La eterna lucha contra los embalses y la agónica vida en los pueblos

Un pequeño municipio de la provincia de Huesca, entre las montañas prepirenaicas y el río Ebro, ha ganado recientemente una batalla muy importante que otros pueblos de la región aragonesa, o del resto del territorio peninsular, no han podido ganar desde hace varias décadas. El Tribunal Supremo ha decidido una sentencia histórica que, si bien es un arma de doble filo, por el momento tumba definitivamente el proyecto del pantano de Biscarrués, una infraestructura que hubiera cambiado de manera fulminante el ecosistema de la zona. Esta decisión supone un punto de inflexión, y una gran victoria de asociaciones ecologistas y los pueblos de la región, que han llevado adelante esta lucha contra el embalse desde hace años.

La España rural que solo se explota para el turismo y la agricultura intensiva

A la orilla del río Gállego, a medio camino de su desembocadura en el río Ebro en la ciudad de Zaragoza, este importante afluente va regando de vida el territorio aragonés a lo largo de sus riberas. Desgraciadamente, a una banda y a la otra de los argumentos que se han utilizado para defender o rechazar la construcción del pantano, existen intereses económicos contrapuestos que olvidan situar en el centro la vida humana y el bienestar medioambiental. Por un lado, pequeños empresarios del turismo rural se posicionan contra la construcción del embalse porque perjudicaría a sus economías hosteleras. Mientras tanto, la comunidad de regadíos de una comarca aragonesa más al sur solicitan defender los planes hidrográficos para la zona y regar sus campos con cultivos competitivos como el forraje para animales. Ambas caras de la misma moneda se encuentran en un punto común, el legítimo derecho a vivir en áreas no urbanas y a crear comunidades sorteando los límites impuestos por el sistema capitalista. Estos límites han reducido las actividades rurales a una producción a escala global con el evidente deterioro de lo local. Muchas familias viven de los servicios en zonas rurales, de vender un modelo de turismo de recreación a los ajetreados ciudadanos de las estresantes urbes. Otras familias viven de un cultivo impuesto desde la lógica del capital, y alejado completamente de una subsistencia ecológicamente sostenible.

La España vaciada, como se ha venido llamando en estos años a los territorios abandonados por las administraciones y con una bajísima densidad de población o muy envejecida, no es una consecuencia inevitable, sino producto de una serie de políticas contra formas de vida alternativas. Trasladar cosmovisiones urbanitas y estrategias de la globalización neoliberal al mundo rural, convierten a este en un granero de las miserias del sistema económico y político. Estrangulan cualquier alternativa comunitaria de vida, y sobre todo, generan enfrentamientos cruciales en áreas rurales donde el ‘divide y vencerás’ es la mejor arma para mantener el control sobre su población. En Aragón la política hidráulica y todo lo relacionado con la gestión del agua constituye una de las mayores preocupaciones desde hace décadas. El Pacto del Agua de junio de 1992, un acuerdo impuesto sobre obras hidráulicas, ha creado conflictos sociales graves que aún persisten actualmente, casi treinta años más tarde.

Una sentencia judicial favorable con un doble filo de alto riesgo

La sentencia del Tribunal Supremo viene dada tras el recurso presentado por los regantes de la Comunidad de Riegos del Alto Aragón contra el fallo de la Audiencia Nacional, que anuló el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental del pantano de Biscarrués, a petición de organizaciones ecologistas y los ayuntamientos de la zona. En la primera década del siglo XXI, la Comisión del Agua de Aragón, un órgano de participación con funciones consultivas e intereses completamente divergentes en muchos casos, ya reguló algunos acuerdos sobre los ríos aragoneses. Del mencionado Pacto del Agua se han conseguido frenar tres grandes embalses: Jánovas, Santaliestra y Torre del Compte; y tras una larga lucha vecinal se ha recortado la capacidad prevista inicialmente en el embalse de Yesa. Esta necesidad de almacenamiento de agua en Aragón, responde a unos intereses ajenos a una sostenibilidad ecológica y humana de la región natural. No obstante, se han acometido setenta y cinco actuaciones hidráulicas de diversas envergaduras, anulándose dieciocho y habiendo veintisiete más en tramitación hasta el año 2018.

La construcción de este embalse en Biscarrués conllevaba una serie de deterioros ambientales muy significativos, ya que hubiera destruido un tramo fluvial en buen estado de conservación natural, y en consecuencia amenazaba todo el ecosistema del río, tanto su flora como su fauna de interés comunitario y en riesgo de ser desplazadas. El gobierno central pretendía incumplir la Directiva Marco del Agua, una norma europea de aplicación en el Estado español desde el año 2000, y que obliga a proteger los ríos de la Unión Europea y a mejorar su estado. El Tribunal Supremo entiende que se incumpliría esta normativa de llevarse adelante la construcción hidráulica.

