La matanza de Acteal. Masacre paramilitar en México contra indígenas a finales del siglo XX

La matanza de Acteal fue una incursión paramilitar en la localidad del mismo nombre, ubicada en el municipio de Chenalhó, región de los Altos de Chiapas, sureste mexicano, el 22 de diciembre de 1997. Se cumplen veinticinco años de una masacre que regó de sangre un pequeño municipio chiapaneco, asesinando a 45 indígenas tzotziles. Posteriormente se demandó frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo por delitos de lesa humanidad, sin embargo la comunidad indígena víctima del ataque se desvinculó de la demanda, porque los demandantes estaban relacionados con el Partido de Acción Nacional, o el propio ex presidente Carlos Salinas; viendo que esa demanda tenía intereses parlamentarios únicamente.

La impunidad con la que se perpetran matanzas contra las poblaciones indígenas en América Latina, es una constante en la historia de los malos gobiernos en la imposición de su idea civilizatoria. Cuando «los nadie» deciden asomarse al abismo de la autonomía para construir sus propios caminos colectivos, los poderes toman venganza infringiendo represión y castigos para devolverles a la senda marcada por la construcción nacional. Esa misma edificación ideológica que trata de borrarles de la historia utilizando cualquier método violento, ya sea directo y descarnado como los gobiernos conservadores, o invisibilizado y manipulado como los gobiernos progresistas. Esta es la historia contemporánea del México abajo y a la izquierda: hacendados, empresarios, policías, narcotráfico y paramilitares como estrategia del shock, para mantener a las comunidades indígenas bajo su yugo.

La muerte disfrazada de paramilitar llegó tras el alba en un negro día de diciembre

A las 10 de la mañana del 22 de diciembre de 1997, paramilitares irrumpieron frente a una ermita de la localidad de Acteal donde se encontraban concentradas numerosas personas rezando por la paz en Chiapas. Fueron asesinadas en total 45 personas: 21 mujeres, 15 niños y niñas, y 9 hombres. Las víctimas eran indígenas tzotziles de la organización pacifista conocida como «Las Abejas». El ejército federal mexicano y la policía del municipio se encontraban cerca de la localidad, pero no intervinieron y se permitió que durante cinco horas los paramilitares emprendieran su matanza. Cuando las autoridades accedieron a la localidad, removieron cadáveres y los trasladaron a la capital de Chiapas, Tuxla; para practicar supuestamente las autopsias. Ni siquiera miembros y trabajadores de Cruz Roja pudieron acceder para asistir a heridos de la matanza.

Tras veinticinco años de la masacre no se ha conseguido una justicia real, porque esta no procede de unos tribunales, y eso lo saben bien los municipios indígenas mexicanos. Su contribución a una justicia social reparadora ha sido continuar la lucha en el sureste chiapaneco, y trabajar con gran esfuerzo en extenderla a todas las comunidades indígenas oprimidas para lograr su autonomía y emancipación. Esta matanza de Acteal debe enmarcarse en la violencia promovida desde los gobiernos mexicanos contra el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994. Esas políticas oficiales consistieron en la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares que, siempre y hasta la actualidad, el gobierno mexicano ha tratado de negar su vinculación con investigaciones sesgadas que impiden documentar información para aplicar una verdadera justicia.

Si bien la organización civil indígena «Las Abejas» no compartían estratégicamente la lucha armada del zapatismo debido a su perspectiva pacifista, sí que conciliaban con sus objetivos y argumentos políticos, y por ello el gobierno mexicano y los paramilitares vieron en este grupo un objetivo a violentar criminalmente. La versión oficial del gobierno mexicano fue rápidamente reducir la masacre a una confrontación entre comunidades indígenas para evitar toda responsabilidad en la matanza. La Procuraduría General de la República presentó conclusiones a investigaciones de gran irregularidad policial y sin garantías judiciales, que hasta la actualidad, son la única versión tomada como oficial.

La verdad, la justicia y la reparación siguen secuestradas hasta la actualidad

Fuentes periodísticas independientes acusaron directamente a mandos del ejército federal de haber colaborado con la masacre, bien con el suministro de armas o municiones utilizadas por las fuerzas armadas mexicanas, o bien con el entrenamiento forzado de civiles a quienes incitaron a usar la violencia. La presión internacional obligó a las autoridades mexicanas a detener a decenas de civiles tomados por paramilitares como autores de los crímenes, sin embargo, no ha habido jamás responsables ni autores intelectuales. Estos sospechosos fueron condenados por los tribunales federales en 2007, sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que liberar a la mayoría de presos en 2009, al reconocerse irregularidades en el proceso judicial; renovando la injusticia en todo lo relativo a esta masacre.

El actual gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador solicitaba hace dos años disculpas por esta masacre y se comprometía a entregar compensaciones económicas a las víctimas, así como becas a la vivienda y mejorar la infraestructura hidráulica de la comunidad. Una medida exclusivamente mediática, que ya ha venido realizando el gobierno mexicano, sin promover ninguna clase de cambio estructural, ni iniciar una justicia reparadora honesta y con voluntad sobre la violencia en México. Mientras su presidente afirma esas palabras ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos para cumplir los mínimos de buena imagen mundial, estos años de gobierno de López Obrador, la violencia contra los municipios zapatistas y otras regiones indígenas han continuado o se han incrementado.

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