Al inicio del verano, el 88% de la Franja de Gaza se consideraba una “zona militar” para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), eufemismo que significaba que la población civil había sido forzada a abandonarla. Sin embargo, el pasado 8 de agosto, el Gabinete de Seguridad de Israel desveló que pensaba actuar sobre buena parte del 12% restante y aprobó una nueva fase de la Operación Carros de Gedeón, es decir, del genocidio que está perpetrando en el enclave: tomar la Ciudad de Gaza –donde viven un millón de personas– y mantener el “control” permanente de la misma.
En cumplimiento de su plan, el 20 de agosto, Benjamin Netanyahu movilizó a 60.000 reservistas –en contra incluso de la opinión de Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las FDI– y actualmente ocupa la periferia de una ciudad que está siendo sometida a intensos bombardeos. Y ello con vistas a desplazar a toda la población del norte hacia el sur y recluir a los gazatíes en campos de concentración.
Unas semanas después, The Washington Post filtró un plan de posguerra para la Franja de Gaza, de 38 páginas, que circula dentro de la Administración de Donald Trump. En la línea de lo que había anunciado el presidente a principios de año, contempla la reubicación de los dos millones de habitantes del enclave. Los gazatíes recibirían 5.000 dólares, un año de alimentos y cuatro años de alquiler en otros países a cambio de abandonar sus casas y ceder los derechos de explotación de su suelo a los gringos. Según su visión, Gaza pasaría a considerarse un territorio bajo control estadounidense durante un periodo de diez años y la región, en la cual se construirían entre seis y ocho ciudades inteligentes movidas por una IA, se dedicaría a la producción tecnológica (una suerte de Silicon Valley) y al turismo de lujo.
Paralelamente a las operaciones militares en Gaza, Israel anunció el pasado 21 de agosto la aprobación de un nuevo bloque de asentamientos ilegales en Cisjordania (concretamente, 3.400 viviendas al Este de Jerusalén y cerca de Maale Adumim, otro asentamiento israelí) que, de llevarse a cabo, dividirá el territorio en dos. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas israelí, explicó sin pelos en la lengua que con ello se eliminaría la posibilidad a futuro de un Estado Palestino.
Los planes de Trump y Netanyahu evidencian su intención de completar la limpieza étnica del pueblo palestino y de entregar la totalidad del país a los sionistas y a las empresas occidentales que sostienen su régimen colonial.
Occidente mira, pero no actúa
Incluso figuras usualmente tibias con Israel, como Emmanuel Macron (Francia), o directamente colaboracionistas del genocidio, como Friedrich Merz (Alemania), han expresado en las últimas semanas su rechazo a los brutales planes israelí y estadounidense.
Por ello, y para intentar lavar una imagen muy dañada, el mismo 21 de agosto el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí anunció que, de cara al mes de diciembre, invitará a más de 400 delegaciones internacionales (es decir, unos 5.000 participantes) al país, con el objetivo de “ayudar a difundir la narrativa israelí en los medios internacionales”, según ha informado The Times of Israel. Hasta ahora, Israel solía recibir unas 25 delegaciones por año. Esto demuestra lo desesperado que está Netanyahu por cambiar la percepción de Estado paria que se ha granjeado entre la comunidad internacional.
Y es que la existencia de un genocidio es cada vez más difícil de negar. A principios de septiembre, los datos oficiales elevaron las muertes en Gaza a 64.7391 (y a 1.000 en Cisjordania) desde el 7 de octubre de 2023. Asimismo, el 80% de las infraestructuras de Gaza habrían sido destruidas en los últimos 23 meses.
De los fallecimientos en la franja, al menos 147 se han producido por inanición, una cifra que solo puede aumentar, según Unicef y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), quienes advierten que los indicadores clave de alimentación y nutrición en Gaza ya superan los umbrales de hambruna y que “se está agotando el tiempo para poner en marcha una respuestas humanitaria a gran escala”.