Sin embargo, ya mencionábamos previamente el arma de doble filo que supone esta sentencia  del Tribunal Supremo en los términos en que se ha fallado y las implicaciones jurídicas. Las administraciones podrán deteriorar zonas naturales protegidas cuando logren justificar científicamente que la ejecución de obras hidráulicas resulten más beneficiosas para el interés del país que conservar esa riqueza ambiental. No hace falta una lectura demasiado detallada para alertarnos de lo peligroso de esta sentencia, aunque en este caso haya salido a favor de los intereses medioambientales y pueda motivar la revisión de otras grandes obras hidráulicas. Todas sabemos bien que, tanto los informes científicos encargados a empresas privadas con sus propios intereses y comisiones, como las dinámicas de las instituciones regionales plagadas de enzarzadas luchas partidistas, son una bomba de relojería incontrolable. Día tras día comprobamos en la práctica que la vida se sitúa por debajo de los grandes intereses económicos consensuados por quienes gobiernan.

La ruralidad sumergida bajo el agua y el cemento del progreso

Alrededor de quinientos pueblos en territorio peninsular yacen bajo las aguas de pantanos y embalses construidos desde la segunda mitad del siglo XX. Pueblos fantasma literalmente sumergidos al construir obras hidráulicas pensando en clave del progreso urbanístico y en el sentido que marcaba el crecimiento capitalista. Muchos de estos pantanos fueron levantados en pleno Franquismo, pero esa tendencia ha continuado ya durante el régimen monárquico hasta nuestra actualidad. Municipios que atesoraban una eterna memoria de siglos de humilde poblamiento, silenciados para siempre y eliminados del mapa geográfico. Algunos casos como el pueblo de Ruesta, abandonado en los años 60 para la construcción del embalse de Yesa, en la provincia de Zaragoza, han sido recuperados en los últimos años gracias a la labor de activistas sociales. Actualmente dos edificios fueron levantados nuevamente para crear un albergue, y una casa de la cultura con biblioteca y sala para conferencias. La arqueología contemporánea y la antropología social trabajan para rescatar la memoria de estos enclaves arrasados en nombre de un progreso capitalista cada vez más cuestionado.

Mientras el mundo rural era asfixiado, la mano de obra obligada a desplazarse a las ciudades conformaba los nuevos arrabales obreros, de su explotación procede toda la riqueza de la segunda mitad del Franquismo y del actual Ibex-35 español. El neorruralismo capitalista actual es el remake de ese estrangulamiento a los pueblos que nos han visto crecer de pequeños, un reclamo a las raíces pero solo como simulacro para continuar despojando a las áreas rurales su potencial verdaderamente comunitario.

El entorno natural como trinchera de lucha frente al capitalismo verde

La salud humana está estrechamente ligada a nuestro entorno natural, y como consecuencia de esto cuanto más sanos estén los ecosistemas que habitamos, tendremos una mejor capacidad de prevención ante pandemias como la actual u otras crisis globales. Por lo tanto, cuidar la biodiversidad es la herramienta más útil para protegerse de estas amenazas. Desde Ecologistas en Acción afirman que “ha sido la actividad humana, especialmente los sistemas financieros y económicos mundiales bajo el paradigma del crecimiento económico a cualquier precio, la que ha causado la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las últimas pandemias”.

Este contexto que hemos vivido en los últimos meses debería alertarnos a toda la sociedad de que la destrucción de los medios naturales, la expansión descontrolada de la agricultura, la deforestación vertiginosa, o la cría intensiva de animales en granjas industriales, facilitando la transmisión de enfermedades de animales a seres humanos, pueden causar un gran impacto social y sanitario. Esto nos advierte de que las pandemias en un futuro pueden resultar cada vez más frecuentes y propagarse de manera más letal, no pudiendo confiar en absoluto en las estructuras estatales ni los poderes económicos para proteger al pueblo trabajador, como ya hemos comprobado en la emergencia actual.

La gestión del agua en la Península Ibérica ha sido históricamente un debate político y económico de profundas raíces de enfrentamiento social junto con la tierra. Estas dos conforman la base de la vida en común y de la autonomía alimentaria. Un terreno donde huir de la confrontación política y humana se hace imposible, y las vías alternativas para promover la autogestión de las sociedades son trinchera de lucha.  Es impensable una solución ecologista sin pensar desde el anticapitalismo, y por eso mismo toda acción social debe ir en el sentido de blindar la defensa medioambiental frente a quienes anteponen el crecimiento económico.

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