Vallecas contra la droga y la especulación

Desde hace unos meses, el casco antiguo de Vallecas está presente en todos los medios de comunicación. Este octubre, algunas personas de la zona de la avenida de Monte Igueldo, la más cercana a la M-30 y a Méndez Álvaro, salieron a la calle para denunciar la existencia de narcopisos, viviendas o bloques enteros usados para la venta y consumo de droga, incluso para su fabricación, pidiendo su cierre. Lo que se inició con unas caceroladas por las calles de unas pocos/as vecinos/as dio lugar a una puesta en común de un problema que afectaba a todos/as: la droga estaba volviendo a Vallecas, la gente se sentía insegura y el barrio estaba hecho una mierda.

A remolque de las quejas vecinales, las autoridades municipales, partidos políticos, periodistas, etc., pusieron el foco en el barrio, vendiéndolo como un lugar peligroso, donde la convivencia se hacía imposible y que necesitaba urgentemente una intervención de carácter policial, con más agentes y videovigilancia, para devolverlo a la normalidad. Pero esta normalidad implica abandono de la periferia, especulación inmobiliaria y subida de los alquileres, criminalización de la población migrante y de nuestros/as vecinos/as que, por una u otra razón, habitan viviendas okupadas.

¿Qué está pasando en Vallecas?

Como adelantábamos, los hechos son los siguientes: desde hace aproximadamente un año, decenas de pisos abandonados han sido okupados por traficantes para la venta, consumo y fabricación de drogas duras, lo que ha provocado que la avenida de Monte Igueldo, anteriormente una de las calles más comerciales del barrio, y las calles colindantes, tengan un trasiego constante de personas que acuden a estos locales a consumir. El guante ofrecido por los/as primeros/as vecinos/as que salieron a la calle con cacerolas fue recogido por la Asociación de Vecinos/as de Puente de Vallecas que denunciando la falta de inversiones de la Comunidad de Madrid y, tibiamente, del Ayuntamiento, la desaparición del pequeño comercio y su sustitución por locales de juego, señalaba “cómo nuestros históricos cines se han convertido en gimnasios, discotecas o moles de hormigón abandonadas, cómo el patrimonio histórico y múltiples viviendas y locales del barrio están en manos de la especulación inmobiliaria de bancos y fondos de inversión, sin duda los principales responsables de la degradación de nuestro barrio, consintiendo ocupaciones mafiosas y la proliferación de narcopisos y prostíbulos con el único objetivo de degradar más nuestras calles para cumplir sus oscuros objetivos especulativos futuros” convocó a una asamblea a la que acudieron más de doscientas personas. En esta asamblea, de la que hay que destacar la ausencia de población de origen extranjero (salvo la organizada en la PAH) que constituye el 25% del barrio de San Diego, epicentro de las protestas, los/as participantes recordaron cómo en los años ´80 la droga poblaba el barrio y se llevaba por delante a una buena parte de sus habitantes, mostrando sus temores ante el repunte de la heroína. Pero también se habló de inseguridad, de especulación inmobiliaria, de okupas (buenos y malos), de policía y de videovigilancia.

La asamblea finalizó con la convocatoria de una manifestación con el lema Contra la degradación del barrio: Todos/as a la calle para recuperar Vallecas para sus vecinos/as, que el 15 de noviembre recorrió las calles del barrio con la participación de unas dos mil personas, de la que hay que destacar el nutrido y combativo bloque de PAH Vallekas.

Esta movilización vecinal ha logrado la atención de los medios de comunicación y de la Delegación de Gobierno, que tras meses de inactividad, el 24 de noviembre desalojaba nueve viviendas utilizadas por traficantes y detenía a veinticinco personas.

Seguridad

Agua en mi casa, es seguridad.
Luz en mi casa, es seguridad.
Farolas en mi barrio, es seguridad.
Matones en mi barrio, que se vayan ya.
Cántico entonado en el bloque de la PAH en la manifestación contra la degradación del barrio.

La principal queja de los/as vecinos/as viene relacionada con la sensación de inseguridad que se vive en el barrio. Decimos sensación adrede, pues este concepto es tremendamente subjetivo y depende de las condiciones y vivencias personales, de la información recibida y del estándar de seguridad que cada uno/a necesita. La presencia de adictos/as se asocia a una delincuencia de baja intensidad (tirones, robos al descuido en tiendas, destrozos en automóviles para sustraer cosas de ínfimo valor) que no todos/as sufrimos de igual forma. Es fácil imaginar que quienes escribimos esta publicación, tenemos menos posibilidades de sufrir un tirón que un vecino mayor, pero esto no nos puede llevar a negar que existe un problema y que éste debe ser afrontado.

