Huelga de celo en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
El 29 de junio, en la provincia de València, la plantilla del Consorcio Provincial de Bomberos inició una huelga de celo, es decir, se decidió no realizar ninguna hora extra ni asumir funciones que no estén incluidas en sus obligaciones contractuales, y, como en muchos otros sectores que funcionan gracias a la sobrecarga de las trabajadoras, esto ha implicado que turnos se quedaran vacíos y, por tanto, que, en cada turno, varios parques de la provincia se vieran afectados y se hayan visto obligados a cerrar total o parcialmente. Desde las entidades sindicales se denuncia que hay más de 250 plazas sin cubrir, además, de los recortes existentes en material protector, herramientas, etc. Ni la experiencia de la DANA ni el riesgo que suponen las altas temperaturas, han servido para que las autoridades políticas valencianas reviertan el déficit presente en este servicio público.
El pasado martes 28 de julio, mientras el Consorcio Provincial se reunía en el edificio de la Beneficència, la plantilla de bomberos se concentró en sus puertas, siendo golpeados y reprimidos por la policía, dejando claro, una vez más, a quienes sirven los de azul.
Esta huelga fue interrumpida a mediados de agosto por el incendio de Teresa de Cofrentes, tras declararse el nivel 2 de la situación del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF).
Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid entre el Gobierno de Ayuso y el Gobierno central
El conflicto iniciado en el mes de julio no puede pillar de sorpresa a nadie. Desde hace meses, los bomberos forestales han convocado protestas, asambleas, paros, acciones informativas, etc., pero, ahora, decidieron ir un paso más allá y convocar una huelga que se ha prolongado durante todo el verano salvo por la pausa realizada por lo acontecido por todo el país.
Desde el pasado 15 de julio, los brigadistas están convocados a un paro para forzar tanto a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid como a Tragsa, la empresa pública que gestiona este servicio externalizado por el ejecutivo regional, a negociar un nuevo convenio. El actual está caducado desde hace 17 años y, después de promesas incumplidas, las compañeras han perdido la paciencia y han iniciado este pulso ante dos entes públicos diferentes que están utilizando este conflicto para profundizar en su circo político.
A la petición de un nuevo convenio, hay otras exigencias igual de relevantes como la mejora de la seguridad, la contratación de más personal, la actualización salarial o el reconocimiento profesional.
Aunque el paro se detuvo por la ola de incendios que ha golpeado a toda la Península de forma profunda y trágica, al no haber avances ni cambios de actitud por parte de los dos organismos, al cierre de esta edición, los bomberos forestales han decidido retomar la convocatoria de huelga indefinida.
La Comunidad de Madrid, que externalizó el servicio en 1996, se ha desentendido y ha hecho como si no estuvieran teniendo lugar dichas protestas, y, cuando no ha sido así, ha sido para despreciar y faltar a los profesionales, como es práctica habitual en la señora Ayuso y en su equipo. Por otro lado, por parte de la empresa dependiente del Gobierno central, Tragsa, no ha habido tampoco voluntad de satisfacer las lógicas demandas de la plantilla.
Ni la crisis sanitaria de 2020 sirvió para que la clase política tomara medidas que garantizaran un sistema sanitario realmente público y accesible, ni la ola de incendios de este agosto, la más destructiva de los últimos años, servirá para disponer de un cuerpo suficiente de profesionales que, por un lado, realice las tareas de mantenimiento y prevención necesarias, y, por el otro, sirva para combatir los incendios cuando éstos tengan lugar, para así, gracias a todo ello, podamos proteger eficazmente nuestros montes y bosques. Esto no vendrá por voluntad propia de políticos de uno u otro signo sino que tan sólo con la convergencia de intereses de trabajadores y residentes, de las luchas en defensa del territorio con los conflictos laborales presentes en aquellos sectores ligados a éste, tan sólo con el encuentro y desbordamiento de todos estos conflictos podremos evitar volver a presenciar como nuestros espacios quedan completamente arrasados.
Nosotros ponemos los muertos
Los incendios durante este 2025 han dejado un total de 8 fallecidos, como siempre, trabajadores.
En Soria, un centenar de personas convocadas por CGT se reunieron en un homenaje a su compañero fallecido que sirvió de denuncia de las condiciones laborales en el sector. Ignacio tenía 57 años y perdió la vida tras volcar el vehículo autobomba en el que viajaba para sumarse a las tareas de extinción en León. Abel Ramos, de 35 años, y Jaime Aparicio, de 37 años, primos y dos de las personas que se integraron en la red de voluntarios creada para completar el déficit de personal de la Junta de Castilla y León, también fallecieron en labores de extinción. A todos ellos, hay que sumar la muerte de un operario forestal de 58 años que, en su día libre, se desplazaba a participar en el operativo contra el incendio de Navaluenga (Ávila); el bombero del Cuerpo de Agentes Forestales de la Generalitat fallecido en el incendio forestal en Paüls, Tarragona; y tres trabajadores del campo, del sector agroganadero, fallecidos en los incendios de Torrefeta (Lleida) y Tres Cantos (Madrid).
A todos ellos, nuestro sentido y humilde homenaje.