Directores: Ángela Gallardo, César Vallejo. Disponible en RTVE Play. 2 episodios.
El próximo 12 de noviembre se cumplirán – o cumplieron, según cuándo leas esto – 40 años de la desaparición de Santiago Corella, alias ‘El Nani’, un atracador de bancos y joyerías similar al protagonista de cualquier peli de cine quinqui. Su asesinato desveló ante el mundo la existencia de la mafia policial, una lucrativa alianza entre policías corruptos, empresarios y jóvenes delincuentes inexpertos, en la que los primeros planeaban atracos, los ladrones los perpetraban y el botín se repartía de forma siempre favorable para los poderosos.
Explica Ignacio Fontes en eldiario.es que “los culpables indirectos de este estado de cosas fueron la ley antiterrorista y la crisis económica de 1980. La primera dotó a los agentes de seguridad del Estado de poderes cercanos a la impunidad y la segunda condujo a una generación de jóvenes marginados al paro, la heroína y la delincuencia. La Diputación Permanente del Congreso tras aprobarse la Constitución, dominada por las derechas, propuso en 1979 una ley sobre seguridad ciudadana. […] La ley establecía preceptos claramente contradictorios con los constitucionales recién aprobados: detención gubernativa durante siete días, incomunicación del detenido sin autorización judicial y cierre de medios de comunicación. Felipe González y José Barrionuevo permitieron que la Policía aplicara la ley antiterrorista no sólo a las bandas armadas terroristas, […] sino también a todo tipo de ‘bandas’ que considerara la policía, debidamente autorizados de oficio y desidia por las máximas autoridades de Interior. El Tribunal Constitucional tardó nada menos que 8 años en declarar inconstitucionales las citadas barbaridades de la ley”.
Eran los años del desmantelamiento de la industria, del paro, de la heroína, de los robos de radiocasetes de los coches, de los tirones de bolsos y de atracos a bancos. El ABC tenía las secciones fijas tituladas ‘El atraco de ayer’ y ‘El atraco del día’. El Gobierno, en los años previos a mostrar a España ante el mundo entero como un país moderno en la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona (ambas en 1992) dejó claro a los mandos policiales que las calles debían estar limpias, al precio que fuera.
Es en este contexto en que decenas de policías de las Brigadas Antiatracos de Madrid, Santander y Bilbao aprovecharon la situación para organizarse y reclutar a personas como ‘El Nani’.
Santiago Corella creció en la marginación y la necesidad; abandonados por el padre, comenzó a trabajar a los 10 años para mantener a su madre y a sus seis hermanos; se casó con su novia de toda la vida, Soledad Montero, siendo aún menores de edad y enseguida tuvieron dos hijos. Fue ‘niño yuntero’, vendedor de patatas y pollos, pulidor en una joyería y trabajador de la construcción. Cuando la crisis cerró su puesto de trabajo se dedicó a robar. La Brigada Regional de la Policía Judicial de Madrid comenzó a conocerlo tras un atraco en solitario a un supermercado, en cuya huida atropelló al inspector que lo tiroteaba, Victoriano Gutiérrez Lobo.
Cuando, al cabo de dos años, sale de la cárcel, los policías corruptos lo captan para los grupos de delincuentes con los que trabajan: planean golpes que estos perpetran con armas proporcionadas por ellos y se reparten desigualmente la mayor parte del botín (la parte menor la consignan como “recuperada”); de vez en cuando, algún delincuente cae bajo las balas policiales: desgraciados ‘gajes del oficio’, lamentables ‘caídos en cumplimiento del deber’.
Entre unos y otros, policías y ladrones, hay un intermediario, el joyero santanderino Francisco Venero, perista al que entregaban lo robado, fundía el oro en lingotes y repartía los beneficios según lo acordado: la mayoría para la mafia policial, un buen bocado para él y apenas un ‘sueldo’ para los autores. También señalaba objetivos a los delincuentes y los proveía de armas y detalles precisos para los atracos.
En un atraco a joyería de Valladolid, ‘El Nani’ y dos compinches se hicieron con un botín de 48 kilos de oro. Sólo dieron 8 kilos a Venero y el resto lo enterraron en las cercanías del pueblo. Alertada por Venero, la Brigada Antiatracos aprovechó el atraco con asesinato a la joyería madrileña Payber, en 1983, para detener y acusar a Corella, aunque la mafia sabía que había rechazado ese ‘encargo’ de Venero. Los policías buscaron el oro con excavadoras, sin éxito.
El 12 de noviembre de 1983, el jefe del grupo III de la Brigada Antiatracos (Victoriano Gutiérrez Lobo, aquel policía que Santiago atropelló cuando huía del supermercado que atracó) entró con otros secuaces con placa en el piso donde estaba ‘El Nani’ y se lo llevaron, junto a su mujer y tres hermanas, a la Puerta del Sol, donde se ubicaba la Dirección General de Seguridad. Ese mismo día, también detuvieron a Ángel Manzano, compañero carcelario y colega de andanzas de ‘El Nani’, y a su esposa, Concepción Martín. A ambos matrimonios les aplicaron la Ley Antiterrorista. Durante horas, los familiares, humillados y maltratados –a Soledad la desnudaron y toquetearon y a Concepción, embarazada, la amenazaron con torturarla hasta que abortara–, fueron testigos auditivos de la cantinela a gritos de los policías: “Nani, canta, ¿dónde está el oro?” mientras Santiago gritaba de dolor. Tras ser sometido a torturas durante horas, ‘El Nani’ fue asesinado a golpes y a Manzano lo reventaron y tuvieron que trasladarlo al hospital Provincial de Madrid, donde fue operado de una costilla rota y una hemorragia abdominal.
La versión de la policía para defenderse fue que ‘El Nani’ se escapó mientras les intentaba poner en contacto con quien le había vendido una pistola para el atraco. Pero el cura obrero de Entrevías, Enrique de Castro, junto a la Asociación contra la Tortura investigó el caso y consiguieron desmontar todo el relato policial y que se juzgara a nueve agentes. El comisario jefe Francisco Javier Fernández Álvarez, Victoriano Gutiérrez Lobo, jefe del grupo de Joyerías, y el inspector Francisco Aguilar González fueron condenados a más de 29 años de prisión. Los otros policías procesados resultaron absueltos “por falta de pruebas”.
El documental Pacto de Silencio relata los hechos a través de la grabación del juicio contra los responsables policiales, además de declaraciones de una pequeña parte de los protagonistas.
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