Cañada Real, una vida de lucha contra las violencias institucionales

La Cañada Real Galiana es un espacio jurídico-histórico propiedad del Estado y ha sido desde hace varios siglos una vía pecuaria destinada al tránsito de ganado entre diversos puntos peninsulares a lo largo del ciclo anual. Durante los años 70 del pasado siglo, una modificación en la legislación permitía que a lo largo del trazado de las cañadas reales se pudiesen establecer huertas y pequeñas casas o asentamientos; una dinámica que giraba en torno a una economía rural y ganadera conocida como la trashumancia. Pero las realidades sociales y económicas se transforman, casi siempre planificadas desde las estancias de poder y en base a las necesidades de la clase dominante. A lo largo del siglo pasado la expansión de la ciudad de Madrid y el incremento de su densidad poblacional debido a la gran cantidad de migración interior desde otras provincias, hizo que surgieran asentamientos de infraviviendas en continuo crecimiento al margen de las legislaciones franquistas.

A lo largo de 15 kilómetros desde Coslada, atravesando Rivas Vaciamadrid, el propio municipio de Madrid (Vicálvaro y Villa de Vallekas), e incluso llegando hasta Getafe, se extiende el terreno habitado conocido como Cañada Real en la Comunidad de Madrid. En las décadas posteriores hasta la actualidad a esa migración interna se han sumado los asentamientos de una numerosa y diversa población extranjera. En la actualidad se estima una población de unos 8.600 habitantes, de los cuales 2.500 serían menores de edad. La historia de la Cañada Real está plagada de intentos y consumación de desalojos en algunos sectores, de la criminalización, represión, estigmatización y vulnerabilización de toda la comunidad social en su conjunto. Esto ha fomentado el continuado apoyo mutuo entre asociaciones de vecinas, que ha sido una de las grandes claves para la supervivencia de la población en la Cañada Real, a lo que habría que sumar la presencia de una veintena de ONGs, concurrentes ante la situación de incumplimiento mínimo de derechos humanos y marginalización social por parte de las administraciones públicas, muchas veces planificado como medida de presión y castigo. 

Situación actual con el suministro eléctrico, origen del problema y responsables directos

Según el Pacto Regional del año 2017, proyecto que fue redactado entre la Comunidad de Madrid, ayuntamientos municipales implicados, asociaciones vecinales y algunas ONGs; se comprometían a la adecuación de la red eléctrica en la Cañada Real, una reivindicación que venía ya de largo tiempo atrás. Sin embargo, el pasado 2 de octubre de 2020, la empresa privada Naturgy (fusión de Gas Natural y Unión Fenosa) cortó el suministro eléctrico colocando limitadores de potencia en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real. Esto viene afectando severamente a cerca de 4.000 personas, al ser los sectores más poblados del asentamiento, donde no tienen luz para calentar sus viviendas ni mantener los frigoríficos en funcionamiento. El origen del problema viene de varias décadas atrás, cuando las vecinas de la Cañada Real solicitaban pagar la luz legalmente, pero los ayuntamientos municipales y, la entonces empresa responsable, Unión fenosa, denegaban su regularización como medida para frenar estos asentamientos y forzar su marcha.

Es evidente que detrás de esta situación actual existen numerosos responsables directos e indirectos, primeramente, la presidencia de la Comunidad de Madrid y su Consejería de Familia, así como la empresa Naturgy. Estas dos entidades, pública y privada respectivamente, son responsables de generar una situación como consecuencia de decisiones políticas y económicas contra los derechos humanos. Sin embargo, en el complejo entramado político que cualquier administración estatal sostiene y la propia dinámica burocrática salpica claramente a otros niveles oficiales que comparten responsabilidad igualmente. También influye, por ejemplo, que los jueces archivan las denuncias leyendo tan solo los informes presentados por Naturgy, obviando otros múltiples informes sobre la situación de emergencia. Un vecino de la Cañada explicó a Todo por Hacer que también habría que repartir responsabilidades entre otros a David Pérez, actual Consejero de Vivienda en el gobierno conservador de la Comunidad de Madrid; José Tortosa, el actual Comisionado de la Cañada Real, que procede anteriormente de la Dirección de Urbanismo, donde redactó la Ley del Suelo Público, tras haber sido presidente de la Asociación de Promotores de Vivienda y Suelo; y Julio César Santos, que ha estado en Disciplina Urbanística desde 1991 desahuciando y desalojando a familias vulnerables.   

Protestas para devolver la luz, vida comunitaria y organización de la lucha en sectores afectados

La Cañada Real ha vivido históricamente en continuada protesta debido a las violencias institucionales que han impedido un desarrollo poblacional calmado. En el año 2007 tuvieron lugar algunos desalojos en el sector 5, en Rivas Vaciamadrid, con respuesta vecinal que derivó en decenas de detenciones y varios vecinos heridos por la policía. Sin embargo, la lucha contra los derribos más potente y articulada que se recuerda se produjo a mediados del 2011, en plena eclosión social del Movimiento 15M que, junto a Stop Derribos se organizaron resistencias de centenares de personas para frenar los agresivos intentos de desalojo en el sector 6 del asentamiento. Es en esa década cuando más se ha potenciado la marginalidad social, la vulnerabilización de las familias, convertir en mediática la cara desagradable de la convivencia sin analizar desde una crítica social cuál es el origen de esa situación provocada por las instituciones. Se ha dedicado tiempo y esfuerzo por parte de administraciones públicas y medios comunicativos en trasladar una idea de inseguridad y narcotráfico ligado a la Cañada Real. Toda esa política de represión a gran escala pero de una intensidad baja que no llamase demasiado la atención o que a nadie importase, es la que nos lleva a la situación actual del corte de suministro eléctrico.