Según la última alerta de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF), los niveles son los peores desde que comenzó el conflicto y dos de los tres umbrales que indican hambruna se han superado en algunas partes de la Franja. El primero de estos indicadores, el consumo de alimentos, se ha desplomado en Gaza desde la última actualización del CIF en mayo de 2025. Más de un tercio de la población, hasta un 39%, se pasa varios días seguidos sin comer. La desnutrición aguda es el segundo indicador y ha aumentado “a un ritmo sin precedentes”. En la ciudad de Gaza, dice el CIF, los niveles de desnutrición entre los niños y niñas menores de cinco años se han cuadruplicado en dos meses y ha alcanzado en julio el 16,5%. Más de 320.000 niños y niñas, toda la población menor de cinco años de Gaza, corre riesgo de desnutrición aguda, según PMA y Unicef. Solo en junio, más de 6.500 niños y niñas fueron ingresados para recibir tratamiento contra la desnutrición.
Frente a esta barbarie, ningún gobierno occidental está actuando de manera contundente. Por ejemplo, el 8 de septiembre, el presidente español, Pedro Sánchez, realizó una solemne comparecencia en la que llamó a las cosas por su nombre y tildó de “genocidio” lo que Israel está perpetrando en Gaza. Sin duda, no habría proferido estas palabras si no fuera por la enorme movilización social a favor del pueblo palestino.
A continuación, Sánchez anunció la aprobación de una serie de medidas destinadas a “detener el exterminio”, las cuales incluyen (1) “consolidar el embargo de armas a Israel” que se lleva produciendo “desde el 7 de octubre de 2023”, (2) prohibir que atraquen en puertos españoles barcos que transportan combustible a las FDI, (3) prohibir el tránsito por el espacio aéreo español de armas con destino a Israel, (4) aumentar las partidas de ayuda humanitaria a Gaza, (5) la prohibición de importar productos que provengan de los territorios ocupados y (6) la limitación de servicios consulares a españoles en asentamientos ilegales.
No podemos evitar mostrar nuestro escepticismo ante afirmaciones como la de que (1) se va a “consolidar” el embargo de armas a Israel, cuando no es cierto que exista: y es que desde el mes de de octubre de 2023 hasta el de marzo de 2025, España ha realizado al menos 88 exportaciones de armas por valor de 5,3 millones de euros a empresas de seguridad israelíes y ha importado al menos 36,6 millones de euros en armas y carros de combate desde Israel. Asimismo, las empresas de defensa y seguridad israelíes, sus filiales o terceras empresas en relación con productos israelíes han sido adjudicatarias de al menos 40 contratos de instituciones españolas por un valor de más de mil millones de euros.
Asimismo, las medidas muestran algunos resquicios importantes, como por ejemplo el hecho de que (2) aunque se prohíba que atraquen en puertos españoles barcos que transportan combustible, no se impide que transporten armas o materiales estratégicos como el acero.
Además, en cuanto al anuncio (3) de que no pasarían armas para las FDI transportadas por avión por el espacio aéreo español, la cadena SER aclaró unas horas después que esa medida no afectaría a los aviones estadounidenses que hicieran escala en las bases de Rota o Morón, como ocurrió durante la ofensiva contra Irán de hace unos meses.
Solo el pueblo salva el pueblo
A nivel internacional, el Gobierno del PSOE y Sumar se consideran uno de los Ejecutivos más implicados con la causa palestina. Es muy triste, pero es que el panorama mundial de ultraderechización no da para mucho más. Pero, pese a tener esta reputación, el Ejecutivo español no se atreve a romper definitivamente relaciones con Israel, lo cual habría sido una medida mucho más eficaz contra el genocidio.
