Destrucción ambiental a la velocidad del AVE

¿Qué tienen en común la Isla de Valdecañas, Madrid Central o los trenes AVE de alta velocidad? Una isla en una zona medioambientalmente protegida en un embalse en Cáceres convertida en resort de lujo. Una zona bajas de emisiones denunciada por el PP y anulada por “defectos de forma” por un juez. Una red de trenes infrautilizados y sobrevalorados. Tres conflictos donde, una vez más, el movimiento ecologista siempre ha estado a la delantera frente a políticos, empresarios y jueces que se esfuerzan en aumentar cada día más las desigualdades sociales, territoriales y las catástrofes medioambientales.

Desde hace más de 50 años distintos sectores de la sociedad avisan del camino irreversible que está llevando a cabo la humanidad respecto del medio que le rodea. El cambio climático, el fin de los recursos fósiles, la pérdida de biodiversidad, la concentración poblacional en grandes ciudades, el turismo de larga distancia, la transmisión de enfermedades, la financiarización de la economía, la deslocalización industrial… son indicadores de que algo va muy mal. Mientras, quienes toman las decisiones miran hacia otro lado y continúan con las mismas políticas que tan difícil ponen que podamos revertir este camino de destrucción. El beneficio económico se pone siempre por delante de las necesidades humanas y medioambientales. Los políticos regulan para favorecer a los grandes industriales, ya sea el sector del automóvil o el de la construcción. Los jueces hacen política de hechos consumados.

Golf y playa en Extremadura

¿Sabías que en una zona con la protección medioambiental al nivel de Doñana se ha construido un resort de lujo? ¿Sabías que a pesar de que se declarara esta zona como no urbanizable, se urbanizó? ¿Sabías que los habitantes de las villas de este resort son algunas de las familias más pudientes de España? Hablamos de la Isla de Valdecañas, en el embalse de Valdecañas (Cáceres). El último y enésimo ejemplo de cómo políticos, ricos y empresarios de la construcción se alían para hacer negocio por encima de la regulaciones ambientales y la defensa de la naturaleza.

La Isla de Valdecañas pertenece a la Red Natura 2000, una red de territorios a proteger para la conservación de la biodiversidad a escala europea y uno de los proyectos más importantes de esta índole impulsados por la Unión Europea. Esto provoca que los territorios bajo esta red no sean urbanizables.

Todo comienza en 2005 con el anuncio del nuevo proyecto urbanístico de lujo para la isla. Un resort proyectado con dos hoteles de 150 habitaciones; 250 bungalós y 310 viviendas unifamiliares, además de 5 viviendas más en parcelas de 2.000 metros cuadrados. Se planificaron equipamientos deportivos y de ocio: un campo de golf de 18 hoyos; pistas de tenis, squash, pádel, piscinas, circuito de bicicletas, embarcadero, marina seca, playa artificial, facilidades para la pesca, campo de futbol y atletismo y pistas deportivas. El complejo requería infraestructuras como una red viaria de carreteras de acceso; planta de abastecimiento y potabilización de aguas y red de saneamiento; electrificación y subestación, instalación y suministro de gas centralizado y hasta un dique para formación de una playa artificial. Es decir, se pretendía dar otro pelotazo urbanístico para el disfrute de unos pocos en un lugar protegido.

En 2007 el gobierno socialista de Extremadura declara el proyecto de interés regional, recalificando los terrenos para dar vía libre a su explotación y construcción. Los informes de impacto ambiental, realizados por la propia Junta de Extremadura, fueron favorables a pesar de que se declaraba un impacto severo sobre la fauna durante la construcción. Es en ese momento cuando empieza la batalla de Ecologistas en Acción y ADENEX contra el proyecto, solicitando la paralización de las obras de forma cautelar hasta que hubiera una decisión judicial en firme. Este recurso fue desechado y las obras comenzaron. Este es el modus operandi clásico de este tipo de operaciones y el principio de un final que se podía conocer desde el inicio. Si jueces y políticos no hicieran todo lo posible por fomentar este tipo de proyectos urbanísticos y se ciñeran al principio de precaución y a asegurarse si lo que va a empezar va a ser ilegal o no, muchos proyectos no se hubieran llevado a cabo.

En 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sentencia a favor de las ecologistas declarando la nulidad del proyecto, así como la obligación de restituir los terrenos al estado anterior a la ejecución del proyecto. La sentencia es muy clara y señala “existe la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública…” o “no parece que pueda negarse que el único interés que ha sido valorado en la aprobación del proyecto haya sido otro que el meramente económico –como es lógico– de la promotora”. La misma judicatura que no quiso paralizar las obras acaba declarándolas ilegales, mientras que la construcción ya ha avanzado y la venta de viviendas también. Ya en 2014 la sentencia será ratificada.

