Prensa y redadas, una historia de racismo en Vallecas

La historia que vamos a contar transcurre en Puente de Vallecas, pero podría haber sucedido en cualquiera de los barrios que por motivos electorales o especulativos se han convertido en la diana de los medios de comunicación. El argumento es sencillo, más bien burdo: a través de los mass media se crea una falsa sensación de inseguridad, se elige un chivo expiatorio (migrantes y jóvenes a los que impunemente se puede acusar de traficantes, de banda latina, de cualquier cosa) y la policía actúa para atajar ese problema. “La prensa señala, la policía dispara”: la consigna que tantas veces hemos repetido tras actuaciones represivas contra movimientos sociales, aplicada contra nuestras vecinas. Todo comienza con un artículo tendencioso en el ABC, con todos los estereotipos vinculados a la inseguridad (trapicheos, hurtos, okupas, ancianos asustados), ilustrada con una fotografía de unos jóvenes de origen magrebí a la puerta de un bar en la calle Monte Igueldo de Vallecas y acaba, solo cinco días después, con una redada en ese mismo bar llevada a cabo de manera peliculera con furgonetas cortando la calle y despliegue de armas largas por más de una decena de policías nacionales.

Con este artículo pretendemos, además de sacar la rabia contenida tras ver a nuestros vecinos de cara a la pared por culpa de unos miserables, visibilizar las consecuencias que tienen los discursos sensacionalistas contra nuestros vecinos más vulnerables.

Si no hay bares de españoles, tengo miedo

En el artículo, Adolfo, dueño del bar La Perla en Monte Igueldo, nos cuenta que la zona está desierta, como un polígono industrial de noche y que es peligroso salir a esas horas. Al parecer, según el periodista el motivo es que “Aunque parezca mentira, establecimientos como el suyo no abundan en esta calle”. Ante esta afirmación, tenemos dos opciones: o bien, no parece mentira sino que lo es, o el periodista suelta su primera racistada en la tercera línea de su texto. No sabemos si son bares como el suyo, pero en los 8 minutos que tardamos en recorrer los 750 metros que separan este local de la Avenida de la Albufera contamos 16 bares y restaurantes abiertos. Algunos están llevados por árabes, por gente de origen latinoamericano o chino y otros, los menos, por esos españoles de toda la vida. Nos cuesta entender cómo el origen de los dueños o el sabor de la comida puede convertir en peligrosa una zona.

Siguiendo con la peligrosidad del barrio, dan voz a algunas vecinas jóvenes que nos cuentan que por la noche no vuelven a casa solas o mayores que no salen cuando se ha puesto el sol. No será desde aquí desde donde se banalizará el miedo legítimo y razonable que muchas mujeres sienten al caminar solas por calles oscuras y desiertas, pero la inseguridad es una sensación que se construye con experiencias, vivencias, comentarios, pero también con artículos como el citado que nos vende un panorama apocalíptico muy distante de la realidad. En este punto, tenemos que acordarnos de las compañeras de PAH Vallekas que hace un año, en la manifestación contra la degradación y abandono del barrio, analizaban con claridad cómo abordar el problema de las calles oscuras: “Hay mucha policía, no me cuentes trolas en Vallekas lo que faltan son farolas”. A todo esto, y sin ser muy amigos de la Policía y sus informes, hay que destacar que en mayo de 2018, Telemadrid anunciaba que los delitos habían caído en un 11% en la zona en el último año y Europa Press, en una nota de estos días, revelaba que el distrito de Puente de Vallecas era en el que más se había reducido la criminalidad, destacando que “en 2018 no hubo ningún homicidio, el total de robos con violencia y/o intimidación bajó un 7,87 por ciento, los robos con fuerza en viviendas cayeron un 34,75 por ciento, los hurtos un 4,4 por ciento, los robos dentro de vehículos un 5,26 por ciento y la sustracción de vehículos un 30,85 por ciento”.

