Escondan a sus mujeres y a sus hijos/as: ¡Henri Parot viene a por vosotros/as!

¡Atención a todo el mundo, especialmente las mujeres! ¡Los violadores salen a la calle! Repito, ¡los violadores van a salir a la calle!”. Con estas palabras, anunciaban en un programa de la retrógrada cadena de televisión Intereconomía la excarcelación de algunos de los/as presos/as más longevos/as tras haber cumplido veintitantos años de prisión, con motivo de la derogación de la Doctrina Parot. De un modo parecido (en cuanto a su intención de hacer cundir el pánico), el “periódico” La Razón anunció hace un mes que “Estrasburgo apoya tumbar la `Parot’ y liberar a 64 etarras y 6 violadores”.

¿Qué es (o era) la Doctrina Parot?

Los polvos de los que vienen los lodos actuales surgen en 2006, cuando Henri Parot, miembro de ETA en prisión al que se le había terminado el tiempo de condena, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), solicitando la reducción de penas por trabajos y estudios. Sin embargo, el TS decidió que el beneficio de la redención de penas se aplicaría individual y retroactivamente respecto de cada una de sus condenas (que en total sumaban casi 4.800 años) y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión (30 años, de acuerdo con el Código Penal de 1973, por el cual se le condenó), por lo que no salió en libertad cuando correspondía.

De esta manera se asentó la Doctrina 197/2006 o Doctrina Parot, una respuesta jurídica para un caso puntual que acabó – como ocurre casi siempre en estos supuestos – por extenderse a otros/as condenados/as de larga duración, especialmente miembros de ETA. Dejó de ser la sentencia del TS a la problemática del Sr. Parot para convertirse en una práctica habitual, la punta de lanza de la lucha antiterrorista, aplicándose a decenas de presos/as que vieron alargadas sus condenas con carácter retroactivo cuando ya tenían fijada una fecha de salida. La finalidad política era evidente: se mandaba un mensaje de mano dura, dejando claro que no se les otorgaría siquiera los beneficios legalmente previstos y que todo valía a la hora de impedir al enemigo salir a la calle tras haber cumplido “sólo” veinte años.

Su derogación: empieza el circo

En octubre de este año, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió un recurso presentado por Inés del Río, una condenada vinculada a ETA, declarando que la aplicación de esta doctrina con carácter retroactivo vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos.


Y las críticas no tardaron ni media hora en llegar. Casi en directo, según se hacía público el fallo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) celebró una rueda de prensa en la que conminaba al gobierno a “no acatar la sentencia de Estrasburgo”. Toma ya. ¿A nadie le resultó paradójico que demagogos/as y profetas del Apocalipsis, que se llaman a sí mismos/as “defensores de la democracia” exigieran que no se aplicara una sentencia judicial? Y además se lo solicitaron al gobierno, que no es quien tiene que acatar o no lo que diga el TEDH, ya que ésta es una labor de los jueces españoles. Pues si a alguien le chocó, no se le dio mucho bombo, ya que (casi) todo el ruido proveniente de los medios de comunicación hacía llamamientos a arrasar y saquear la ciudad de Estrasburgo.

Algo después, el Ministro del Interior, Fernández Díaz, en un gran ejercicio de imparcialidad institucional y defensa de los derechos humanos, declaró “que hay derechos humanos que están siendo violados en estos momentos en el mundo y que merecen más atención que el hecho de que una etarra, que ha participado en el asesinato de más de veinte personas, sea considerada que se le están violando sus derechos humanos”.

De nada sirvió que la AVT y el Partido Popular (PP) salieran a manifestarse contra la aplicación de la sentencia del TEDH. El TS y la Audiencia Nacional (AN) confirmaron que lo dictado desde Europa era de aplicación a más presos/as. Ante esto, la presidenta de la AVT abogó por la abolición del TS como una antisistema más: “lo mejor es que desaparezca el TS y al menos los españoles ahorraremos en sueldos”, aseveró tras tachar de “incomprensible” la decisión del Alto Tribunal. ¡Bienvenida al club, Ángeles Pedraza!

Los medios informan que la derogación de la Parot podría afectar a 55 miembros de ETA, seis de GRAPO, uno del GAL (aunque parece ser que éste se encuentra disfrutando de su tercer grado desde el 2002, según informa el periódico Gara) y quince presos comunes con delitos de especial gravedad. Sea cierto o no, al cierre de esta edición son, al menos, 27 miembros de ETA, dos de GRAPO los que han sido excarcelados/as y algún que otro violador/pederasta. Y esto hizo estallar una segunda oleada de indignación entre las filas del gobierno, sus votantes y algunos grupos de presión, la cual todavía sufrimos cada vez que encendemos la tele (mal hecho, por nuestra parte) o leemos un periódico.

Primero, la demagogia y el miedo

El Presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa declaró en Radio Euskadi que “se hace demasiada demagogia con la Doctrina Parot”. Y no le falta razón, porque son muchos/as los políticos/as, tertulianos/as y demás personajes a los/as que se les ha dado cancha para que expongan tesis absurdas. Como el ex-presidente Aznar, que afirmó en la presentación de su libro en Donosti que “hacer justicia es que nosotros ganamos y ellos pierden”. Muy cómoda su posición, alejada del Ejecutivo, solicitando la ilegal inaplicación de una sentencia, olvidando que, supuestamente, lo que diferencia a los/as demócratas de los/as que no lo son es el cumplimiento de las leyes, con independencia de que le gusten o no. Por supuesto, nunca nos hemos creído esta definición, y es que la existencia de la Doctrina Parot no es más que un ejemplo más de cómo, para quienes ostentan el poder, la ley es una herramienta coercitiva para imponer su agenda, pero ésta se puede obviar cuando resulta necesario. Como diría el grupo de punk Accidente, “¿cómo puedes hablarme de responsabilidad, de respeto a las normas, lo correcto y lo normal? Pretendes que me crea tu discurso por el bien común; tus hipócritas palabras no te las crees ni tú”.

