La que se avecina: la reforma del Código Penal y la estrategia del miedo

Mano dura. Este es el mensaje con el que el Partido Popular (PP) ganó las elecciones hace más de cien días. Estas dos palabras son las que pueden resumir el Código Penal que se nos viene encima. Todavía no conocemos todas las claves del nuevo texto, ya que todavía no se ha presentado un borrador o un proyecto de ley que las contenga. Una Comisión dependiente de los Ministerios del Interior y de Justicia está trabajando en ello; probablemente se aprobará antes del verano y entrará en vigor en menos de un año. Su contenido exacto no lo conocemos, pero sí sabemos que se podrá resumir en una frase: mano dura.

Durante la campaña electoral del pasado otoño, el PP hizo de la “lucha contra  la multirreincidencia” uno de los pilares centrales de su programa, como así lo resumió Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Una de las formas para conseguirlo sería mediante la reforma de la Ley de Extranjería, para que aquellos/as inmigrantes que “hayan hecho de la delincuencia su modo de vida” sean expulsados/as del país aunque se encuentren en él de forma legal. Asimismo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también anunció al poco de ocupar su cargo que el Código Penal debía ir más allá y establecer la cadena perpetua, llamada “prisión permanente revisable”, para delitos muy graves.

Todas estas alarmantes declaraciones de miembros del Ejecutivo (aplaudidas por miembros de otros partidos, como CiU) nos permiten ir dibujando un mapa de cómo será el futuro Código Penal. Las perlitas más recientes que soltaron eran relativas a equiparar el atentado a la autoridad con la resistencia pasiva y, así, poder imponer penas más graves a los/as detenidos/as en manifestaciones, como analizaremos más adelante en este artículo.

Legislando a golpe de titular

No hay verdad más engañosa que aquella con la que deseamos ser engañados, ni realidad más discutible que la que repugnamos incluso considerar” – Enrique Martínez Reguera, La Calle es de Todos.

Tras la trágica muerte de Marta del Castillo a manos de su pareja, el PP revitalizó su campaña a favor de la cadena perpetua. Tras la muerte de Sandra Palo cometida por un  menor de edad conocido como “el Rafita”, argumentaron que es necesario endurecer la Ley Penal del Menor (y así se hará, próximamente). Tras las últimas protestas estudiantiles de Valencia, en los que los/as chavales/as no actuaron de forma violenta contra la policía, ciertos miembros del Gobierno reivindicaron un endurecimiento de los delitos de desobediencia y resistencia pasiva. No podía ser que la policía les dijera que se dispersaran y que no lo hicieran. Y ahora, tras la huelga general del 29 de marzo, se pide equiparar la “violencia callejera” con el terrorismo.

Este es el tipo de legislación populista a la que estamos acostumbrados/as. Ocurre algún tipo de suceso y aparece en los medios (muchas veces magnificado, exagerado y manipulado) y, el Gobierno, para generar la apariencia de que se esfuerza por solucionarlo y evitar que un hecho así se vuelva a repetir, responde con un endurecimiento de la Ley, cada vez restringiendo más derechos y libertades en favor de lo que se denomina “seguridad ciudadana”.

Un estudio muy interesante sobre el papel de los medios de comunicación, la sensación de inseguridad ciudadana y la posterior represión a la “delincuencia juvenil” es el recogido en la fantástica obra de Enrique Martínez Reguera titulada La Calle es de Todos.

La estrategia del miedo

Hay que endurecer las penas por delitos de violencia callejera […] para que haya más gente que tenga más miedo al sistema y que no sea tan osada” – Felip Puig, conseller d’Interior de Catalunya (CiU).

El Gobierno es consciente de que los recortes sociales y la reforma laboral van a seguir generando descontento social y que éste se va a traducir en una creciente conflictividad, marcada por movilizaciones y todo tipo de protestas. El surgimiento de movimientos como el 15-M y las asambleas de barrio, las protestas estudiantiles de la denominada ‘Primavera Valenciana’ y la huelga general del 29 de marzo son algunos ejemplos de este descontento. Ante esta escalada de la tensión social, que no sabemos si en el futuro puede dar pie a que se genere una situación de enfrentamiento con las fuerzas del orden semejante a la existente en Grecia, el Ejecutivo ha decidido reformar “en profundidad” el ordenamiento penal (Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana).

Así, quienes organicen o convoquen a una “concentración violenta” a través de internet, se enjuiciarán como “integrantes de organización criminal” en la Audiencia Nacional y se enfrentarán a una pena mínima de dos años, según detalló Fernández Díaz el pasado 11 de abril en el Congreso. De esta forma pretenden luchar contra la “espiral de violencia” que protagonizan los “colectivos antisistema que practican técnicas de guerrilla urbana”.