Si bajo a por el pan, okupan mi casa

Como adelantábamos, el texto del ABC toca todos los temas que un artículo sensacionalista tiene que tratar para poder criminalizar a los más vulnerables, por lo que no podían faltar las mafias okupas. Y aquí, nos toca repetirnos para tratar de parar el bombardeo mediático contra nuestras vecinas que se buscan la vida habitando casas abandonadas. Como decíamos el mes pasado analizando la campaña de #StopOkupas del PP: “Evidentemente hay personas que obtienen un beneficio económico a cambio de abrir una puerta, pero de ahí a llamarlo mafia hay un paso, pues suelen ser personas que ni con esta labor escapan de una situación de precariedad económica. Comparar a las auténticas mafias, con sus vínculos políticos, sus operaciones de blanqueo, tráfico y especulación de millones de euros, sus regueros de muertos, etc., con pequeñas redes de personas con ciertos conocimientos de cerrajería, viene a ser como compararme con Messi porque metí un gol en un pachanga con colegas”. En nuestro artículo también hacíamos hincapié en que las viviendas okupadas pertenecen prácticamente siempre a grandes propietarios y aquí ABC nos da la razón cuando nos dice que en el barrio existe “una gran bolsa de viviendas vacías (Ivima, EMVS o privadas por los desahucios derivados de la crisis), el 80% en manos de fondos de inversión”. Este es el verdadero crimen: vivienda pública vacía y fondos buitres especulando con un producto de primera necesidad.

Pese a que es reconocido por todos que las viviendas vacías que son okupadas pertenecen en casi su totalidad a fondos de inversión, bancos y grandes propietarios, últimamente leemos en los periódicos barbaridades como que “la mafia de la okupación cuando alguien muere o va a un hospital, avisan a una familia con niños, peguen una patada en la puerta y para adentro” (El Mundo, este mismo mes), o que las vecinas para que no les okupen la casa “se ponen de acuerdo para la hora de ir a comprar el pan, de visitar a los hijos o acudir al mercado” (El País, noviembre de 2018). Cinco meses de distancia y la misma fuente, Olga Domínguez, miembro de una asociación sin miembros ni presencia, que se dedica a extender el miedo entre sus vecinas contando patrañas: nadie con un mínimo conocimiento (y menos okupas mafiosos profesionales) entrarían en una casa habitada, puesto que el desalojo es inmediato y el delito de allanamiento de morada conlleva penas de prisión).

Y otra vez las cámaras

La cercanía de las elecciones y la posibilidad de echar un poco de mierda al Ayuntamiento, ha hecho que Ciudadanos y PP retomen la exigencia de instalar videovigilancia en Monte Igueldo y ABC y El Mundo, en los artículos que comentábamos han cedido sus páginas como altavoz. Hace año y medio, abordábamos el tema y decíamos que “las cámaras no evitan la delincuencia. La heroína sigue muy presente en el Raval al igual que el hachís en Lavapiés. Es más, si fuera cierto que las cámaras desplazan el delito, no me gustaría tener que transitar por las calles paralelas a Monte Igueldo cuando éstas estén instaladas en absoluta –y únicamente todas sus esquinas”. El argumento esgrimido para instalar veinticinco cámaras en el poco más de un kilómetro de esta calle era la proliferación de narcopisos y según nos informa ABC, y vemos en nuestro día a día, más del 80% de estos han sido desmantelados tras las movilizaciones vecinales y el ruido mediático que las acompañó, lo que demuestra lo que muchas decíamos: los narcopisos eran tolerados.

Pues a pesar de que las cámaras han demostrado su inutilidad para atajar el delito allí donde se han puesto (decíamos Lavapiés y el Raval, pero no nos olvidemos de Londres), el Ayuntamiento sigue empeñado en gastar más de 300.000 euros en su instalación en el distrito con menor renta de toda la ciudad.

Crónica de una redada anunciada

Como decíamos al inicio del texto, el motivo para escribir estas líneas no era solo el asco que nos producían los artículos que se estaban publicando con mentiras y exageraciones sobre las calles en las que vivimos, sino que éstos tienen una influencia directa en la vida de sus habitantes más vulnerables. Hablar de mafias okupas nos hace ver a nuestra vecina como una delincuente y no como a una persona que habita una vivienda de la que anteriormente había sido expulsada otra por un banco y decir que “de día hay corrillos de hombres ociosos en las esquinas y no sabemos qué hacen” presume la culpabilidad de nuestros vecinos desempleados que se toman un té con sus paisanos.

Hablar de mafias okupas nos hace ver a nuestra vecina como una delincuente

Y cuando se niega la condición de vecino, de habitante en igualdad de condiciones que el resto, se permiten escenas como la que quienes escribimos estas líneas presenciamos solo cinco días después de publicarse el artículo de ABC, precisamente en la puerta del bar que aparecía en la foto que ilustraba dicho artículo: la calle Monte Igueldo y sus dos perpendiculares cortadas por coches y furgonetas policiales y más de una decena de policías sacando a todo el que estaba en el bar para proceder a su identificación con su actitud chulesca y macarra habitual (“desde aquí el tiro te lo doy en la nuca, desde más lejos te daría en la pierna” a uno de los marroquís identificados, “Vosotros qué sois, ¿observadores de la ONU?” a quienes escribimos, también identificados por quedarse mirando – humor policial).

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