Por Jorge del Arco y Mario Rísquez (CGT-UCM)
Los pasados 26 y 27 de noviembre las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid fuimos nuevamente a la huelga contra la asfixia económica a la que nos está sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el horizonte amenaza, además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), un proyecto legislativo que busca abrir aún más el espacio universitario al expolio de los recursos públicos.
La situación en las universidades madrileñas
La situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid viene de lejos. Se tomen los datos que se tomen, la financiación nunca ha recuperado los niveles previos a los recortes implementados por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En aquel momento, las universidades públicas madrileñas vivían una situación de equilibrio presupuestario y la financiación pública por estudiante era equivalente en Madrid y en el sistema nacional en su conjunto. Quince años después, hay un desfase del 22,5% en la región. La Comunidad de Madrid es la única región española que invierte menos ahora por estudiante de grado y de máster. Siendo una de las regiones más ricas, es también, junto con Cataluña, la que menos invierte por estudiante.
La financiación pública de las universidades madrileñas se situó el año pasado en un 0,37% en relación al PIB autonómico. Este índice parece aumentar ligeramente en 2025 (0,38% según estimaciones conservadoras sobre el crecimiento del PIB y la inflación), aunque en relación al presupuesto total, el universitario desciende una vez más: del 4,06% al 4,04%. Este dato es importante porque al consejero de Educación, Emilio Viciana Duro, le gusta decir que el porcentaje con respecto al PIB ni representa las necesidades reales de las universidade,s ni mide adecuadamente el esfuerzo presupuestario que realiza la Comunidad de Madrid. La realidad es que dicho esfuerzo ha pasado de estar 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 1998, cuando las competencias estaban en manos del Ministerio de Educación, a situarse un 23% por debajo en 2023.
El gobierno de la Comunidad de Madrid atribuye los problemas económicos de sus universidades al aumento del gasto. Pero, una vez más, los datos desmienten sus afirmaciones. Mientras el total de los gastos a nivel estatal ha aumentado un 20%, en Madrid dicho incremento ha sido una quinta parte menor (16%). El problema es que mientras en el primer caso los ingresos han aumentado un 20%, el sistema universitario madrileño apenas ha visto incrementados sus ingresos en un 10%. Poniendo estas cifras nuevamente en relación al PIB autonómico, la caída de los ingresos de las universidades madrileñas es palmaria: del 0,90% de 2008 se ha pasado al 0,68% en 2023 (un retroceso del 25% en términos reales).
Si acudimos a los euros contantes y sonantes, hay que indicar que, en verano de 2024, los rectorados de las seis universidades públicas solicitaron un incremento de 200 millones en el presupuesto para poder funcionar con una mínima normalidad.1 El gobierno de Ayuso respondió con un pequeño incremento de 47,26 millones respecto de lo que había anunciado en primera instancia. Este año se anuncia otra pequeña subida de 75,3 millones. En total, poco más de la mitad de lo que las universidades solicitaban simplemente para poder abrir.
Esto ha hecho que aquellas universidades con un mayor déficit de financiación se encuentren en graves problemas. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tuvo un agujero de 33 millones de euros en 2023. Un año después, este déficit aumentó hasta los 45 millones. Es la universidad que menos dinero recibe de las administraciones autonómicas por estudiante (4.291 euros anuales). Este déficit estructural de financiación ha tenido que ser cubierto con los remanentes de diez años de ahorro. Pero la tesorería se agota rápidamente con esta deriva. Este pasado verano, el rector afirmaba que les quedaba entre un año y un año y medio de solvencia.
La situación en la UCM
El agujero en la Universidad Complutense (UCM) en los últimos dos años ha sido de 142,3 millones de euros (64,5 millones en 2023 y 77,8 millones de euros en 2024). El problema no es puntual y se va a ir agravando. Si se compara la cuantía de la transferencia de este año con la que tenía lugar en 2008, y se corrige la inflación, se aprecia un recorte del 18%. El gobierno de Ayuso puede seguir diciendo que está aumentando la financiación porque en 2024 asignó un 7,8% más (373,8 millones) de lo que transfería en 2008 (349,8 millones). Pero lo cierto es que la inflación ha aumentado un 31,3% en ese mismo período. No hace falta ser economista para deducir lo que ha ocurrido en estos 16 años. Y eso en un contexto en que la región ha vivido un crecimiento acumulado del 28,8% del PIB, una vez ajustada la inflación. No hay manera de justificar esta asfixia por la situación económica.
Esto ha provocado que la UCM sufra un déficit de financiación que ha pasado en los últimos tres años del 0,92% al 12,39%. De los más de 33 millones de euros que conservaba en la tesorería como remanente ahora mismo no queda nada. El informe de las cuentas anuales habla de tensión de liquidez. La UCM no tiene dinero para afrontar sus pagos corrientes.
