El pasado 28 de diciembre, en la localidad de Collado Villalba, en el norte de Madrid, decenas de familias vivieron una pesadilla al despertarse en sus viviendas rodeadas por las llamas. Dos bloques okupados, propiedad de la Sareb, fueron intencionadamente incendiados, con varios focos iniciados en los rellanos de las viviendas.
En uno de los bloques, de unas 70 viviendas, por suerte el fuego pudo ser sofocado a tiempo y las viviendas no se vieron afectadas. Sin embargo, en el otro bloque, de 16 viviendas, los bomberos tuvieron que rescatar a todas las familias y al menos siete personas fueron hospitalizadas, quedando el bloque completamente precintado y temporalmente inhabitable, requiriendo de una limpieza especializada para su rehabilitación.
Los bloques ocupados
Hace dos años, en plena pandemia de COVID19, la Asamblea de Vivienda de Villalba (AVV) decidió recuperar estos dos edificios, situados en el centro de la ciudad, para que pudieran ser habitados por numerosas familias en estado de vulnerabilidad y pobreza.
La historia de estos dos bloques es la de tantos y tantos edificios fantasma por toda la geografía española. Construidos en 2008 en plena burbuja inmobiliaria, quedaron sin terminar cuando la constructora a su cargo quebró. Así es como terminaron en manos de la Sareb, el famoso “banco malo”, que los mantuvo vacíos desde entonces.
Las nuevas vecinas y la AVV trataron de negociar con la Sareb, pero ésta no dio su brazo a torcer en ningún momento y finalmente cesó en sus comunicaciones. Entretanto, las vecinas y vecinos de los bloques okupados han sufrido una constante criminalización por parte del Ayuntamiento de la localidad, que incluso les presionó con los medios a su alcance, como por ejemplo cerrando las fuentes públicas aledañas.
Pero la medida estrella del ayuntamiento fue la apertura, a escasos 50 metros de los dos edificios, de la primera Oficina Municipal Antiocupación del Estado español, cuya gestión fue subcontratada por seis meses y 15.000 euros a Desocupaciones Técnicas, sociedad vinculada al administrador de la empresa Desokupa Expres, bien conocida por sus tácticas intimidatorias y en ocasiones directamente ilegales para expulsar a la gente de sus casas. Transcurridos esos seis meses, la Oficina cerró sus puertas. Según el Ayuntamiento el cierre vendría dado, no por lo absurdo de su existencia, sino por la habilitación de un nuevo servicio telefónico antiocupación por parte de la Comunidad de Madrid, con el cual quedarían cubiertas las supuestas necesidades “antiokupas” del municipio.
El día después
La respuesta tras el incendio fue inmediata, lamentablemente no solo por parte de las vecinas y de la AVV, que llevaron a cabo una concentración solidaria al día siguiente y se pusieron manos a la obra para realojar a las familias afectadas, sino también por parte de la Sareb.
Ese mismo día, poco más de 24 horas después de los hechos, mientras las vecinas protestaban por lo ocurrido, la Sareb envió al edificio a albañiles y técnicos de una empresa de seguridad para instalar cámaras, alarmas y una puerta blindada para impedir el acceso al edificio. Resulta curioso que, mientras la burocracia interna suele servir como excusa para ralentizar negociaciones, atender demandas vecinales, etc., no pareció ser ningún impedimento para que decidieran y ejecutaran en un solo día el blindaje del edificio. Según declaró a El Salto el abogado de la AVV se plantean denunciar a Sareb por este desalojo ilegal de facto, que podría constituir un delito de allanamiento y otro de coacciones.
La solidaridad en marcha
Pasaron las semanas y tanto Sareb como el Ayuntamiento continuaron sin tomar ninguna medida para dar solución a las familias, negándose a hacerse cargo de la requerida limpieza y rehabilitación de las viviendas. Igualmente, la investigación de los hechos por parte de la Guardia Civil no parece haber ido a ninguna parte.
Ante esta inactividad, el 21 de enero las vecinas convocaron nuevas protestas en Villalba. Tuvieron lugar dos concentraciones solidarias, durante las cuales un grupo de activistas entró al bloque precintado y logró desactivar los dispositivos de seguridad instalados e inutilizar la puerta blindada. Al mismo tiempo, otro grupo de personas se concentraba a las puertas de otro edificio, también propiedad de Sareb y vacío desde hace al menos 10 años, que fue ocupado por los manifestantes. La policía accedió a la fuerza al edificio para desalojarlo, al tiempo que cargaron con porras y gas pimienta contra las manifestantes congregadas a las puertas, con el resultado de al menos seis personas detenidas por tentativa de usurpación y desórdenes públicos.
En el momento de escribir estas líneas la situación no ha cambiado para las familias afectadas. Algunas de ellas ocuparon provisionalmente algunas viviendas enfrente de los bloques y han tenido que afrontar las semanas más duras del invierno sin suministro eléctrico ni de agua. No han podido ni siquiera acceder a las viviendas para recuperar sus cosas. Solamente les dieron una ocasión de hacerlo y con un tiempo muy limitado, por lo que la mayoría de sus efectos personales permanecen dentro de las viviendas.
¿Quién prende la mecha?
Que una noticia como esta haya pasado casi desapercibida es, cuanto menos, preocupante. Se trata de un brutal ataque que podría haberse llevado la vida de muchas personas y del cual hay un beneficiario directo, la Sareb, la cual ha recuperado la posesión del inmueble tras el suceso, sin que nadie en el Ayuntamiento o Guardia Civil se lleve las manos a la cabeza, y sin que se haya dado con los responsables.
Sea como fuere, lo que no se puede negar es que la mecha de este fuego llevaba mucho tiempo encendida por parte de todas aquellas instituciones y medios de comunicación que dedican grandes esfuerzos a demonizar la ocupación en general y a las vecinas de estos bloques en el caso de Villalba en particular. Así lo explicaba el colectivo de vivienda Plan Sareb en un comunicado emitido el pasado 20 de enero:
“El intento de matar a más de cien personas quemándolas requiere de un caldo de cultivo largamente propiciado por los partidos políticos defensores a ultranza de la propiedad y del derecho a especular con una necesidad esencial como lo es la vivienda. Un caldo de cultivo no rebatido ni combatido enérgicamente por los partidos políticos que se sitúan a sí mismos en el espectro de la izquierda. Un caldo de cultivo sustentado a su vez por medios afines nutridos por los propios partidos, léase todos los de tirada nacional y muchos pertenecientes a comunidades o ayuntamientos, convirtiéndose necesariamente en cómplices del suceso. Son la clave, las campañas de criminalización y estigmatización de las personas que viven ocupando son parte del kit de herramienta incendiaria. Cada día que pasa sin que la Guardia Civil avance en el caso y sin dar explicaciones del mismo, el caldo de cultivo del odio crece y se fortalece. Cada día que pasa sin que Sareb inicie los trabajos de desescombro y limpieza de las zonas más dañadas del edificio para que puedan volver las vecinas a sus casas, se normaliza que estas prácticas criminales puedan llegar a buen puerto. Prácticas amparadas, no hay excusas, por la absoluta falta de respuesta de quienes deberían dar una solución inmediata y sin ambages para alejar de sí toda sospecha de connivencia con los hechos. Como población consciente del problema urge combatir el discurso imperante y criminalizador acerca de la ocupación, urge que se responda una a una cualquier proclama de odio y estigmatización, en la calle, en los bares y en las casas, pues de no detenerse esta deriva, la situación puede volverse más peligrosa, si cabe, para quienes vivimos ocupando”.
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