Al mencionar sensación también queríamos hacer hincapié en algo que en estos días hemos escuchado en asambleas de vecinos/as y visto en periódicos que abordaban el problema de la droga en Vallecas: hablar de inseguridad cuando realmente hablas de racismo de mierda. Esta semana leíamos en la publicación digital El Confidencial unas declaraciones de vecinas del barrio que señalaban que “nadie se atreve a caminar cuando cae el sol. Ya no quedan negocios locales, solo los propios de los inmigrantes, como peluquerías o fruterías. Se han marchado más de cien comerciantes de Monte Igueldo” y en reuniones hemos oído a vecinas decir que hay mucha inseguridad en el barrio y “que los dominicanos están el parque escuchando música muy alta” o que nadie entra en su escuela de danza “porque los gitanos toman el sol sentados en la acera”. Además de explicarles a estas vecinas que las naranjas que vende nuestro frutero marroquí o ecuatoriano siguen siendo de Valencia, hay que combatir ese discurso de que el casco viejo de Vallecas se ha convertido en un lugar inhabitable. Primero, porque es falso, y segundo, porque de lo contrario estaríamos haciendo el juego a aquellos/as que quieren extender esa sensación de miedo para llenar de policías y cámaras nuestros barrios para convertirlos en lugares más atractivos para gente más pudiente. Igual de peligrosa nos parece la asociación, a la que hacíamos mención antes, de gente diferente en la calle = inseguridad: la criminalización de nuestros/as vecinos/as porque su ocio se desarrolle en plazas y parques, en lugar de encerrados/as en casas o bares, nos muestra un barrio vivo y diverso que utiliza el espacio público que hemos regalado a los coches y a las terrazas.

Sobre la propuesta de videovigilancia

Hay mucha policía, no me cuentes trolas
en Vallekas lo que faltan son farolas.
Otra vez la PAH

Estas peticiones de mayor seguridad han llevado a la Junta de Vallecas a solicitar a Delegación de Gobierno la instalación de cámaras de videovigilancia en las calles, quien ve con buenos ojos la iniciativa.

Lo bueno de vivir en una ciudad monstruosa como Madrid, es que tenemos múltiples ejemplos de qué ha pasado en otros barrios donde se ha implementado la videovigilancia y cómo ésta ha ido unida a planes de revitalización de espacios degradados por la presencia de droga y delincuencia. Podemos retroceder unos años atrás y ver cómo ha quedado el llamado triángulo de Ballesta, a espaldas de la Gran Vía: los comercios tradicionales han sido sustituidos por bares de moda y espacios de arte y la población expulsada por la subida de los precios de alquiler. También, al pasear por Lavapiés veremos estos artilugios creadores de seguridad, tras una campaña mediática que mezclaba inmigración, drogas, islamistas y antisistemas, el Ayuntamiento aprobó un plan especial de seguridad y la instalación de videovigilancia en el barrio. En unas declaraciones recogidas hace ocho años por el extinto periódico Diagonal, un hostelero del barrio relataba: “Yo era de los que, hace un par de años, pensaba que más policía iba a traer más seguridad. Fuimos muy ingenuos. Están centrados en la represión; se dedican a molestar a inmigrantes trabajadores en vez de ir detrás de los delincuentes”. Al parecer, el número de efectivos policiales no ha tenido más que un efecto cosmético en los supuestos problemas de inseguridad de la zona “No son eficaces. Puede parecer que ha desaparecido cierto tipo de delitos pero realmente está todo igual. No es más que un lavado de imagen del Ayuntamiento para contentar a sus votantes. Éste es el tipo de falsa seguridad que suele ofrecer la derecha”. En cuanto a la utilidad de las cámaras para frenar la delincuencia, nos basta dar un paseo por las calles de Lavapiés para ver cómo continúa el trapicheo de drogas a la sombra de estos aparatos. Lo que sí podemos ver son los resultados que está teniendo la política de revitalización en el barrio y, casualmente, se asemejan demasiado a lo sucedido en Malasaña o Ballesta: proliferación de tiendas de arte y moda, vecinos/as de toda la vida expulsados/as del barrio incapaces de hacer frente a las nuevas rentas, desalojos de bloques enteros para la construcción de pisos turísticos, persecución a la población migrante…

Sin echar la vista atrás, sino un poco más al norte, el barrio de Tetuán nos permite ver un procedimiento muy similar al que está sufriendo el casco antiguo vallecano. Un espacio abandonado por las instituciones, medios de comunicación bombardeando sobre una supuesta inseguridad, cercano a zonas de mayor poder adquisitivo y vigilado de cerca por inmobiliarias y constructoras que quieren aumentar sus negocios. Proyectos de videovigilancia, criminalización de la población migrante, pero también un barrio organizado que en estos días ha salido a la calle con el lema de Tetuán no se vende para denunciar la especulación urbanística y de Tetuán: orgullo, dignidad y convivencia para romper el estigma que se está creando contra un aparte de su población.

