PAH Vallekas: 20.000 razones para seguir luchando

Por PAH Vallekas

Alquileres desorbitados, hipotecas impagables, desahucios semanales forman parte del día a día en nuestros barrios. Mientras tanto, los beneficios de bancos, fondos buitre e inmobiliarias crecen sin límites, amparados por gobiernos que priorizan el enriquecimiento de estas entidades sobre el derecho a una vivienda digna y universal.

En Vallekas, el 24 de octubre del año pasado la calle de Pilar amanecía cortada. Como tantas otras veces un gran dispositivo policial se disponía a ejecutar el desahucio de nuestra compañera Pilar y como tantas otras veces los colectivos y sindicatos de vivienda, junto con las vecinas organizadas de Vallekas estábamos allí para impedirlo. Sin que la comisión judicial hubiese llegado (y se necesita de su presencia y actuación para ejecutar un desahucio por la fuerza) la policía ordenó a las personas que estábamos en la puerta que nos quitásemos de en medio y ante nuestra negativa nos identificaron a todas.

Después de toda una mañana de resistencia conseguimos aplazar el desahucio, pero sólo por diez días.

Cumplido ese plazo y con más de 12h de antelación con respecto a la hora fijada,  decenas de policías, numerosos furgones, un helicóptero y un dron cortaban las calles y vigilaban toda la zona. Querían dejar a Pilar y a su hija menor solas ante el desahucio, permitiendo que solo una persona entrase a la calle después de una larga negociación.

En la calle nos congregamos unas 150 personas y una vez más conseguimos parar el desahucio. Parecía imposible, pero conseguimos que todo ese dispositivo se fuese por donde había venido y la familia se quedase en su casa. Esto demuestra que la organización y la solidaridad son nuestras armas más poderosas frente a los intentos de arrebatarnos nuestras viviendas.

Pilar es una vecina de Vallecas que tuvo que huir con sus dos hijas de una situación de violencia de género y ocupó su actual vivienda, propiedad de CaixaBankia. Desde entonces, se ha enfrentado a tres intentos de desahucio que ha enfrentado con determinación y a día de hoy sigue en su casa. Al otro lado tenemos a CaixaBankia, una entidad que desde 2008 ha ejecutado más de 50.000 desahucios, mientras obtenía 4,186 millones de euros de beneficios solo en 2024. Pese a las repetidas peticiones de un alquiler social, ni CaixaBankia ni las administraciones públicas han ofrecido ninguna alternativa para Pilar. En los últimos años hemos intentado parar numerosos desahucios de casas de la que entonces era Caixa, en numerosas ocasiones sin éxito, como fueron los casos de Marijose y Manuela entre otros. Se trata de pisos que a día de hoy sabemos que siguen vacíos, sirviendo a la especulación general de la vivienda.

Pese a la gran victoria que fue conseguir parar este último desahucio, dos meses después empezaron a llegar las multas por obstrucción a la autoridad, que una tras otra suman casi 20.000 euros y están amparadas por la Ley Mordaza. Estas se suman a las más de 2 millones de euros en multas desde la aprobación de esta ley. La inmensa mayoría de estas sanciones han sido impuestas durante el gobierno autodenominado “progresista”, que prometió derogar esta ley “nada más llegar”. La realidad es que esta legislación no sólo sigue vigente, sino que se ha ampliado para seguir reprimiendo a los movimientos sociales y criminalizar la lucha por nuestro derecho a una vivienda digna.

Tampoco se trata de un caso aislado dentro del Movimiento de Vivienda de Madrid: nuestras compañeras del Sindicato de Vivienda de Carabanchel también se enfrentan a 77 multas que suman más de 40.000 euros por parar un desahucio y las de el Sindicato de Inquilinas de Madrid a 9.000 por otro. Desde estas multas en octubre hemos sido multadas en casi todas las acciones públicas que hemos hecho: el desahucio de Flor y el desahucio de Mariano. En un contexto en el que la vivienda se está convirtiendo casi en un artículo de lujo la represión crece. Pero nosotras lo tenemos claro: nos sobran las razones para seguir luchando y ante un sistema que se hace rico empobreciéndonos no nos queda otra que organizarnos para defender las condiciones de vida de nuestra clase.

Exigimos:

• La derogación inmediata de la Ley Mordaza y de todas las legislaciones represivas que atacan nuestros derechos y libertades.
• El sobreseimiento de todas las causas abiertas y la devolución de las multas impuestas por motivos políticos y sociales.

La represión económica y la violencia institucional son las armas de un sistema que busca perpetuar la injusticia y los privilegios de unos pocos. Pero nuestra respuesta es clara: no retrocederemos. Si parar desahucios es delito, somos culpables. Culpables de defender nuestras viviendas y nuestras vidas. Culpables de resistir ante la injusticia. Hacemos un llamado a la solidaridad de todas para enfrentar juntas la represión económica y construir un futuro donde la vivienda sea un bien básico universal y no una mercancía.