Cumpliendo lo dictado por el FMI y el BCE y ante los aplausos de la Patronal y la inactividad de los sindicatos oficiales, el Gobierno ha aumentado el Salario Mínimo Interprofesional para el año 2011 un 1,3% hasta llegar a 641,40 €/mes o, lo que es lo mismo, 2,67€ por hora trabajada. Con esta ridícula subida el Gobierno da un paso más en el incumplimiento de su promesa electoral de elevar el salario mínimo a 800 euros para 2012 y aleja aún más los salarios españoles de los que se obtienen en la Unión Europea. Así, la gran mayoría de los Estados de la UE-15 que tienen recogido un salario mínimo doblan la cuantía del existente en el Estado español, siendo la media de los Estados de la UE-15 de 1.160 euros. El salario mínimo español es tan mínimo que hasta el Consejo de Europa, institución poco sospechosa de defender los derechos de los/as trabajadores/as, lo ha considerado “manifiestamente injusto e insuficiente”.
También los salarios pactados por Patronal y sindicatos para este año que empieza han subido de una forma similar, un 0,9% de media en los convenios colectivos de empresa y un 1,3% en los convenios sectoriales (aunque las empresas pueden inaplicar estas subidas y mantener el salario de 2010) alegando la mala situación económica).
La escasa subida de los sueldos no supondrá ningún alivio para los bolsillos de los/as trabajadores/as, ya que la subida de los precios de un 2,9% consigue que éstos pierdan poder adquisitivo, es decir, que su salario vale menos que el año pasado. Esta situación no es nueva, tomando como referencia el salario mínimo y teniendo en cuenta la inflación acumulada, los trabajadores tienen en el año 2011 el mismo poder adquisitivo que en 1977. Todo ello sin tener en cuanta el precio de la vivienda en propiedad, cantidad no reflejada a la hora de realizar el IPC. Para hacernos una idea de cómo cada día nuestro salario vale menos puede servir este ejemplo: para comprar una vivienda de tamaño medio, en 1982 un trabajador, dedicando el cien por cien del salario mínimo, tardaría 12 años en conseguir pagar una casa, mientras que si su hija quiere comprar esa misma casa hoy en día tendría que dedicar 42 años de su salario.
Otro ataque sufrido por los/as más desfavorecidos/as es la congelación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) un indicador que se utiliza como referencia para la concesión de ayudas del Estado. Esto provoca que al haber aumentado los precios, las ayudas calculadas a partir del IPREM (como el subsidio de desempleo) tengan un menor valor y que sea más difícil acceder a becas, asistencia jurídica gratuita… A estas medidas ofensivas contra los/as trabajadores/as hay que sumar la supresión de la ayuda de 420 euros para parados/as que no cobran subsidio de desempleo, la eliminación del cheque bebe, la congelación de las pensiones.
En el mismo sentido de hacernos pagar la crisis capitalista se orienta el proyecto de reforma de las pensiones que además de elevar la edad de jubilación a los 67 años pretende rebajar la cuantía de estas aumentando el periodo tenido en cuenta para calcular la pensión a los 20 ó 25 años (frente a los 15 actuales) y utilizando para revalorizarlas no el IPC como hasta ahora sino la situación de la economía o la evolución de los salarios.
Ante esta situación, los/as trabajadores/as no podemos cruzarnos de brazos y esperar que unos sindicatos subvencionados por el Estado (y, por tanto, propiedad de éste) nos saquen las castañas del fuego. Sólo mediante nuestra propia organización en el curro, en el barrio, en nuestro centro de estudios, basándonos en el apoyo mutuo y la acción directa, podremos lograr la fuerza necesaria para que esta crisis la paguen sus culpables: políticos/as, empresarios/as, banqueros/as, especuladores/as.
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