Tanto en el Estado español como en el resto de países de nuestro entorno, la solidaridad con Palestina está siendo reprimida por los gobiernos, con independencia de su color. Prueba de ello son las más de 800 detenidas en el Reino Unido por expresar su apoyo al grupo ilegalizado Palestine Action, o las estudiantes detenidas y expulsadas en EEUU por acampar pacíficamente, por citar algunos ejemplos. Pese a ello, la lucha no cesa y seguimos saliendo a las calles a protestar, pedimos el boicot a empresas que colaboran con el genocidio o la ocupación, cortamos las calles al paso de la Vuelta ciclista que blanquea la limpieza étnica, colocamos pancartas, repartimos flyers, pegamos pegatinas, etc.
Existen varios ejemplos de activistas que, ante la inacción de los Gobiernos, han tomado la iniciativa para intentar hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y paliar los efectos de la hambruna. Por ejemplo, en junio unas 4.000 personas de 80 países distintos llevaron a cabo una Marcha a Gaza e intentaron romper el bloqueo humanitario y llegar a la frontera de Rafah con Egipto. Sin embargo, fueron brutalmente apaleadas, detenidas y/o deportadas por las autoridades egipcias.
Más recientemente, el 31 de agosto, cuatro decenas de barcos civiles partieron del puerto de Barcelona en la Global Sumund Flotilla, la flotilla más grande de la historia, y confluyeron con otras embarcaciones procedentes de Túnez en alta mar unos días después. En esta iniciativa participan 2.000 personas que provienen de más de 44 países, cargados de alimentos, leche en polvo y medicamentos. Se trata del tercer intento de romper el bloqueo por mar en lo que va de año, después de que los dos anteriores fueran asaltados por las FDI y sus tripulantes detenidas y expulsadas.
En el momento en el que escribimos estas líneas, la flotilla todavía no ha llegado a la costa de Gaza, pero el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha anunciado que les tratará como a terroristas. Ante esto, los estibadores de Génova, en un precioso ejemplo de solidaridad internacionalista, amenazaron con bloquear todos los envíos a Israel [13.000 contenedores al año] si se cumplen las represalias. “Si perdemos el contacto con nuestros barcos, con nuestros compañeros, aunque sea por 20 minutos, paralizaremos toda Europa”, declaró un estibador del Colectivo Autónomo de Estibadores (CALP) en un vídeo viral.
Unos días después, la Unión Sindical de Trabajadores Portuarios, el sindicato mayoritario del comité de empresa del puerto de Barcelona, se sumó al CALP: “el Estado de Israel está imponiendo sobre la población de Gaza aquello que la Organización de las Naciones Unidas ha calificado como «hambre provocada» y «crimen de guerra», empujando a la inanición y en la muerte una región habitada por aproximadamente 2,1 millones de personas, de las cuales el 100% sufre inseguridad alimentaria aguda y unas 641 000 ya se encuentran en situación de hambre extrema. […] Los trabajadores portuarios, y toda la clase trabajadora de Europa en general, no podemos restar impasibles ante las guerras que se llevan a cabo con la complicidad necesaria de nuestros gobiernos, que utilizan armamento producido a nuestras fábricas y que, a través de nuestros puertos, transportan material bélico para masacrar trabajadores otras partes del mundo”.
Por ello hacen un llamamiento a apoyar a “toda iniciativa encaminada a parar la guerra brutal e injusta que Israel está lanzando contra el pueblo palestino”. Consideran que los trabajadores deben “hacer todo aquello que esté en nuestras manos para defender la misión humanitaria hacia Gaza” y declaran su “apoyo total” a los portuarios de Génova “que han tomado su lugar en esta misión, poniendo en riesgo no solo sus lugares de trabajo sino también sus vidas”.
Es una frase tan manida que suena a cliché, pero sigue siendo cierto: solo el pueblo salva al pueblo.
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1Diferentes estudios afirman que el 80% de los palestinos muertos son civiles y que el 70% son mujeres y niños. Los datos oficiales, además, dicen que habrían sido asesinados 217 periodistas, 120 académicos y 224 trabajadores humanitarios, incluyendo 179 empleados de la UNRWA.
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