Los días 1, 2 y 3 de julio, las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras, así como las que dicen que son independientes y que no están alineadas políticamente (que obviamente también son de derechas) llevaron a cabo una huelga contra el proyecto de reforma judicial que se tramitará próximamente en el Congreso por vía de urgencia. Oficialmente, la razón de la convocatoria era la defensa de la independencia judicial y el Estado de Derecho, pero tanto por el momento en el que se convocó el parón –en plena ofensiva política y mediática contra el PSOE por sus distintos casos de corrupción–, como por los apoyos políticos del PP y Vox que ha recibido la movilización, todo parece indicar que lo que se buscaba era debilitar un poco más al Gobierno del Perro Sánchez.
Una huelga en el momento adecuado
El proyecto que ha presentado Félix Bolaños, ministro de Justicia, no es más que eso, una propuesta. Todavía queda un largo recorrido parlamentario para que se debata y se presenten enmiendas. Pero, por alguna razón, Sus Señorías creían conveniente convocar una huelga en la misma semana en que declaraba como investigado Cerdán y que el Tribunal Constitucional validaba la Ley de Amnistía, todo ello coincidiendo con los titulares que generan las causas abiertas contra David Sánchez (hermano del presidente), Begoña Gómez (su esposa), Álvaro Ortiz (el Fiscal General del Estado), Leire Díez (la fontanera de Moncloa) y la propuesta del juez Peinado de imputar al propio Bolaños.
Imposible no acordarse en estos momento de las palabras de José María Aznar cuando llamó, en noviembre de 2023, a derrocar el Gobierno del Perro: “El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte”.
Desmontando a la derecha judicial
La reforma propone cambiar el sistema de selección de jueces por oposición, que actualmente se basa exclusivamente en memorizar por completo los textos legales, e introducir exámenes escritos, para valorar cómo razonan estas personas que toman decisiones trascedentales sobre el futuro de terceros. Pero a muchos jueces no les gusta que se suavice el carácter memorístico de las pruebas de acceso, porque están convencidos de que, si ése fue el mecanismo que les permitió ser seleccionados a ellos mismos, debe ser el mejor de los posibles. Se “va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”, denuncian los excelentes señores.
¿De verdad la excelencia consiste en memorizar unas leyes? ¿En serio pretenden defender sin sonrojarse que es más subjetivo un examen escrito, que puede ser revisado, que un examen oral, a puerta cerrada, delante de un tribunal que podría enchufarte por ser quién eres o porque conocen a tu preparador? Como escribe el catedrático de Derecho Penal Juan Antonio Lascuraín en El País, “¿Excelente un sistema que para seleccionar a sabios aplicadores del derecho y expresivos redactores de sus decisiones no les pide resolver un caso ni traer un bolígrafo al examen? ¿Más subjetiva la propuesta de realizar un dictamen por escrito, que es lo que propone adicionalmente el proyecto de ley, que un examen oral que no se graba, que se lo lleva el viento y que como en La Vozse resuelve día a día y no tras la exposición de todos los candidatos?”
Por otro lado, el proyecto de ley prevé la creación de un centro público en el que preparar gratis las oposiciones y un sistema de becas para opositores con pocos recursos. Esto ha molestado a no pocos magistrados, que reciben un suculento complemento mensual – no siempre declarado a Hacienda1 – preparando a opositores. Y es que el cambio de modelo de examen a uno que no se basa en repetir como loros las leyes y la gratuidad del nuevo centro público les puede fastidiar el negocio.
Además, algunos magistrados han acusado al Gobierno de intentar manipular ideológicamente a los futuros jueces y fiscales con la creación de este centro. Pero una persona que se haya pasado por cualquier facultad de Derecho de una universidad pública habrá comprobado, sin ningún esfuerzo, que abunda el pijerío y la fachosfera. Más bien al contrario, estas facultades públicas son espacios de socialización en valores conservadores y en presentar los sistemas occidentales/liberales como objetivamente superiores a cualquier otra alternativa.
El proyecto de Bolaños también prevé estabilizar e integrar en la carrera judicial a los actuales jueces sustitutos, quienes cubren las bajas de magistrados y se encuentran en una situación de importante precariedad e incertidumbre laboral. Las críticas no han tardado en materializarse, incluso entre las asociaciones progresistas (Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, las cuales no secundaron la huelga) dado que los jueces sustitutos no han aprobado ninguna oposición, sino que han sido nombrados a dedo. Sin embargo, las afirmaciones que hacen los jueces titulares de que el Gobierno socialcomunista prevé integrarles en la judicatura para poder meter a más personas afines al Gobierno en sus filas son absurdas, ya que los sustitutos han sido enchufados por altos cargos judiciales, no por el Ejecutivo. Su lealtad si acaso estará dirigida a los magistrados de los tribunales superiores de justicia – mayoritariamente conservadores – que les han nombrado de forma arbitraria o caciquil, no hacia quienes no han intervenido en su nombramiento.