Numerosas movilizaciones se han desarrollado desde octubre de 2020, en el último tercio de año las asociaciones vecinales de los sectores afectados por los cortes del suministro de luz vieron en el apoyo mutuo y la visibilización de las protestas la única estrategia de resistencia frente a la situación que les estaban creando. De hecho, las primeras movilizaciones tuvieron lugar en los espacios más cercanos geográficamente a la Cañada Real, primero junto a la A-3 donde cortaron el tráfico durante dos horas primero en sentido de entrada a Madrid y posteriormente en el sentido hacia Valencia. Días más tarde se manifestaron ante la Junta de Distrito de Villa de Vallekas, y ya en noviembre se concentraron ante el Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de Cibeles, con el concejal de extrema derecha Ortega Smith insultándoles. En el mes de diciembre, ante la inminente llegada de la estación invernal y sin ver resuelta una situación que se alargaba por dos meses, hubo dos concentraciones ante la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid en la calle Maudes, y también en la Puerta del Sol ante la Presidencia del Gobierno autonómico.

La intensa nevada que sucedió en Madrid en enero de 2021 puso el foco de atención mediático por primera vez sobre la Cañada Real desde el corte de suministro eléctrico, lo cual indica una absoluta despreocupación por un problema humanitario anteriormente. Este boom mediático fue utilizado por los medios de comunicación desde la frivolización con la que rellenar sus noticias sobre la histórica nevada. Si bien es cierto que la situación de emergencia climática desgraciadamente es la que sacó de su total invisibilización a los pobladores de Cañada Real, que intensificaron sus propuestas, a día de hoy y, tras haber pasado la emergencia más inmediata, se ha vuelto a una situación donde no se ha propuesto una solución definitiva. Ha habido nuevas concentraciones ante la empresa Naturgy en Madrid, delante del Ministerio de Transición Ecológica en el Día Internacional contra la pobreza energética, e incluso la comunidad educativa ha presentado cientos de firmas de docentes de los menores de edad en situación de riesgo en la Cañada Real derivado de esta situación. También ha habido articulación de luchas con otras entidades sociales como la Coordinadora de Vivienda de Madrid, EKO Carabanchel o la Iglesia ‘Roja’ San Carlos Borromeo de Vallekas; tratando de encontrar una organización con otros movimientos sociales anticapitalistas en la ciudad de Madrid.

Las consecuencias criminales de la violencia institucional contra la Cañada Real

En enero se denunciaba la primera muerte de una persona mayor de 72 años como consecuencia del frío tras llevar varios meses sin acceso a luz eléctrica. Desde entonces cuatro muertes más en la Cañada Real han estado directa o indirectamente relacionadas con la consecuencia de este corte de luz, que impide una normalidad en la vida de sus habitantes. Además, el contexto de fondo sigue siendo la emergencia sanitaria de la Covid-19, siendo fundamental para evitar su propagación unas condiciones vitales mínimas dignas. A las violencias estructurales perpetuadas se suman las violencias coyunturales y sociales, y aquellas derivadas de una actuación política criminal.

El Ayuntamiento de Madrid ofreció en plena nevada invernal el realojo en una nave industrial, una antigua fábrica de muebles, y en un polideportivo en Cerro Almodóvar; solución completamente insultante para la comunidad social de la Cañada Real. Sus pobladores rechazaron esa supuesta solución porque nunca han solicitado salir de sus casas, tienen hogares y quieren recuperar el suministro eléctrico, no un realojo forzado. Además, se genera una sensación de legitimidad de las administraciones al criminalizar a los habitantes por rechazar una propuesta de solución completamente indigna. Calentarse con estufas de gas o de leña ha conllevado bastantes intoxicaciones y quemaduras; también aparición de enfermedades respiratorias como bronquitis, o sabañones en la piel. La congelación de tuberías dejó muchos hogares sin agua, además, tienen problemas de conservación de medicamentos como insulina, e imposibilidad de conectar oxígeno para pacientes EPOC. Igualmente muchos menores están siendo impedidos del acceso a la educación, puesto que no tienen la posibilidad de asistir a las clases o la formación online. En definitiva, les están abocando a situaciones de sufrimiento psicológico y físico, aislamiento y una mayor exclusión social.

Los pelotazos urbanísticos y el futuro de la Cañada Real como asentamiento comunitario

En el año 2012, uno de los terrenos que se valoró por la Comunidad de Madrid para el fallido intento de construir Eurovegas era ocupando parte del territorio de la Cañada Real. Si bien ese proyecto urbanístico no se llevó a cabo, en la actualidad grandes complejos urbanísticos de nueva planta están rodeando a la Cañada Real; estos serían Los Cerros, El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales, Cerro Almodóvar, y Valdecarros. Proyectos urbanísticos vinculados a la cultura del ladrillazo y a empresas constructoras del archiconocido empresario Florentino Pérez. Este modelo urbanístico es el preferido por el capitalismo por sus altas ganancias para empresas que tienen un oligopolio basado en la especulación inmobiliaria. Sin embargo, la Cañada Real se identifica con todo lo contrario, con la construcción pequeña, comunitaria, e informal. Lo que sus habitantes están exigiendo es lo que muchos otros poblados, que actualmente son barrios populares de Madrid, solicitaban hace cuarenta años: un plan de choque social para la adecuación de viales, del abastecimiento del agua y de la red eléctrica, línea de autobús, servicio de correos; y sobre todo, poner fin a la marginalización social para que el asentamiento pueda desarrollarse según las propias decisiones de sus vecinas organizadas en numerosas asociaciones.

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