Especulación y okupación

De acuerdo con un artículo publicado por ABC (escrito por el periodista-policía Carlos Hidalgo), en Puente de Vallecas hay más de 400 viviendas okupadas localizadas. Según manifestó el concejal de Puente de Vallecas, Paco Pérez, en la reunión de vecinos/as comentada, los treinta y tres narcopisos contabilizados eran propiedad de bancos y fondos de inversión que no hacían nada por denunciar las actividades desarrolladas en sus propiedades y recuperar su posesión.

De estos datos sacamos algunas conclusiones: que las okupaciones de viviendas en las que se cometen actos ilegales son una clara minoría, que el número de pisos vacíos en el barrio es escandaloso y que los grandes propietarios están llevando a cabo un proceso de abandono planificado para abaratar los precios de la vivienda para continuar con su modelo de negocio que tanto éxito les ha dado en Malasaña y Lavapiés.

Ante distintos comentarios escuchados en estos meses por el barrio, queremos hacer una clara defensa de la okupación de casas vacías. Por un lado, como una manera de ataque a la propiedad privada y como forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda. Pero también, y de esto deberíamos hacer una labor pedagógica con nuestros/as vecinos/as, como forma de cuidar el barrio y mantenerlo vivo. Como decía la Oficina de Vivienda en el siempre recomendado texto Vecinas okupas, una vivienda habitada “tiene beneficios para el resto de vecinas. Las viviendas vacías producen una gran cantidad de problemas, tanto para el edificio como para el resto de la sociedad. Cuando no están habitados, es mucho más probable que los pisos tengan problemas de humedad y salubridad que cuando tienen habitantes, ya que no hay nadie que se preocupe de su mantenimiento. Además, en los casos en los que los bancos son los dueños de las viviendas –por ejemplo, porque se ha producido una ejecución hipotecaria- estos se niegan a pagar los recibos de la comunidad, haciendo que estas se arruinen y se vean obligadas a cortar servicios esenciales. En cambio, la mayoría de las personas que okupan una vivienda hacen lo posible por contribuir a estos gastos, ya que también necesitan esos servicios y comprenden la situación de la comunidad. Pero además, la okupación también tiene beneficios para el conjunto de la sociedad. La existencia de viviendas vacías que permanecen cerradas mantiene elevados los precios de los alquileres y las hipotecas, ya que todas esas viviendas no salen al mercado. En cambio, cuando existe un movimiento fuerte de okupación, los propietarios de pisos se ven obligados a bajar los precios, ya que de otra forma no pueden alquilarlos.”

También es habitual oír en boca de los/as vecinos/as el argumento policial de que “con las leyes que protegen a los okupas, no podemos hacer nada”. Las únicas leyes que aquí conocemos es la introducción de la usurpación de viviendas como delito en el Código Penal de 1995, leyes como el desahucio exprés y prácticas cada vez más extendidas de desalojos extrajudiciales que hacen que recuperar una vivienda abandonada sea cada vez más difícil y arriesgado. A pesar de esto, se va extendiendo la opinión de que se necesitan más juzgados, legislación más dura y más rápida para desalojar las viviendas okupadas para así evitar los narcopisos, cuando el desalojo de estos locales no viene generado porque esté okupado, sino porque en su interior se está cometiendo públicamente un delito de tráfico de drogas. Un ejemplo de que si la policía quiere acabar con estos negocios tiene todos los medios a su alcance, es el desmantelamiento de los nueve locales en un mismo día debido a la presión vecinal.

Y mientras tanto en el barrio del Raval de Barcelona…

… nos encontramos con una situación prácticamente idéntica. Para quien no conozca Barcelona, el Raval se encuentra a un lado de Las Ramblas, en el Distrito de Ciutat Vella y, por tanto, en pleno centro. Desde hace más de un año, los traficantes han okupado más de sesenta viviendas para convertirlos en narcopisos. Como ocurre en Vallecas, gran parte de ellos pertenecen a bancos y fondos de inversión y están vacíos debido a procesos de desahucio por impago o por no renovación de los contratos. La presión de los/as vecinos/as está llevando a los cuerpos policiales a intervenir, desalojando más de una treintena de estas casas de la droga y se están dando casos de okupación por los/as propios/as vecinos/as de estos pisos desalojados para convertirlos en vivienda social de habitantes del barrio necesitados/as. Así lo señalan los/as afectados/as cuando relatan la última okupación vecinal “El objetivo prioritario de la acción es impedir que lo vuelvan a ocupar los mismos que sí que actuaban de forma ilegal e ilegítima, exigir que el uso que se dé al espacio sea el de un alquiler social o uso colectivo para las necesidades del barrio y apoyar la lucha frente a los grupos inversores que quieren expulsar a las vecinas para hacer negocio usando todas las artimañas legales e ilegales para hacerlo”

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