Sin embargo, la idea que ha calado es otra. “Pretenden convertir a 1.300 jueces sustitutos, sin formación acreditada, en jueces y fiscales de verdad, porque interesa al poder político”, explicaba un conocido juez, en un vídeo de Twitter, a finales de junio. “Os preguntaréis, ¿pero qué prisa hay en ello? Yo diría que la actualidad informativa, ¿no? Esos casos de corrupción que todos tenemos en mente es la mejor prueba de cuál es la verdadera intención que late tras todos estos proyectos, que no es otra que la de debilitar al Poder Judicial en su misión de controlar los abusos de poder frente a los ciudadanos”.
“Los jueces tienen derecho a discrepar del gobierno, a tener la ideología que quieran e incluso a odiar a Pedro Sánchez. También tienen derecho a protestar contra las reformas de su estatuto que consideren equivocada. Lo que no tienen derecho es a mentir a la ciudadanía y menos aún a hacerlo como parte de una campaña política contra otro poder del Estado. Y eso es lo que está pasando”, escribía el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías en el diario Público. “Esta convocatoria pone de manifiesto que muchos de nuestros jueces son personas deshonestas que no tienen el mínimo pudor en mentir a la sociedad y que no se cortan en hacer política”.
¿Jueces o enriqueces? Huelga para lo bueno, pero no para lo malo
El mes de julio arrancó con la celebración de la huelga. Las cinco asociaciones convocantes aseguraron que el 75% de jueces y fiscales participaron de la misma. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado no recabaron datos al respecto, dado que consideran que, al tratarse de un poder del Estado, los jueces y fiscales no tienen derecho de huelga.
Al no reconocer oficialmente la huelga, las asociaciones convocantes no se han visto obligadas a fijar servicios mínimos (aunque sí los anunciaron, de forma unilateral), a determinar quién debía cumplirlos, ni las consecuencias de no hacerlo. Una situación bien distinta de cuando en nuestros curros pretendemos organizar una huelga y nos imponen servicios mínimos abusivos y una buena ristra de sanciones si no obedecemos.
Además, al no contabilizarse quiénes han hecho huelga, el Ministerio de Justicia no pudo detraer los salarios a los huelguistas. Y, en cualquier caso, si intentara hacerlo, la decisión se podría recurrir. ¿Y quiénes resolverían el recurso? Exacto, los propios jueces. Y es que en 2018, cuando era ministra de Justicia la socialista Dolores Delgado, ya llevaron a cabo otra huelga similar y Justicia descontó por primera vez el salario a quienes la secundaron, pero la Audiencia Nacional acabó por determinar que el Ministerio no era competente y ordenó devolver las cantidades.
Jueces luchando por hacer caer al Gobierno: la antesala al fascismo
Os podréis preguntar por qué, como anarquistas, consideramos importante dedicar un espacio en nuestro periódico a los ataques y los bulos que desde determinados estamentos se están difundiendo para intentar desgastar al Gobierno del PSOE y Sumar.
No lo hacemos porque defendamos al Gobierno que no pidió responsabilidades tras la Masacre de Melilla, que ha nombrado a Marlaska ministro del Interior, que ha infiltrado a policías en movimientos sociales, que no deroga la reforma laboral o la Ley Mordaza, que no acaba con la exclusión sanitaria a personas extranjeras, o que no ha indultado a las Seis de la Suiza o las Seis de Zaragoza, por citar algunos ejemplos dentro de una larguísima lista de agravios. Para nada. Pero es importante entender que cuando los poderes del Estado se movilizan contra un Ejecutivo socialdemócrata en un contexto mundial de avance de la extrema derecha, lo que puede venir a continuación es la instauración de un nuevo régimen fascista. Y, en este contexto, los movimientos sociales y políticos antagonistas, anarquistas, críticos con el régimen o de izquierdas son los que corren el riesgo de ser aplastados2.
No es incompatible cuestionar la validez del sistema judicial occidental y liberal como un supuesto mecanismo de resolución de conflictos que siempre busca proteger un sistema socioeconómico injusto, los intereses de la burguesía y el principio de autoridad, entre otros, con señalar los falsos motivos que difunden las asociaciones más derechistas para justificar una huelga. Se les llena la boca hablando de independencia, pero los verdaderos motivos son la lucha encarnizada contra el Gobierno de Sánchez y el mantenimiento de sus mecanismos de selección que favorecen el nombramiento de personas afines a su situación socioeconómica y su visión del mundo.
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1 En agosto de 2021, eldiario.es publicó una serie de artículos, titulados “El negocio en negro de jueces y fiscales: hasta 4.000 euros al mes por preparar a opositores” y “Los testimonios de los opositores que pagan en B a jueces y fiscales: a principios de mes se da un sobrecito” que explican detalladamente cómo Sus Señorías suelen cobrar unos 300 euros por alumno, ganando un sobresueldo de miles de euros mensuales.
2 No sería la primera vez que ocurre. En los ensayos Jueces contra la República y Ruido de Togas, el historiador Rubén Pérez Trujillano estudia, por un lado, cómo la judicatura se empleó a fondo durante la Segunda República para atacar el movimiento obrero y fue más permisivo con los movimientos violentos de extrema derecha, como consecuencia de un pacto antirrevolucionario entre las élites republicanas y las fuerzas capitalistas y eclesiásticas. Por otro lado, analiza cómo los jueces reaccionarios fueron más allá de los consensos alcanzados que mantenía intactos los privilegios de la burguesía y se movilizaron por hacer caer la República, como respuesta a las reformas republicanas.
