Una vez más la actualidad nos impone los temas que tratar y la sangre nos hierve a ritmo de titular, esta vez fue una vecina de Reus la víctima del sistema en el que vivimos inmersos. Las armas homicidas son diversas: despidos, desalojos, accidentes laborales, cortes de luz pero hay dos factores que se mantienen constantes, los/as asesinos/as llevan traje y corbata, tienen puestos de responsabilidad y toman decisiones que afectan directamente a nuestras condiciones de vida. Por otro lado las víctimas somos los/as currelas, los/as que llegamos justos/as a pagar las facturas. Y ese fue el problema, nuestra vecina Rosa, jubilada de 81 años, no llegó y la compañía Gas Natural le cortó la luz hace dos meses, desde entonces Rosa utilizaba velas para iluminar y calentar la pequeña casa en la que vivía hasta la madrugada del 14 de noviembre cuando su colchón se incendió y con éste el resto de la casa, provocándole la muerte.
Hasta aquí lo que todos los medios nos han contado hasta la saciedad, pero analicemos un poco más este punto: “la compañía eléctrica le cortó la luz” ¿Qué significa esto? Alguien tomó esa decisión, gente con nombres, apellidos y familia crearon informes, firmaron documentos, analizaron riesgos, realizaron en fin un trabajo aséptico, burocrático y limpio, que sin embargo desembocó en la muerte de una persona, que desemboca día a día en la angustia de miles.
Esa es la tragedia de este sistema y al mismo tiempo el motivo por el que funciona, se trata de una enorme máquina de generar sufrimiento en la que cada pequeña pieza hace su pequeña parte del trabajo sin sentir culpabilidad alguna. Lo cual no puede servir para eximirles de responsabilidad sino para saber a dónde debemos apuntar si queremos desmontarles el chiringuito, tenemos claro que todos/as somos parte del sistema pero mientras algunos/as estamos en él a la fuerza y tratamos de ponerle todas las trabas posibles, otros/as procuran engrasarlo y que funcione a toda potencia y no vamos a dejar que sus conciencias queden limpias. Para nosotros/as utilizar cualquier palabra que no sea asesinato para describir este caso es insultar a todas las personas que están sufriendo este sistema podrido.
Una vez más, comprobamos cómo la dinámica de empresas e instituciones es la misma de siempre, apretarnos y apretarnos las tuercas hasta que hay un/a muerto/a encima de la mesa, entonces pelearse entre unos/as y otros/as por quién es el culpable, haciendo mucho ruido y desviando la atención del debate real. Gas Natural (la empresa que cortó el suministro a Rosa) culpa a la Generalitat de no tener establecidos unos protocolos válidos sobre cómo actuar antes del corte de luz.
La Generalitat abre expediente sancionador en este caso concreto para calmar los ánimos sin actuar sobre el resto de miles de casos similares. Gas Natural, para lavar su imagen, ordena la suspensión de todos los cortes de luz en Reus, incluidos los ya programados. Al fin y al cabo medidas todas ellas mediáticas encaminadas más a conseguir un titular que a acabar con un problema real.
Unas 7.000 muertes al año podrían estar relacionadas con la pobreza energética. La pobreza energética se define como la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 21oC en invierno y 25oC en verano). Los mayores problemas derivados de la pobreza energética se manifiestan obviamente en invierno. Según un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales un 11% de los hogares de España, 5’1 millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en esta época del año.
El número de hogares con algún retraso en el pago de las facturas se ha duplicado desde el inicio de la crisis. Del mismo informe se desprende que unas 7.000 muertes al año podrían estar relacionadas con la pobreza energética, teniendo en cuenta el número de muertes adicionales que se producen en invierno y que de las mismas un 30% tendrían relación con este fenómeno según la Organización Mundial de la Salud. Tal cifra pone los pelos de punta si tratamos de escapar de la frialdad de los números, pensamos en las personas que hay detrás de ellos y en lo fácil que sería evitar estas situaciones.
Suena ridículo comprobar que España es de los países en los que más ha subido el precio de la energía para un hogar promedio durante los años que llevamos de crisis, alrededor del 80% entre 2008 y 2014, sobre todo teniendo en cuenta que en ese mismo periodo se ha reducido el poder adquisitivo de las familias debido al desempleo masivo y las subidas del IVA entre otros factores. Que las empresas energéticas sigan teniendo beneficios millonarios mientras miles de familias pasan frío en invierno solo puede ocurrir en un sistema económico enfermo y sólo puede ser defendido por personas con nula empatía.
La ley catalana contra la pobreza energética obliga a que antes de cortar cualquier suministro básico las compañías deben avisar a los servicios sociales para valorar la situación de vulnerabilidad de la familia y actuar en consecuencia, ante esto las compañías argumentan que verificar cada corte colapsaría los servicios sociales, además de dificultar el cobro de su cartera de clientes. Por ello, piden otro protocolo “realista”. Podemos ver claramente cómo lo que le preocupa a las compañías no es el colapso de los servicios sociales sino seguir actuando libremente, les interesa que su chantaje mafioso siga provocando miedo entre los/as nuestros/as: o las facturas o el frío, o la hipoteca o la calle, o agachas la cabeza o el paro. Por otro lado vemos cómo el Estado cumple un papel de falso juez mediador, diciendo una cosa y haciendo la contraria o dejando hacer.
Se puede argumentar que la solución del problema pasa por que sean las instituciones las que regulen y pongan freno a los abusos de las compañías. Para nosotros/as las instituciones no reflejan más que un equilibrio de poder entre dos sectores de la sociedad, nosotros/as, que estamos jodidos/as y ellos/as, que nos joden, ahora es obvio de qué lado está inclinada la balanza y de qué parte están las instituciones, bajo nuestro punto de vista sólo la presión popular puede cambiar ese equilibrio de poder y hacer que se respeten nuestros derechos.
Cómo ejemplo más cercano rescatamos las palabras de Ana Sobrino en su entrevista a El Diario [1] porque nos parecen muy reveladoras de cómo la vergüenza y la culpabilidad tienen más importancia de la que creemos en los procesos de lucha, cómo la sensación de que los problemas que sufrimos son culpa nuestra y no del sistema en el que vivimos nos impide actuar y cambiar las cosas: “Cuando ves que estás ayudando a otros y otros te ayudan, te das cuenta de que no estás sola y de que no eres la única. Que nos puede pasar a cualquiera. El problema es que te hacen sentir culpable. Eso lo he aprendido en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Me ha cambiado la vida”.
Visto el agotamiento de los “asaltos institucionales” y las distintas decepciones a las que han conducido a aquellas personas que desde los movimientos sociales confiaron en ellos sinceramente, creemos que ahora toca apostar por el tipo de soluciones que siempre hemos apoyado desde estas líneas, soluciones que pasen por lo común, por la empatía entre iguales y por el enfrentamiento directo entre los/as que sufrimos este sistema y los gestores del mismo.
Puedes leer más información sobre pobreza energética en el texto redactado por la Asamblea de Vivienda de Madrid y publicado en este mismo periódico: www.todoporhacer.org/la-oscuridad-que-acecha-2
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[1] www.eldiario.es/sociedad/ pobrezaenergetica-desahucios_0_581642689.html