La dura tarea de defender los derechos de las personas presas

Hace cuatro años y medio publicamos en este medio un artículo titulado “La lucha de Antúnez Becerra y las defensoras de los derechos humanos”. En él abordamos múltiples problemáticas que estaban sacudiendo el mundo de las prisiones en la primavera de 2015. Era una época algo convulsa, en la que varios presos estaban cumpliendo cadenas perpetuas encubiertas y a muchos se les habían sumado largas penas de prisión por su participación en el motín de la cárcel de Quatre Camins (2004). Algunos decidieron entonces celebrar huelgas de hambre para denunciar sus pésimas condiciones.

Pero las penurias no sólo sucedían intramuros: en nuestro artículo de 2015 también denunciamos la persecución a distintas personas que se encontraban en libertad y habían sido represaliadas de alguna manera por apoyar a las personas presas.

Concretamente, en su día abordamos dos casos. El primero, el de Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penal y Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, que había sido vetado en todas las prisiones catalanas por la Dirección General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. En aquél momento Iñaki informó que se le había notificado su prohibición de comunicar con presos cuando mostró “preocupación por el estado de salud y la situación de José Antúnez Becerra, preso que lleva en huelga de hambre desde el pasado 23 de enero de 2015 para denunciar la existencia de cadenas perpetuas encubiertas”. Pero la historia venía de largo. Precisamente desde el año 2004, cuando a raíz del mentado motín de Quatre Camins Iñaki interpuso varias denuncias que terminaron en las condenas de varios funcionarios de prisiones por torturas. Y, desde entonces, varios de ellos se la tienen jurada.

El otro caso del que nos hicimos eco en el 2015 fue el de la detención de varias abogadas, psiquiatras y psicólogas que prestaban asistencia a presos y presas de ETA. Se les imputaba a todas ellas un delito de colaboración con organización terrorista debido a su labor de denuncia de la tortura a presos, entre los cuales había algunos del colectivo de presos de ETA. Según un comunicado redactado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, “se trata de profesionales de reconocida trayectoria en el campo del trabajo en salud y derechos humanos, que han venido desarrollando una labor tenaz, profunda y comprometida ampliamente reconocida a nivel tanto personal como profesional. Miembros destacados de sociedades médicas, docentes universitarios, expertos y expertas forenses y consultores nacionales e internacionales en el trabajo con supervivientes de tortura, pero ante todo, profesionales que han demostrado a lo largo de años su profunda calidad humana y una sensibilidad y una dedicación completa hacia sus pacientes. La razón por la que han sido detenidas es extremadamente preocupante. Han sido detenidas por el hecho de atender y acompañar a personas de todos los sectores sociales y políticos incluyendo a personas vinculadas al movimiento abertzale. Personas que estuvieron detenidas o presas o lo están aún con problemas médicos o psicológicos y familiares de personas que han estado o están presas. […] Si ellos y ellas son sospechosas por su trabajo, cualquiera puede serlo. Todas nosotras lo somos”.

Cuatro años después, poco ha cambiado

Saltamos en el tiempo cuatro años y medio, concretamente al pasado 16 de septiembre. Parece el día de la marmota, todo se repite. Y es que ese mismo día, tanto las profesionales vascas, como Iñaki Rivera, vuelven a aparecer en los medios.

La mañana arranca con la noticia de que las abogadas y psicólogas van a ser juzgadas por un delito de pertenencia a organización terrorista en la Audiencia Nacional, en el marco del Sumario 11/13, el último macroproceso amparado en el “todo es ETA”, celebrado 21 años después del primero. Son 47 personas las procesadas, enfrentándose a un total de 601 años de prisión, lo cual hace una media de más de 12 años por acusada.

Según avanza el día y estamos a la espera de oír alguna noticia proveniente de la Audiencia Nacional, otra nueva sacude las redes sociales: Iñaki Rivera, quien cuatro años antes había sido vetado de las prisiones catalanas, ha sido denunciado por el área de prisiones del sindicato Comisiones Obreras de Catalunya por un delito de calumnias.

Este día promete ser movidito.

CCOO denuncia a Iñaki Rivera

Todo el apoyo a Iñaki Rivera, luchador incansable por los Derechos Humanos. Todo el desprecio a CCOO, que atacando a quien cuestiona el Sistema Penitenciario busca blindar la opacidad de las prisiones, los malos tratos y las torturas” – Cuenta de Twitter de @PortuariosBCN

El motivo de la denuncia de CCOO se deriva de una intervención de Iñaki en el programa Tot es Mou, emitido en la televisión pública catalana (TV3) en el año 2018. En él, el profesor afirmó que existían situaciones de tortura en las prisiones catalanas. Para el sindicato, esta acción constituye una difamación a los funcionarios de prisiones, castigada con penas de hasta dos años de prisión.

Reflexionemos acerca de esto. Iñaki no dijo que todos los carceleros torturan, ni que todos los presos han sufrido la tortura. Simplemente manifestó que en la cárcel se tortura; algo que, por otro lado, ha sido contrastado y demostrado en varias ocasiones (aunque en menos de las que se debería). Y ello se considera delictivo por parte de un sindicato (lo cual dice mucho del tipo de sindicato que tenemos enfrente; y es que, como dice el Twitter de @PortuariosBcn, “si en tu Sindicato escuece que se denuncien TORTURAS, quizás es que a algún afiliado se le va la mano. Quizás”) y, lo que es más grave, por parte de un juez, que en vez de archivar la querella y dejar claro que nada de esto es delictivo, decidió admitirla a trámite y citarle como investigado.

