Faltan diablos para tanto abogado

Vivimos en un mundo muy agradable, señor, muy agradable de veras. Existen malas personas en él, Mr. Richard, pero si no existieran las malas personas, no existirían los buenos abogados” – Charles Dickens, The Old Curiosity Shop.

Nuestra historia comienza un buen día en el que la policía decidió acabar con el derecho de defensa.

A finales del mes de febrero, el abogado Erlantz Ibarrondo Merino, designado expresamente por un detenido para su defensa, se encontró una desagradable sorpresa al acceder al atestado policial relativo a su cliente. Este informe, realizado por la Brigada Provincial de Información de Madrid, recogía numerosa información privada y personal sobre él mismo, finalizando con una recomendación hecha al futuro Juzgado encargado de instruir los hechos de valorar la posibilidad de imputarle por un posible delito de asociación en organización criminal, en lo que supone un “gravísimo ataque ético y profesional” contra el letrado, de acuerdo con un comunicado de la Asociación Libre de Abogados (ALA).

Concretamente, el atestado confeccionado incluía varias afirmaciones, carentes de valor alguno para la averiguación de los hechos por los que fue detenido el cliente de Erlantz, que afirmaban cosas tales como que “Erlantz Ibarrondo es conocido por haber defendido a varios imputados de grupos antisistema de extrema izquierda por disturbios, desórdenes públicos y agresiones” y realizaba un listado de distintos clientes a los que ha defendido en el pasado. Asimismo, también hacía referencia a la “trayectoria política” del letrado, la cual supuestamente guardaba relación con la izquierda abertzale.

Por último, como decíamos, el atestado policial recogía igualmente en sus diligencias la siguiente imputación delictiva: “Por todo ello, y para no perjudicar la prestación efectiva de la asistencia letrada al/los detenidos, se expone la presente para que por parte de Su Autoridad, se valore, la posible implicación en el delito de pertenencia a la Organización Criminal, en la que el mismo pudiera incurrir”.

El contenido de las anteriores diligencias suponen un ataque frontal tanto a la labor del abogado como a la defensa del propio detenido, además de suponer una violación de los límites constitucionales impuestos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que identifica a la persona del letrado con su defendido y con los presuntos hechos delictivos por éste cometidos, algo expresamente prohibido. De esta manera, se vulnera la presunción de inocencia del detenido al hacerle sospechoso por el mero hecho de haber designado un abogado particular concreto  para su defensa.

Esta información, además, revela la más que probable existencia de archivos ilegales de información con datos y circunstancias personales de abogados “sospechosos por razón de las defensas asumidas” y el acceso a dicha información por parte de los agentes destinados en la Brigada Provincial de Información. Estos abogados/as sospechosos/as, los abogados/as del diablo, están siendo controlados/as y vigilados/as de manera ilegal, llegando en algunos casos a ser criminalizados y procesados (recordamos, por poner un ejemplo, el caso de Juan Manuel Olarieta Alberdi, abogado detenido en la Operación Ditalco por haber defendido a personas acusadas de pertenecer a los GRAPO).

Además de una obstaculización clara al derecho a la asistencia letrada mediante maniobras de amedrentamiento al abogado implicándole de forma más o menos velada en la comisión de hechos delictivos sin prueba alguna, lo ocurrido con Erlantz excede la labor de los cuerpos de seguridad al hacer sugerencias a las autoridades judiciales acerca de la supuesta comisión de delitos por parte de los letrados.

La razón de por qué se hace esto es clara: pretenden crear en el Juez instructor y en el Fiscal de la causa judicial unos estados anímicos concretos en contra del abogado defensor, lo que redunda a su vez negativamente en la situación del imputado. En un único atestado atacan por igual al imputado como al letrado.