Por eso se ha visto obligada a pedir un préstamo a la misma institución que la ahoga económicamente. Un crédito de 34,46 millones de euros que tiene que devolver en los próximos cinco años. Pero no solamente tendrá que devolver ese dinero. Además tendrá que pagar 4,4 millones de euros en conceptos de intereses (2,8%). En una situación de insolvencia provocada por la propia Comunidad de Madrid, ésta pasa a convertirse en acreedora y asume la deuda de la universidad que ella misma ha generado a cambio de un nada módico precio (el Euribor se encuentra en estas fechas alrededor del 2%).
A cambio de ese dinero, la UCM tiene que implementar un Plan Económico-Financiero de ajuste de gasto de alrededor de 33 millones de euros en los próximos 3 años. Por las informaciones de que disponemos hasta ahora el núcleo duro de esos recortes se va a concentrar en la plantilla: 16 millones en el personal docente e investigador (PDI) y 11 millones en el personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS). Lo que es seguro es que se mantendrá durante tres años la retención del 35% del presupuesto a departamentos y facultades que se anunció en diciembre del año pasado en previsión de la situación de insolvencia a la cual la conducía la Comunidad de Madrid. Ahora ha anunciado que dicha medida se mantendrá los próximos tres años. Esta retención presupuestaria ya supuso que se dejaran de financiar los grupos de investigación, que algunas bibliotecas tuvieran que anunciar que no se adquirirían novedades o que se cancelaran becas de excelencia para estudios de máster.
Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC)
A nadie puede sorprender el desprecio de un gobierno del PP por los servicios públicos. Aun así, la situación resulta chocante incluso para los estamentos universitarios más conservadores. Los decanos y decanas de todas facultades de la Complutense se han concentrado en la Puerta del Sol para protestar por la falta de financiación. Con la boca pequeña, y un exasperante síndrome de Estocolmo en ocasiones cínico, los rectorados llevan un año y medio denunciando la insostenibilidad de la educación superior universitaria con estas cifras. ¿A qué responde entonces este ataque que parece llevar el recorte al punto del desmantelamiento?
Prácticamente al mismo tiempo que conocíamos el crítico escenario económico que afrontaban nuestras universidades, caía en nuestras manos un borrador incompleto del anteproyecto de ley que preparaba el gobierno de Ayuso. Un proyecto estructural que busca aprovechar los huecos habilitados por la legislación estatal para convertir la educación superior madrileña en un mercado del que se puedan obtener pingües beneficios. Llevan años intentándolo, no solo con la educación, también con la sanidad, y piensan que la crisis económica que han generado en la universidad les da la oportunidad perfecta tanto en la imposición de recortes como en la negociación legislativa.
Este es un ataque desde varios frentes a la autonomía universitaria. Busca poner a las universidades públicas bajo control directo de la Comunidad de Madrid y el tejido empresarial madrileño. La infrafinanciación de las universidades públicas abre espacio a la competencia de las entidades privadas y a la precarización de la fuerza laboral, tanto la propia de las universidades como aquella en formación, a la vez que ofrece trabajo gratuito o infrapagado. Pero la verdadera y preocupante novedad de la ley es el fomento del expolio de los recursos públicos.
El sometimiento de la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, al mundo empresarial ya no pasa solamente por su orientación al mercado laboral y las exigencias productivas. Con esta ley es la propia educación superior la que se convierte cada vez más en un mercado en el cual lucrarse. Pero además no se pretende hacer únicamente favoreciendo a las entidades privadas en detrimento de las públicas. Las exigencias de programas conjuntos, uso compartido de equipamientos, trasvase de estudiantes y docentes y demás aspectos propuestos en el anteproyecto dejan a las claras que lo que se busca es permitir el parasitismo de entidades privadas, tanto universitarias como no universitarias, sobre las universidades públicas.
Para ello la Comunidad de Madrid debe reforzar su propio control externo sobre las universidades y el control interno por parte del tejido empresarial a través de los Consejos Sociales. Esta institución idealmente pensada para habilitar la participación de la sociedad en la universidad ha sido utilizada para permitir la entrada del mundo empresarial. El anteproyecto de ley amplía y deforma sus funciones hasta convertirlo casi en un Consejo de Gobierno de facto. Junto con la también exacerbada figura de la intervención, se busca transformar radicalmente el equilibrio de gobierno y el significado mismo del concepto de la autonomía universitaria. Las competencias económicas que se le otorgan le dan un control presupuestario prácticamente total. Las académicas le habilitan para controlar lo que se enseña o se investiga en las universidades. Y por si todo ello fuera poco, se le pretende convertir en un órgano que blinde y promocione los discursos de odio, puenteando los órganos de la propia universidad que regulan los derechos de reunión y libertad de cátedra o expresión. Pero el objetivo es el mismo que muestran el resto de artículos referidos al gobierno y el diseño institucional: debilitar la autonomía universitaria para blindar el control político de la Comunidad de Madrid y bloquear las vías de representación y participación efectiva de las trabajadoras y el estudiantado. Solo así podrá llevarse a cabo la puesta en disposición de los centros privados de enseñanza superior –universitaria o no universitaria (por eso se establece una normativa conjunta)– las infraestructuras (laboratorios, centros deportivos, talleres artísticos y otras instalaciones o herramientas digitales), la investigación y la formación para la investigación (programas de doctorado), los recursos humanos, los servicios, así como el prestigio de las universidades públicas.