Los/as que piden que se vuelva a la mano dura de la dictadura contra el terrorismo son selectivos/as en el repaso de la historia. La justicia franquista estaba autorizada a imponer la pena de muerte y ciertamente que dictó muchas. Por cierto que la policía franquista también tenía barra libre para utilizar la tortura y el secuestro. Pues bien, para los que salían vivos/as de la comisarías – recordamos que muchos/as no lo hicieron – o no fueron condenados/as a muerte y ejecutados/as (ya fueran acusados/as de asesinatos o disidentes políticos), el régimen franquista a partir de 1973 se mostraba “magnánimo” y permitía reducir la pena de cárcel por el trabajo o el estudio. Y es precisamente esa norma franquista, más beneficiosa para el reo que la que se reformó en 1995 por el gobierno socialista de Felipe González, la que faculta la puesta en libertad de todas estas personas tantos años después. Curioso, ¿verdad? La reforma penal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ideó un Código Penal democrático mucho más represivo que el franquista.

Bajo todo esto subyace una idea que no debemos perder de vista jamás: la reforma del Código Penal de 1995 no se llevó a cabo por un capricho de los/as parlamentarios/as que la aprobaron. Y la Doctrina Parot no se implementó en 2006 porque le apeteció a los/as magistrados/as. Si se han llevado a cabo, es por la acción de ciertos grupos de presión y por la labor de los medios de comunicación. Titulares “periodísticos” como los que hemos reflejado al inicio de este artículo son los que forman la opinión pública (o hablan en nombre de ella). A nadie hoy en día se le escapa que la agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los medios informativos cotidianamente, influye en la agenda del público. La información que se suministra por las ondas, el tiempo que se le dedica a cada noticia y el formato en el que se trata influye profundamente en la opinión del pueblo y, consiguientemente, en las reformas legislativas. La prensa es mucho más que un simple proveedor de información y opinión. Según Noam Chomsky, existe una “alianza tácita entre el gobierno de un país y los medios de comunicación para comunicar a los espectadores sólo lo que interesa.

Esto último parece cierto si se lee detenidamente lo que aparece en los medios. El debate público-mediático está huérfano de reflexiones serenas, incluyentes de los elementos sociológicos del elemento delictivo y parecen olvidar que, ni los/as excarcelados/as se han ido de rositas (todos/as ha cumplido más de veinte años de prisión), ni los/as que están hoy en la cárcel con condenas dictadas con el Código Penal de 1995 van a salir antes de cumplir treinta años entre rejas. Al contrario, se desprende de las noticias que matar “sale gratis” y se utilizan titulares demagogos y tremendistas para infundir el miedo e incrementar la sensación de seguridad.

Después, la venganza legislativa

La connivencia entre el Ejecutivo y los medios de comunicación, capaz de formar y moldear la opinión pública, es el elemento esencial para formar la agenda política. Tanto hablar sobre la anulación de la Doctrina Parot ha generado indignación en mucha gente, y esto ha dado pie a que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y PP llegaran a un acuerdo para que los/as excarcelados/as condenados/as por terrorismo no puedan acceder a los subsidios públicos que legalmente les corresponden (dado que de algo tendrán que vivir tras estar tantos años privados/as de libertad) si no piden perdón a las víctimas o colaboran con la justicia. Una pataleta que, por cierto, se aplica de forma retroactiva. ¿Les suena?

Paralelamente, podemos analizar cómo el mismo proceso de fijación de la agenda pública está ocurriendo con la reforma del Código Penal. La cobertura mediática de crímenes como el de Marta del Castillo, Sandra Palo, los/as niños/as de Córdoba, etc. han dado pie a que el Ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, haya incorporado la cadena perpetua al Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal. Como dice Julián Ríos en su reciente libro La Prisión Perpetua en España: razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad, “es el poder político el que se hace eco de la propuesta de la cadena perpetua a través de la presión mediática de colectivos de víctimas obviando interesadamente una reflexión serena acerca de su compatibilidad con los derechos fundamentales y una explicación social de las consecuencias de esta pena. El ámbito político deja al margen de los criterios de interpretación jurídica los contextos sociales e institucionales donde se cumplen las penas y suele utilizar técnicas ajenas al contexto sociológico y humano. Se suele conceder a los conceptos jurídicos relacionados con la ejecución penal y penitenciaria un contenido legitimador del que carecen una vez que se contrastan con la realidad humana y social de los centros penitenciarios”.

En fin, sabemos que de la sentencia se ha hecho y se va a hacer uso partidista. Que nos vamos a ver bombardeados/as con peticiones de venganza por los medios de comunicación. Que el apoyo a la cadena perpetua se va a ver incrementado. Y es que en el contexto económico y social que padecemos, cualquier reforma penal se puede interpretar a corto plazo como una maniobra de distracción de la terrible realidad presente y el tenebroso futuro que nos aguarda y a largo plazo, por otro lado, representa otro paso más en la escalada de severidad punitiva y constata la tendencia expansiva del Derecho Penal y, con ella, el incremento del poder estatal.

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