIMO) provienen de arriba, de los mandos policiales y políticos, está claro. Y que las consecuencias de estos actos pocas veces salpican tan arriba en la pirámide de mando, también es algo que todos/as conocemos. Así funcionan las organizaciones jerárquicas, a ver si ahora vamos a ser tan inocentes de no darnos por enterados/as. Pero todo ello no supone una excusa para quien está abajo. La decisión sobre qué hacer no provendrá del/la agente de turno, pero éste/a la acata, y tras ello la cumple. Y además, que no traten de engañarnos, todos/as aquellos/as que hemos vivido de cerca una carga policial, nos damos cuenta de que con esas cosas disfrutan.
Está claro que dentro de este sistema a la gran mayoría nos toca currar, buscarnos un lugar en el que vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un sueldo que nos permita subsistir, mantenernos a nosotros/as mismos/as y a nuestras familias. Esto nos lleva a aceptar trabajos en los que en muchos casos no estamos a gusto, al final muchas veces acabamos teniendo que tragar para mantener el puesto. Asumimos estas contradicciones entre nuestra ética y nuestra realidad cotidiana. Pero siempre podemos ponernos un límite, una línea roja que no pasaremos. Y aun así, aun cuando tragamos y aceptamos, lo hacemos bajo nuestra responsabilidad. Que el contexto nos coarta es algo que nadie podrá negar, la libertad no es algo que suela acompañar al capitalismo. Pero no por ello dejamos de ser seres humanos con capacidad de decisión. Y por ello, nuestros actos son nuestros, no todo va a ser echar balones fuera.
Es por ello, que nos negamos a escuchar las gilipolleces de los/as Mossos. Podrán actuar como autómatas, pero entonces que no pretendan recibir un trato como seres humanos. Ambas cosas son incompatibles. No nos vale el “a mí me dijeron” o el “yo no doy las órdenes”. Es por ello que su pretensión de blindarse penalmente ante sus actuaciones en manifestaciones o huelgas nos parece un insulto. Un insulto a todas aquellas personas mutiladas por su actuación o a quienes sufrieron vejaciones y agresiones en comisarías. Más si cabe, tampoco hay que olvidar que no son muchas las veces que algún/a agente acaba siendo juzgado/a por sus actuaciones policiales, y tampoco faltan los indultos hacia los/as pocos/as que son condenados/as.
La perversión moral de estas declaraciones no deja de recordarnos a la excusa de la obediencia debida, aquella con la que tantos/as se salvaron de juicios tras las dictaduras argentina o chilena (por poner un ejemplo). La situación no es la misma, ni mucho menos, pero el razonamiento sobre el que todos/as ellos/as se basan es igual de peligroso (e igual de cobarde).