El otro instrumento ideado para consumar el expolio es el modelo de financiación propuesto en el anteproyecto. Dividido en tres capítulos (financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos), de los cuales solamente el primero estaría relativamente garantizado, esta propuesta, lejos de garantizar la autonomía financiera de las universidades, refuerza su dependencia del proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid y mantiene una transferencia ordinaria insuficiente para su normal funcionamiento. Puesto que se pretende detraer de dicha transferencia los ingresos de los precios y tasas públicas, el anteproyecto pone un límite a la financiación autonómica por debajo de las necesidades de financiación básica. Lo mismo ocurre con los gastos de mantenimiento y reposición de activos ya existentes, que no podrán incluirse en el capítulo de necesidades específicas –en abierta contradicción con la legislación estatal–. Este se vería limitado exclusivamente a nuevas inversiones en infraestructuras y equipamientos que tendrán que ser aprobadas por la Comunidad de Madrid. Finalmente, la financiación por objetivos busca establecer unos contratos-programa orientados al cumplimiento de la colaboración con las empresas privadas y a la progresiva privatización de las propias fuentes de financiación de la universidad. Porque esa es la otra gran novedad que quiere implantar la LESUC: la creación de fondos de inversión y otros mecanismos financieros para que las universidades obtengan recursos por su cuenta en el mercado. Si la situación económica de las universidades públicas ya es insostenible hoy, un estudio de los mayores expertos en contabilidad universitaria ha llevado a cabo el ejercicio de aplicar los criterios de financiación del anteproyecto para la liquidación presupuestaria de 2023. El resultado es que las universidades públicas de Madrid perderían en total otros 179 millones de euros. La Complutense sería la más afectada con más de 54 millones menos. Si el mismo criterio se aplicase a nivel nacional, la pérdida sería de casi mil millones de euros.
¿Estamos ante un proyecto de ahorro y austeridad brutal en un momento de relativa bonanza, al menos en términos macroeconómicos y ciertamente para las arcas de la Comunidad de Madrid? Sin descartar que la animadversión por lo público de las élites políticas y económicas madrileñas pudieran conducir a decisiones irracionales como esta, lo cierto es que el motivo es mucho más prosaico. La universidad privada se ha convertido en un nicho de negocio de alta rentabilidad en España. Un estudio de hace seis años cifraba la rentabilidad media del sector en un 9,4%. Y es un mercado en crecimiento. Incluso enormes fondos de inversión se percataron de la situación y adquirieron en aquel momento dos de las más rentables, Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea, por más de mil millones y casi ochocientos millones, respectivamente. Recientemente, la primera se ha vendido por el doble de lo que costó. En seis años, el fondo de inversiones CVC ha ganado mil millones de euros. Una rentabilidad del 100% de la inversión. Lo mismo ha sucedido con la Universidad Europea. Aunque las cifras de la venta no han sido publicadas en este caso, su valor de mercado actual se calcula también en alrededor de 2000 millones de euros. El fondo Permira habría casi triplicado su inversión de hace seis años.
Estamos ante un caso de intento de acumulación por desposesión de manual. Pero como siempre que el capital arremete contra nuestros derechos y condiciones de vida, los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, de la mano del revitalizado movimiento estudiantil, vamos a resistir. Nos jugamos la universidad pública en Madrid. Las movilizaciones de este año que cerramos con la huelga general universitaria son solo el comienzo de la lucha. Vamos a parar la tramitación de la LESUC y vamos a obligar a la Comunidad de Madrid a revertir la situación de infrafinanciación que lleva años provocando. Y ojalá esto sea solo el comienzo también de una lucha por los servicios públicos en general en Madrid. Porque el gobierno de Ayuso representa el trumpismo más peligroso que el capital quiere usar para seguir esquilmando: aquel con poder institucional y de gobierno. Ahora le toca a la universidad, pero lo seguirán intentando con la sanidad y con cualquier otra forma de riqueza colectiva que escape a su depredación. Pero nosotras también nos organizamos. Lo hicimos con las mareas y lo estamos volviendo a hacer.
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1 Según cálculos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), transmitidos en Consejo de Gobierno por el rector de la Complutense en julio de este año, dicha cifra alcanzaría hoy los 460 millones de euros.