Y así fue como se liberalizó la justicia

“La peor forma de injusticia es la justicia simulada”- Platón

Otra de las reformas que Alberto Ruíz Gallardón se ha sacado de la chistera y ha sido aprobada a la velocidad del rayo -ni el mismísimo Félix saltando desde la estratosfera-, ha sido la insultante subida de tasas en los procesos judiciales.

La enmienda fue aprobada a mediados del pasado mes en el Congreso de los Diputados, con los únicos votos a favor de los hombres y mujeres populares, quienes además nos intentan hacer ver que lo estamos viendo todos/as de una forma equivocada, que somos muy mal pensados/as, ya que, en la palabras de su senadora, Silvia Franco, lo hacen “por solidaridad”. La siguiente pregunta que se viene a tu cabeza es “¿Me lo expliquen?” No podrán… ¡Pues sí! Te lo explican. La brillante idea, en la que te puede salir más caro recurrir una multa de tráfico que pagar la multa en sí, está en que todo el dinero que van a recaudar a costa del incremento de las tasas irá destinado a una “financiación de la justicia gratuita recentralizada”. Si como bien nos dice Conrado Escobar, Portavoz de Justicia, esta medida “evidencia un profundo carácter social”.

Lo que parece ser muy social es el atropello a los derechos de todo trabajador/a, primero porque ya se paga con los impuestos esa “justicia gratuita”, y segundo, porque una persona a la que hayan echado de su trabajo y vea desestimada su demanda, seguramente no tenga de donde sacar más de 500€ para reclamar lo que se le debe.

Otra de las razones que esgrimen desde las filas del gobierno es que el incremento también evitará el “abuso” y la “arbitrariedad” a la hora de establecer un proceso judicial. Es decir, que además esto ha sido por nuestra culpa, por lo que abusamos de la Justicia. Está claro que aquí se abusa de sanidad, de educación, de derechos laborales, etc., y la única manera de apartarnos de ello es disuadirnos por la vía económica.

Ni el rechazo de los jueces/zas, fiscales, secretarios/as judiciales, abogados/as, procuradores/as, colectivos y plataformas ciudadanas, a parte de todos los partidos políticos de la oposición, han frenado al Sr. Gallardón de sacar adelante, -por sus c*****s- su “solidaria” medida.