A principios de octubre los medios se empezaron a hacer eco de una situación que se lleva arrastrando desde hace meses: la Administración Pública no está dando citas a personas extranjeras para regular su estancia en el Estado español. Como consecuencia, muchas se ven obligadas a vivir con la enorme losa de ser consideradas “ilegales” y corren el riesgo de ser expulsadas del sitio en el que viven. Y se trata de una decisión política de no dar facilidades a extranjeras para una serie de gestiones que deberían ser tan sencillas como renovar el DNI.
Por supuesto, el interés de los medios en esta situación no cayó del cielo. Como todo en esta vida, se ha luchado por lograrlo. El día 3 de octubre se lanzó la campaña #SinCitasNoHayDerechos en redes sociales, acompañada de varias movilizaciones de personas migrantes a ambos lados de la céntrica calle de Silva, donde se encuentra la oficina de extranjería en la que se tramita la documentación que da acceso a una residencia regular o a la renovación de la misma.
La residencia es el punto cero del derecho en el Estado español, lo que permite acceder a un trabajo, caminar tranquilamente por las calles sin la amenaza de una eventual expulsión, y en general cualquier derecho que dependa de tener la documentación en regla. Las protestas ponen en evidencia la urgencia por que se normalice el acceso a las citas necesarias para poder avanzar con el proceso de regularización.
Por supuesto, los medios no sólo se han centrado en los esfuerzos de las convocantes (entre otras, la Coordinadora de Barrios, la Red Solidaria de Acogida, Territorio Doméstico, SEDOAC, Sindicato de Manteros, Karibu y Valiente Blangla), sino también en la mezquindad de algunas personas que revenden sus citas a otras, más desesperadas que ellas, a cambio de unos 180 euros. Un artículo de El Confidencial revelaba que, mientras varias afectadas y activistas estaban protestando en la calle, despachos de abogados, particulares y locutorios estaban haciendo caja con la escasez de citas, vendiéndolas hasta por Wallapop. La solidaridad de muchas eclipsada por la posibilidad de obtener ganancias de otras.
Las compañeras de El Salto acudieron a una de las protestas frente a la comisaría de la calle Silvia y entrevistaron a Abdel, quien acudió a la manifestación tras verla en las redes sociales. “Llevamos mucho tiempo esperando para pedir cita, como dicen aquí, y no hay cita ni hay nada. He necesitado tres meses para entrar en el registro y ahora necesito otros tres meses para coger cita y otros tres meses para legalizarme y obtener mi documento. Esto implica que en los controles de policía no paran de identificarte y que si algún día te topas con alguien un poco rabioso o que quiere aplicar la ley, te va a significar una expulsión, o te lo va a hacer más complicado, y no es porque tú no quieras regularizar tu situación, es porque no hay cita”, explica.
Tras varios días de campaña, el 9 de octubre los servicios de extranjería publicaron un comunicado informando que darían un nuevo horario para acceder a las citas por el sistema. Sin embargo, migrantes y activistas desconfían de los movimientos de la Administración y permanecerán atentas. De momento, la campaña sigue en pie.