Y llega 2020 y el, por ahora, definitivo auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: Lo que hay construido se queda. De nuevo, la política de hechos consumados triunfa frente a la protección medioambiental. Así se lanza un mensaje muy claro a los empresarios de la construcción: que se den prisa en construir allá donde quieran, la lentitud de la justicia juega a su favor, las legislaciones pueden esquivarse si lo denunciado ya está en funcionamiento.

Una boina gris sobre Madrid que se queda

Madrid Central es la zona de bajas emisiones de la capital. Un proyecto que desde su inicio ha estado sujeto a todo tipo de polémicas y cuya oposición fue la bandera del PP contra el ayuntamiento de Ahora Madrid. La eliminación de Madrid Central fue una de las propuestas estrella del PP para las últimas elecciones. El proyecto ha estado en los tribunales desde su inicio, denunciado por el PP, y en principio la justicia no impidió su paralización para preservar la salud y el medio ambiente. Este proyecto ha sido el más ambicioso en la historia de Madrid para rebajar la contaminación y la circulación de vehículos privados en el centro, una demanda  que ha contado con gran apoyo vecinal.

Pero, en julio de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido anular Madrid Central por defectos de forma en su tramitación, dejando en el aire una medida ya implantada y cuyos resultados son contundentes en cuanto a rebaja de los índices de contaminación en la ciudad.

Infraestructuras sin ton ni son

Al hilo de estos dos sucesos nos encontramos con el reciente informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acerca de la inversión en infraestructuras en España. El informe se centra en los desarrollos de las infraestructuras de transporte en España en las últimas décadas, poniendo especial atención en las líneas AVE de alta velocidad, las cuales han sido uno de los grandes focos de inversión estatal. España cuenta con la red de alta velocidad ferroviaria más extensa del mundo, con 3.086 kilómetros, por delante de la de cualquier otro país europeo y solo por detrás de la de China. Estas líneas de AVE son de nueva construcción ya que en muchos tramos no podía aprovecharse la infraestructura ya construida de RENFE. Esto ha implicado una inversión de 55.888 millones de euros en los últimos 30 años. Mientras que la red de RENFE-Cercanías, usada por un 90% de los usuarios de tren, solo ha recibido 3.679 millones en el mismo periodo.

Ahora, tras 30 años, se demuestra lo que ya se denunciaba desde distintos movimientos como el ecologista acerca del AVE: no es un transporte pensado para la interconexión territorial, la cohesión social y las necesidades de las poblaciones rurales y pequeñas ciudades, se inflaron las cifras de potenciales viajeros y se cifraron a la baja los costes de construcción. En tres de los cuatro corredores de alta velocidad existentes los beneficios netos no compensan los costes ya que la intensidad de uso de la red de AVE española es la más baja de entre los países con redes significativas de alta velocidad.

Frente a la crisis ecológica: Planificación

La construcción fue el gran motor económico de los 90, el conocido “ladrillazo” aunque no todo fueran ladrillos. Los grandes capitales españoles son las grandes constructoras, quienes se han llevado el pastel de autopistas, AVEs, hoteles y demás obras públicas. El turismo arrasó las costas españolas, especialmente la del levante. Todo ese desarrollismo económico de los 90 careció de cualquier tipo de planificación urbanística, de cohesión social, inter-territorial o ecológica. Lo que importaba era construir y construir más, era un símbolo de progreso ¿Y quien puede estar en contra del progreso?

Todo ello se pudo llevar a cabo gracias a innumerables recalificaciones urbanísticas y jueces que, como en el caso de Valdecañas, hacían política de hechos consumados, al revés que con Madrid Central. Ahora, con las consecuencias de los desastres ya materializadas, es posible comprobar que, una vez más, quienes se oponían a ese “progreso” tenían razón.

Madrid Central es fruto de un síntoma que ya no se puede ocultar, la boina gris sobre Madrid no hay quien la esconda. Afrontar el reto del siglo XXI, la crisis ecológica, solo es posible desde una planificación que atienda a las necesidades sociales, y no económicas. Si esto fuera así en vez de ser campeones en AVE, lo seríamos de Cercanías. En vez de un resort de lujo en Valdecañas, tendríamos un parque natural protegido que disfrutar. Y en vez de no saber si Madrid Central existe o no, el vehículo privado estaría restringido en gran parte de la ciudad en favor del transporte público.

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