Centros de menores: La rentabilidad de la pobreza

Hasta hace unos años, la pobreza y la delincuencia (siempre de la mano) eran realidades nada rentables para el Estado. Las pocas organizaciones formales, que socialmente estaba aceptado que tratasen con estas personas, eran las católicas, que trabajaban con un modelo asistencialista caritativo (el cual tampoco aportaba nada para una solución real del problema). Pero desde hace un tiempo, se ha descubierto que a través de esta problemática se puede conseguir mucho dinero. Constructoras, subcontratas, concursos públicos, Servicios Sociales, megacentros penitenciarios, fábricas carcelarias, etc.)

El tema de los centros de menores es un tema muy latente últimamente, y debido a los debate mediáticos sobre el cambio del código penal también se le ha dado un papel relevante al endurecimiento de la ley del menor. Pero realmente cabría destacar qué clase de intereses esconde este endurecimiento y si realmente lo que se necesita es endurecer la ley o dar un cambio total a cómo se está tratando el tema de las/os chavalas/es.

No hay nada más molesto para este sistema capitalista que una persona inútil para el mismo. Por  ello; ¿de qué forma podemos hacer rentable a quien no puede aportarnos nada más que disgustos?  En el año 2001 con la reforma de la Ley Orgánica 5/2000 Artículo 45.3 se deja constancia de que se podrán establecer convenios o acuerdos de colaboración con otras entidades ya sean públicas  o privadas sin ánimo de lucro, siempre bajo la supervisión directa de cada Comunidad Autónoma y que no suponga la cesión de titularidad. Con esta ley se da carta blanca a distintas fundaciones para la gestión de estos centros. Un ejemplo de este tipo de “fundación sin ánimo de lucro” es el de la asociación GINSO, actual gerente del centro de Reforma de Menores “Teresa de Calcuta”, que nace a raíz de esta nueva ley.

Un empresario dedicado a la construcción gestiona y edifica en Madrid un centro de reforma de menores a través de una asociación sin ánimo de lucro llamada Ginso. La Comunidad le dará para ello 157 millones de euros. El presidente de Ginso tiene una empresa a la que ha encargado el proyecto de obra. La construcción corre a cargo de dos empresas vinculadas a él. El Gobierno regional asegura que esta práctica es legal y se ampara en la Ley del Menor del 2000 que permitió a las comunidades autónomas dejar en manos de asociaciones sin ánimo de lucro el control de los centros de menores condenados a privación de libertad. Este empresario también opera en Andalucía donde ha conseguido la gestión y construcción de dos reformatorios. (El País, 23 mayo, 2006)

Es en este centro Teresa de Calcuta donde hace ahora un año murió Ramón Barrios de 17 años, veci