Poco después, el 4 de marzo concretamente, tras el envío de comunicaciones de la Comisión de Defensa de la Defensa de ALA (asociación a la que pertenece el abogado afectado) a varias instituciones, el Colegio de Abogados de Madrid y al Consejo General de la Abogacía Española manifestaron su enérgica repulsa por los actos ocurridos, afirmando ofrecer su amparo al letrado afectado.

Más información en www.ala.org.es

No es la primera vez que se criminaliza a un abogado por razón de la defensa que asume, comparta o no con esa persona una motivación ideológica. Es bastante común que cuando nos encontramos ante unos sucesos que, bien por la brutalidad del crimen, bien por la abyecta personalidad de su autor, generan en la sociedad gran repugnancia, tendemos a identificar al supuesto criminal con quien, por designación forzosa en el turno de oficio o por libre elección, se encarga de su defensa jurídica. Una de las preguntas filosóficas a las que se enfrenta siempre un abogado (o las que se ve obligado a responder ante sus amigos/as en un bar tomando unas cañas) es: «¿Defendería usted a un violador o a un pederasta?«. Parece que una respuesta afirmativa supone una identificación automática entre el acusado de los odiosos delitos y su abogado, que se encarga de procurar la mejor defensa a su cliente, garantizar que en el proceso se respeten todas las garantías y, sobre todo, proteger su derecho a la presunción de inocencia.

Lo cierto es que en el sistema jurídico que nos ha tocado todo el mundo tiene derecho a designar un abogado de su elección. Y esto es lo que defendía el famoso letrado francés Jacques Vèrges, conocido por las defensas que hizo, entre otros, de la militante anticolonialista argelina Djamila Bouhired, del comunista venezolano miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Illich Ramírez Sánchez (alias “Carlos” o “El Chacal”) y del criminal de guerra nazi Klaus Barbie.

En estas últimas líneas queríamos reseñar el interesantísimo documental El Abogado del Terror (realizado por Barbet Schroeder), que explora la vida y motivaciones de Vèrges. El filme completo se puede ver en la página www.youtube.com

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3 comentarios en «Faltan diablos para tanto abogado»

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  • el 05/04/2013 a las 12:17
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    Extraído de laley.net:

    La Junta del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) acordó el pasado 4 de marzo en una reunión extraordinaria admitir la solicitud de am-
    paro formulada por un abogado colegiado después de que viera cómo en diversos atestados policiales se hacía referencia a su perfil político.

    En el documento, se le calificaba por las acciones de sus patrocinados, vinculados a determinados movimientos sociales. A juicio del ICAM,
    estos hechos «vulneran el derecho de defensa y atentan gravemente al respeto y consideración debidos a la profesión».

    En virtud del amparo, el colegio acordó trasladar de forma inmediata a la Delegada del Gobierno en Madrid su protesta por la actuación
    policial reseñada. Además, decidió solicitar a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, el inicio de la pertinente investigación
    sobre los hechos denunciados y la depuración de las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios policiales actuantes.

    Asimismo, se acordó requerir a la Delegada del Gobierno en Madrid información sobre la posible existencia de listados de letrados en los
    que pudieran ser clasificados en atención a los clientes cuya defensa asumen o hayan asumido.

    También se reclamó «la remisión a todas las Comisarías de Madrid de instrucciones para que en ninguna de las actuaciones en que
    intervenga un abogado viertan manifestaciones tendentes a identificarle con sus clientes y a calificarle por las causas en las que actúe,
    y menos aún dejando constancia escrita en diligencias policiales que forman parte del atestado».

    La Comisión Ejecutiva decidió igualmente dar traslado de su acuerdo al Ministro del Interior, a la Defensora del Pueblo y al titular del
    Juzgado de Instrucción destinatario del atestado del que formaban parte las diligencias policiales reseñadas, y reclamar de los abogados
    del Colegio de Madrid el traslado a la Junta de Gobierno de cuantas actuaciones puedan vulnerar el derecho defensa, para su inmediata
    y eficaz protección.

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