El pasado mes de septiembre comenzaba la expropiación forzosa de 626.000 metros cuadrados de terreno privado por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha como paso previo a la instalación de una mina de wolframio y oro a menos de 10 kilómetros de la localidad de Abenjónar, en la provincia de Ciudad Real.
Los promotores del proyecto insisten en el potencial impacto económico que la mina generará en la zona rural creando puestos de trabajo y atrayendo inversión. Sin embargo, según denuncia Ecologistas en Acción, esta perspectiva es engañosa ya que como hemos visto en otros proyectos mineros las cifras de puestos de trabajo se inflan, contando puestos a tiempo parcial como si fueran a jornada completa, el impacto medioambiental se minusvalora y se centra la discusión en el corto plazo omitiendo las consecuencias a largo plazo, la gestión de los residuos tóxicos, el desempleo al cierre de la mina, etc…
Las previsiones hablan 175 puestos de trabajo lo cual supuestamente reactivará económicamente la comarca pero que resulta irrisorias con la perspectiva de 500.000 toneladas extraidas anuales y con el precio del mineral en alza, en contra de lo que pudiera parecer la empresa se llevará mucho más de lo que dejará.
A nivel formal existen diversas irregularidades que como cabía esperar afectan a la evaluación de riesgos medioambientales y a su mitigación. Dentro de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se hizo no se tuvo en cuenta el estudio hídrico exigido, no se incluyó una planificación de la gestión de los fluidos tóxicos que si no son aislados de manera adecuada pueden provocar la filtración de metales pesados como el arsenico o el mercurio a los acuíferos circundantes y afectar al consumo humano. Además tras tres años desde la presentación de la DIA las condiciones del entorno han variado sustantivamente, la reducción de las precipitaciones han mermado considerablemente los recursos hídricos disponibles, lo que debería obligar a una revisión completa del proceso administrativo. Así mismo la biodiversidad es mucho mayor a la considerada en la primera versión de la DIA.
El wolframio, también llamado tungsteno, y sus derivados son usados principalmente en la fabricación de dispositivos electrónicos, tubos de televisión, lámparas eléctricas y en la investigación espacial. Por este motivo la Comisión Europea lo ha incluido dentro de las veintisiete materias primas «que presentan riesgo particularmente elevado de escasez de abastecimiento y que son particularmente importantes para la cadena de creación de valor».
En esta línea la Unión Europea lanza el plan estratégico «Europa 2020» con el que subvenciona proyectos mineros por valor de 90 millones de euros lo cual ha llevado a firmar acuerdos entre la Unión y las comunidades autónomas sobre la concesión de permisos mineros a empresas multinacionales sin consulta pública.
Cómo hemos comprobado tras mil y un titulares sobre corrupción política en el estado español el modus operandi de las elites económicas de este país se parece más al de la mafia siciliana que al de los/as honrados/as gestores/as de una sociedad que se dicen ser. Pedro Aránguez Ruiz, actual promotor del proyecto ha ocupado en el pasado el puesto de director general de Industrias y Minas de Castilla-La Mancha y el de consejero de Gas Natural demostrando una vez más cómo de lucrativas son las puertas giratorias que conectan la administración pública y el sector económico. Aránguez trabaja actualmente para la filial de Sacyr, Mining Hill. Sacyr estuvo implicada en acusaciones de soborno en relación un frustrado proyecto minero en Galicia, la minera canadiense Edgewater acusa a un directivo de Sacyr de aconsejarle pagar una ‘mordida’ de 1,5 millones de euros a la Junta de Galicia para conseguir la aprobación del proyecto.
Para ver la problemática en su conjunto hay que situar este proyecto en un contexto que se está dando en el estado español de expansionismo de la actividad minera y en concreto de la minería especulativa, es decir, compra-venta de derechos mineros con el único objetivo de inflar las acciones de las empresas mineras y generar beneficios en bolsa. La presión ha aumentado en los últimos años también debido al alza del valor de mercado de muchos minerales que se encuentran en el territorio español, durante 2017, por ejemplo, el cobalto aumentó un 127%, el cobre un 30% y el wolframio un 27%.
Esta dinámica ha gozando de la tolerancia y aval de los gobiernos autonómicos del PSOE y PP alimentando una burbuja similar a la que hemos vivido con el precio de la vivienda en la que empresarios y políticos trabajan en su propio beneficio aprovechándose de la administración y a costa de degradar las condiciones económicas y ecológicas de vida de las clases populares. Al fin y al cabo empresas y políticos gozan de mayor movilidad y por tanto perciben como menos problemática la degradación ecológica de una zona pues cuando esta se produzca podrán buscar alternativas de vida y beneficio en otros lugares.
La degradación y abandono por parte de la administración de las areas rurales no puede ser excusa para justificar cualquier atropello contra el medio ambiente sino que debe ser señalada y combatida al mismo tiempo que generamos alternativas económicas y vitales en el entorno rural contrarias al capitalismo y a una vida en la ciudad insaluble e insostenible. Las futuras generaciones nos agradecerán que hayamos tirado del freno de mano de la máquina extractivista en vez de haber apretado el acelerador.