La finalidad de establecer como mínimo una pena de dos años es la de poder enviar a la cárcel a los/as convocantes de dichas manifestaciones (ya que, si la potencial pena fuera inferior a dos años, legalmente no podrían hacerlo). Con esta reforma, los fiscales podrán solicitar la prisión provisional para los/as acusados/as, antes de ser enjuiciados/as, y los/as jueces, por su parte, acordarla.

La prisión provisional es considerada por el ordenamiento jurídico como una medida de carácter excepcional que se ha de aplicar únicamente en situaciones muy concretas, pero poco importa: una tercera parte de los/as presos/as españoles lo están de forma preventiva. En la actualidad, tres de los/as detenidos/as de la huelga del pasado 29 de marzo se encuentran en la cárcel, ya que la jueza de instrucción que les derivó allí teme que puedan participar en futuras movilizaciones.

Otra reforma que en un primer momento se preveía era la de incluir la resistencia “pasiva o activa” como un “atentado a la autoridad” (penado de 2 a 4 años), tras unas declaraciones del ministro del Interior que suscitaron una gran polémica entre juristas, abogados/as, jueces, políticos/as, periodistas y supuestos/as intelectuales de todos los colores. Sin embargo, una semana más tarde, el ministro de Justicia explicó que finalmente este cambio no tendría lugar. ¿Eran las declaraciones de Fernández Díaz un globo sonda hábilmente dirigido para observar la reacción que provocarían? ¿Se han echado para atrás para dar la impresión de que atienden a las razonables demandas, exigidas tras el revuelo mediático causado?

Con lo que sí podemos contar es con que la reforma pretende incluir como agravante el que una conducta violenta se produzca en una manifestación o endurecer las penas de violencia callejera hasta el extremo de equipararlas con la legislación aplicada a la kale borroka o terrorismo de baja intensidad. Según el Gobierno, el objetivo es “robustecer la autoridad” y garantizar el orden público. Garantizarlo, eso sí, a base de miedo. Como explicó el abogado Servando Rocha al poco de hacerse públicas las declaraciones del ministro del Interior, “se trata de usar reformas legislativas profundas realizadas a la ligera para transmitir miedo y controlar a los colectivos sociales”. Nuestra respuesta ahora debe ser clara e inequívoca: ¡no tenemos miedo!

El Código Penal no viene solo

Si Gandhi hubiera estado en la Plaça de Catalunya [el día que la desalojamos] también habría pillado. […] Resistirse [sin violencia, ni arremetimiento contra la policía, ni nada] no es pacífico. Lo pacífico es que te digan que te vayas, te levantes y te vayas. […] La policía ejerce la violencia legal. […] La policía siempre gana” – Sergi Pla, comisario de la Brigada Móvil (antidisturbios) de los Mossos d’Esquadra, en el programa Salvados (La Sexta, 15 de abril de 2012).

La estrategia del miedo no se crea sólo a base de plumazos. El aumento de la violencia policial de los últimos tiempos contribuye mucho a crear el deseado clima de miedo.

Seguramente, será difícil en la práctica llevar a cabo todo lo que dicen los/as políticos/as que contendrá el nuevo Código Penal (si es que finalmente se aprueba en los términos en que dicen que lo hará, ya que es posible que las últimas declaraciones sean, en cierta manera, una suerte de globo sonda destinado a extender el temor a participar en movilizaciones o asambleas públicas), por lo que la labor policial se torna necesaria para amedrentar a las personas que participan en algún tipo de movimiento social. Con esto no nos referimos únicamente a las cargas que se han dado en distintas manifestaciones, sino también a otro tipo de actuaciones, como la de la presencia de dos furgones de policías antidisturbios en algunas asambleas de barrios del 15-M a principios de abril.

Como ya hemos explicado antes, nos estamos enfrentando a recortes sociales en sanidad y educación, a subidas en el precio de bienes de primera necesidad o en transportes públicos y a una mayor precarización de nuestras condiciones laborales y de nuestras vidas en general. El odio y la rabia arde en nuestras entrañas y salimos unidos/as a la calle para visibilizarlo. La reforma del Código Penal no es más que otro recorte más de nuestros mermados derechos y una herramienta para tratar de frenar toda reivindicación o movilización. Se recurre a las viejas políticas de emergencia para que la gestión del control social recaiga sobre políticos/as y policías, los cuales buscan destruir cualquier movimiento por miedo al recrudecimiento de los conflictos. Ante esto, nuestra respuesta no puede ser la de agachar la cabeza y someternos. Hacen esto porque nos tienen miedo. Y llevan razón: si nos lo propusiéramos, no podrían pararnos.

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