Iñaki Rivera

La respuesta del Observatorio del Sistema Penal no se tardó en producir. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicó ese día un comunicado resaltando que “el Observatorio enmarca estos procedimientos judiciales en contra del Sr. Iñaki Rivera en un contexto de hostilidad, desprestigio, criminalización y represalia del mismo, por su arraigada labor de denuncia de los malos tratos y de la tortura en los centros penitenciarios. […] Además del hostigamiento judicial en su contra, el Sr. Rivera ha recibido graves descalificaciones y estigmatizaciones, y los funcionarios de prisiones promovieron la prohibición de entrada del Sr. Rivera a los centros penitenciarios de Cataluña.

La campaña de ataques se incrementó en el marco de la presentación en noviembre de 2018 de un informe del SIRECOVI sobre violencia institucional en el que se contabilizan al menos 106 casos de violencia institucional en Cataluña entre diciembre de 2016 y septiembre de 2018, de los cuales el 67,9% se habrían producido en contra de personas bajo custodia en centros penitenciarios.

El Observatorio denuncia la existencia de un contexto en España en el cual se está observando una tendencia al uso indebido del derecho penal contra declaraciones y mensajes protegidos por la libertad de expresión, incluyendo observaciones críticas con el actuar de los cuerpos policiales del Estado u otros funcionarios y representantes del Estado, mediante el recurso a tipos penales como delito de odio, difamaciones o enaltecimiento del terrorismo. Estos hechos tienen una clara intención y efecto inhibitorio, impactando negativamente sobre el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y reunión”.

Dos días más tarde, el 18 de septiembre, Iñaki acudió a declarar como imputado ante un Juez de Instrucción de Barcelona. Ante él, se ratificó en lo que dijo en su día: que existe la tortura en la cárcel. Lo hizo arropado por decenas de personas que le acompañaron a la Ciutat de la Justícia y por una intensa campaña de apoyo en redes que debió hacer mella en la confianza de CCOO Prisiones de Catalunya, pues ese mismo día representantes suyos manifestaron que tras oír al Sr. Rivera se daban por satisfechos “y por eso esperamos que se archive el caso”.

Iñaki Rivera a la salida de los juzgados el 18 de septiembre de 2019

Al cierre de esta edición, la causa contra Iñaki sigue abierta, si bien el efecto Streisand ha sido bestial: en esa semana Iñaki y otras defensoras de derechos humanos fueron llamados por varias televisiones y radios y nunca antes se había hablado tanto sobre la tortura en las prisiones catalanas.

Las 47 procesadas vascas llegan a un acuerdo con Fiscalía

Retrocedamos un par de días y volvamos al 16 de septiembre. Unas horas después de que estallara la noticia sobre la imputación de Iñaki, por fin se hizo público lo que había sucedido en el interior de la Audiencia Nacional: las acusadas del Sumario 11/13 habían alcanzado un acuerdo de conformidad con Fiscalía.

Se trata de una noticia agridulce. Con el pacto la condena quedó fijada en tres años y seis meses para la abogada Arantza Zulueta; dos años y siete meses para el también letrado Jon Enparantza; y dos años de cárcel o menos para los otros 45. La parte positiva es que 45 personas eludieron la prisión esa mañana. Arantza y Jon, que ya habían cumplido casi todo el tiempo de condena en prisión preventiva únicamente tendrían que volver a la cárcel a cumplir los cinco meses que les restaba. Ingresaron el pasado 30 de septiembre.

La parte negativa, sin embargo, es que se perdió una oportunidad para impugnar la legalidad de sus detenciones y la validez de sus acusaciones y de luchar contra la tesis del “todo es ETA”. Pese a que las acusadas no acabaron en prisión, la Fiscalía se anota un tanto moral y puede afirmar que ETA contaba con un frente jurídico y ve validada su tesis.

Pero esta validación tendrá la importancia que cada una le quiera dar. “La pregunta que debemos hacernos es si la Audiencia Nacional es el sujeto que marca nuestra memoria, nuestro relato, nuestra iniciativa, o si es la propia sociedad vasca la que tiene que escribirlo”, dijo unos días después Ibon Meñika, uno de los acusados, en una entrevista a Naiz.

Del todo es ETA al todo es terrorismo

No podemos terminar el artículo sin hacer una brevísima mención al último golpe represivo, sucedido una semana después. El 23 de septiembre, la Guardia Civil llevó a cabo la Operación Judas, deteniendo a nueve miembros de los CDR (Comitès de Defensa de la República), imputados por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Actualmente, siete de ellos se encuentran en prisión preventiva en Soto del Real. Casualmente, su detención se produce unos días antes de la publicación de la Sentencia del Procés, en lo que se ha considerado un intento de desactivar cualquier movilización o protesta que se pudiera producir.

Todo esto nos viene sonando ya desde hace años. Recordamos las acusaciones similares contra anarquistas en las Operaciones Pandora, Piñata y Ice, contra el independentismo galego e incluso contra los propios CDR hace un año, en una causa que finalmente se archivó todo lo relacionado con terrorismo.

Una vez más, tendremos que hacer frente, codo con codo, a la represión.

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