Ante los cambios en la normativa española sobre Extranjería

Aunque parece ser una cuestión ajena a la mayor parte de la población española de origen, en aquellos espacios, físicos y virtuales, conformados por personas migrantes, lleva siendo un tema candente desde hace meses. Es increíble la cantidad de vídeos en diferentes redes sociales que aventuran los futuros cambios en el Reglamento de Extranjería, vídeos de empresas de abogacía o asesoría que, con el objetivo de aumentar su visibilidad, estiran y retuercen la información disponible, para generar contenido que capte atención, aunque acabe creando falsas expectativas.

En este momento, se unen dos cuestiones relevantes, la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por colectivos antirracistas que, tras alcanzar el número de firmas requerido y ser admitida a trámite, se enfrenta a los últimos pasos dentro de las Cámaras legislativas, así como la ya nombrada reforma del Reglamento de Extranjería.

En el momento en el que se escribe este artículo, ninguna de las dos iniciativas tienen fechas fijadas de debate final y aprobación, el Gobierno y los medios van anunciando fechas aproximadas que nos pueden servir de referencia, pero, acaban generando más ruido a dicha cuestión que otra cosa, permaneciendo, al final, miles de personas a la espera de lo que pueda ocurrir.

Respecto a la ILP, las últimas declaraciones del ejecutivo socialista no aventuran un final positivo. A través de El País, en un reciente artículo sobre la reforma del Reglamento de Extranjería, aseguraban que ya la reforma del Reglamento planteada facilitará la regularización de un número considerable de personas, por tanto, según ellos, se cumpliría también el objetivo de la iniciativa popular, pero, evidentemente, esto es completamente cuestionable. Además, la mayoría parlamentaria sigue siendo claramente conservadora y reacia a determinado posicionamiento en este momento en el que el debate público se encuentra tan intoxicado por discursos racistas y alarmistas.

Respecto a la reforma del Reglamento, conviene matizar previamente una serie de cuestiones. La conocida como Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, son menos de 40 páginas de artículos, siendo el Reglamento el responsable de desarrollar las diferentes cuestiones fijadas en la ley. Por ejemplo, la LO 4/2000, hace referencia a los arraigos, la vía más habitual de regularización, pero, es en el Reglamento donde se nombra y desarrolla cada uno de los que existen, es decir, una reforma del Reglamento, al menos en dicho ámbito, tiene una importancia capital. Por ello, el anuncio del gobierno ha generado tanto interés. Por otro lado, una reforma reglamentaria es aprobada por el mismo Gobierno, no necesita del visto bueno de las Cámaras, así que, el resultado final será exclusivamente voluntad y responsabilidad de la coalición tildada de progresista.

En un primer momento, el Gobierno hizo público un primer borrador, con modificaciones sustanciales en determinados ámbitos de la extranjería, como, precisamente, en los arraigos. La publicación del borrador es consecuencia de la apertura de una primera audiencia pública. Ahora, tras recoger no sólo las conclusiones de los diferentes sujetos que han participado en dicha audiencia, sino, también, lo manifestado por los diferentes Ministerios con competencias compartidas, se sigue trabajando a contrarreloj para llegar a la fecha prometida por la Ministra, en noviembre o, por lo menos, antes de finales de año.

Por ello, el borrador es una primera referencia que poco, o nada, puede asimilarse al resultado final, así que, cualquier análisis puede mostrarse equivocado en unas pocas semanas. Pero, aunque desconocemos el detalle de cada articulado, sí es posible entrever los objetivos del Gobierno con dicha reforma.

Por ejemplo, si bien parece ser que se facilita la regularización a través de los arraigos con la rebaja de determinados requisitos o la aparición de nuevas figuras que abren nuevas vías, siempre vinculadas al mundo laboral, se limita la posibilidad de reagrupar a ascendientes de determinada edad, es decir, vemos como la normativa de extranjería sigue priorizando una migración con fines productivos y económicos. Además, en esta línea, se agilizan los trámites para que las empresas puedan contratar en el extranjero.

La flexibilización de determinadas exigencias ha traído cierto optimismo entre aquellas organizaciones sociales próximas a las personas migrantes, pero, al final, son pequeñas concesiones en un clima general completamente regresivo. La restricción casi total en el acceso a la protección del asilo, el nuevo pacto europeo sobre las migraciones, los pactos de externalización del control migratorio, etc., son ejemplos visibles y concretos de la vieja y nueva dinámica europea. Por ello, es necesario seguir manteniendo una actitud crítica, militante y confrontativa contra la profundización de las dinámicas racistas en las instituciones de poder europeas.

Por último, hacer mención a la última muerte producida en el centro de “atención humanitaria” de Alcalá de Henares (Madrid), gestionado por ACCEM pero bajo responsabilidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Diallo Sissoko, de 21 años de edad, entró en parada cardiorrespiratoria en el propio centro, de allí, fue trasladado a urgencias hospitalarias donde falleció.

Son múltiples las denuncias realizadas sobre las condiciones de falta de recursos, agresiones, sobresaturación, actuaciones arbitrarias como expulsiones y sanciones, etc., de este centro y otros que conforman dicha red. La falta de eco de dichas muertes y de las denuncias publicadas, debería ser más que un toque de atención para todas.