La Tortura en 2012 en el Estado español

Por noveno año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) – una plataforma integrada por organizaciones que luchan contra la tortura y en defensa de los Derechos Humanos -, ha emitido su anual Informe sobre la Tortura en el Estado español, en el que se recogen todos los casos de torturas documentados en el último año, entiendo por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia” (Convenio contra la Tortura de la ONU).

Dicho informe tiene sus limitaciones, por supuesto. En primer lugar, sólo se recogen los casos que se han podido contrastar de primera mano, para asegurar así su veracidad. Por tanto, la mayor parte de los casos de tortura y/o agresiones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP) no aparecen en él, ya que no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada. Esto es así especialmente por parte de colectivos marginados como el de las personas migrantes y/o presas. En segundo lugar, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento. Algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas y otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada.

A su vez, estas debilidades que tiene el informe se convierten en su principal fuerza: los testimonios y las conclusiones que aparecen en él resultan creíbles y consistentes. Además, concuerdan perfectamente con el informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa sobre la visita al Estado español en 2011 que se hizo público el 30 de abril de este año: las torturas en incomunicación, en los CIEs y en las prisiones son una práctica común, y el hacinamiento y el incumplimiento de obligaciones internacionales en centros penitenciarios, una norma.

El informe de la CPDT, que se refiere exclusivamente al año 2012, desvela que siguen dándose muertes bajo custodia en las cárceles del Estado español, que el pasado año 2012 se documentaron 288 casos de agresiones y malos tratos en España, en los que resultaron afectadas 851 personas, por parte de funcionarios de los diversos cuerpos de policía y de prisiones y que los soldados del ejército español torturaron a prisioneros en Irak. Y recuerda: nos han educado en la violencia institucional y en la impunidad de la misma, pero la tortura es siempre despreciable, en todo lugar y en toda circunstancia, envilece a quien la practica, a quien la ampara y a quien la justifica.

Una lectura sobrecogedora pero imprescindible para conocer la realidad en la que vivimos.

El informe lo puedes encontrar en www.prevenciontortura.org

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