La oscuridad que acecha

Vivimos en un mundo en el que las necesidades básicas para llevar una vida digna nos son cada vez más difíciles de alcanzar, o directamente negadas. Además, vemos como las luchas sociales mayoritarias y los motivos por los que se llevan a cabo movilizaciones y protestas están intrínsecamente relacionadas con lo que podemos llamar necesidades básicas: vivienda, trabajo, alimentación o libertades, y podemos analizar cómo de un pequeño conjunto de necesidades describimos situaciones generalizadas de emergencia social, y como desde las posiciones políticas transformadoras lo que tratamos es ante todo dar una solución a los problemas inmediatos que se nos presentan. Desde el Todo Por Hacer son temas cotidianos las problemáticas derivadas de la carencia de las mínimas condiciones para la vida, la vivienda, con las okupaciones y las asambleas de apoyo mutuo que han surgido a raíz de la explosión de esta problemática, el trabajo, los despidos y cómo hacerlos frente de forma colectiva o la reapropiación del trabajo a través de las iniciativas cooperativas, hemos hablado del difícil acceso de las familias a la alimentación y el surgimiento de bancos de alimentos solidarios y denunciamos sistemáticamente la falta de libertades políticas y sociales derivadas de un modelo de sociedad autoritario y represivo, ahí está la Ley Mordaza, los encarcelamientos preventivos, las multas por protestar y tantas otras formas más o menos sutiles mediante los cuales se mantiene la alienación y el statu quo.

De todas estas problemáticas probablemente sea la vivienda la que mayor repercusión mediática y social está teniendo, pero muchas veces vemos como las distintas problemáticas se leen de manera aislada. Ahí están los/as afectados/as por los desahucios, los/as de las preferentes, los/as de los ERE, los/as precarios/as… Problemas e iniciativas sectorializadas que si no conseguimos socializarlas en torno a unos objetivos y análisis comúnes, no seremos capaces de desbordarlas y superarlas a través de una transformación social amplia con la acción colectiva como método. Cuando vemos casos de desahucios, en la mayoría de ellos, observamos que vienen precedidos de un despido en el puesto de trabajo, cuando hablamos con alguien a quien han despedido vemos que sus preocupaciones pasan a ser cómo demonios va a pagar las facturas, la hipoteca, el alquiler o los alimentos. Aunque ya no hace falta ni que te despidan para preocuparte de cómo vas a pagar tus gastos, puesto que ya ni el trabajo te asegura el tener cubiertas las necesidades básicas.

Problemáticas emergentes y conflicto

En la periferia de estas necesidades básicas, se encuentran infinidad de problemáticas a menudo invisibilizadas, ya sea por desconocimiento, por falta de datos o por ser cuestiones muy individualizadas. Dentro de esta periferia de conflictos llama la atención uno que está en auge y que su estudio es relativamente joven, pues es una problemática que ha pasado de ser pocos hechos aislados a crecer y extenderse hasta el punto de empezar a convertirse en un tema tratado desde los movimientos sociales y políticos. Estamos hablando de la Pobreza Energética. La pobreza energética se define como la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas energética de sus viviendas. Este problema relaciona directamente aspectos sociales, como son la pobreza y la exclusión social, con problemas ambientales y de política energética, como es el precio de la energía doméstica o la eficiencia energética en el parque de viviendas residenciales. El número de familias en situación de pobreza energética se ha visto incrementado en nuestro país de manera alarmante en los últimos años. Se estima que más del 10% de la población en España sufre este problema, porcentaje que sigue aumentado año a año. Esta definición pasada a la realidad se materializa en la imposibilidad de encender la calefacción en invierno, el no poder mantener un frigorífico en casa o no poder ducharse con agua caliente. Desde la demagogia se podría decir que estos no son más que lujos de las sociedades occidentales en las que vivimos, mentiras a parte, estos problemas tienen, como no podía ser de otra manera, orígenes políticos, y las consecuencias de estos problemas se ven reflejados en una cada vez mayor exclusión social de grandes capas de población, en graves problemas de salud para quienes lo sufren, sobretodo si se trata de personas ancianas o un mayor endeudamiento de las familias, dejando de pagar el consume eléctrico hasta que se les corta el suministro por parte de la empresa gestora de turno.

Iluminan las calles, apagan las casas*

Desde que comenzó la crisis el número de cortes de luz por impago en viviendas se ha disparado. En el año 2010, las compañías eléctricas cortaron el suministro eléctrico de más de 930.000 hogares, una cifra que se repetiría el año siguiente. Sin embargo, lo peor estaba por llegar: en 2012 los cortes afectaron a 1.400.000 viviendas. La cifra era tan alarmante que desde entonces las compañías eléctricas se niegan a proporcionar datos. Conscientes del rechazo que pueden provocar, llevan casi dos años ocultando a cuántos hogares han dejado sin suministro por no poder pagar la factura de la luz. Sin embargo, no es difícil imaginar que la cifra no ha hecho más que aumentar desde entonces. Basta con hablar con nuestros/as vecinos/as o darnos una vuelta por los barrios para hacernos una idea de la cantidad de gente que sobrevive sin luz, gas o agua en sus casas. Si no, también vale como dato la petición que lanzaban hace unas semanas los bancos de alimentos, solicitando que las legumbres que se donasen estuviesen cocidas. La gente ya no puede permitirse cocinarlas.

Sin embargo, del otro lado las cosas son muy distintas. Mientras nos obligan a vivir sin poder encender una bombilla o ducharnos con agua caliente, las compañías eléctricas aprovechan para llenarse los bolsillos igual o más que antes. Solo en nueve primeros meses de este año, Endesa, Iberdrola, Fenosa y Eon han obtenido 7,63 millones de euros de beneficios. Agbar, dedicada al suministro de agua, más de 432. En realidad no es muy difícil averiguar de dónde han sacado todo este dinero: nos lo han quitado a nosotras. En los últimos diez años, la factura de la luz se ha incrementado un 85% y la del agua un 65%.

Para poder obtener todos esos beneficios y seguir mandando a sus técnicos/as a cortar el suministro de las viviendas, las compañías eléctricas han contado con un aliado de gran ayuda: la clase política. Hace ahora un año, el Partido Popular rechazaba en el Congreso la enmienda a la Ley Eléctrica que proponía que no se pudiesen efectuar cortes por impago a las familias vulnerables. Tener luz eléctrica en la vivienda no se consideraba un derecho básico. Pero eso no era lo único: hace unos días conocíamos por la prensa que el Gobierno había perdonado a las compañías eléctricas una deuda de 3.000 millones de euros entre 2007 y 2010, de un dinero que las empresas habrían cobrado de más a sus clientes. No era difícil ver de qué lado se estaban poniendo los políticos.

Pero además, como si viviesen en una realidad distinta a la nuestra –o, más bien, como si lo que nos sucede no les importase lo más mínimo-, la Navidad ha traído otra noticia indignante. Mientras miles de viviendas se quedan sin luz, el ayuntamiento de Madrid ha decidido gastarse 1,7 millones de euros en la iluminación de las calles. No es difícil pensar cuántas familias que ahora carecen de luz podrían haber pagado sus facturas con este dinero, pero al ayuntamiento no parece importarle. Mientras alumbran las calles, apagan las casas.

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*Texto original de Asamblea de Vivienda de Madrid, completo en http://oficinavivienda.net/