En el artículo “Las detenciones como legitimación de las reformas represivas”, publicado en el número 36 de este periódico (correspondiente al mes de enero de 2014), informábamos sobre cómo la policía había procedido a detener a una veintena de personas el 28 de noviembre de 2013 por su supuesta participación en una manifestación antifascista que había tenido lugar ocho días antes.
No se trata de un caso aislado. Al contrario, es una práctica cada vez más extendida como parte de una campaña orquestada por el Ministerio del Interior para intentar mermar la oposición en las calles a través del miedo. Por ejemplo, vivimos la misma situación cuando siete personas fueron detenidas en sus casas presuntamente por delinquir en la concentración de Rodea el Congreso del 14 de diciembre cinco días después de la misma. Y el último ejemplo lo podemos encontrar hace escasamente un mes: el 31 de enero de este año, vecinas/os de Lavapiés se congregaban a las puertas del domicilio de un hombre de 53 años con una enfermedad crónica y una pensión insuficiente para afrontar el pago de su alquiler para protestar por la ejecución de su desahucio. Casi un mes más tarde (concretamente el 27 de febrero), en lo que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional denominó “Operación Guinda”, los agentes procedieron a detener a varias personas en sus casas por estos hechos. Todo esto, cómo no, oportunamente acompañado de una buena criminalización mediática. En este sentido, Javier Barroso, presunto periodista de El País (del que ya hemos hablado en artículos como “Un paseo por Lavapiés” y “La Represión y la Espada. La represión a Bukaneros y el papel de los medios de comunicación”, disponibles en www.todoporhacer.org), calificó a los/as detenidos/as como “individuos radicales de extrema izquierda junto con algunos anarquistas” que se infiltraron en la concentración para parar el desahucio. Son los/as mismos/as “que introdujeron la violencia en el movimiento 15-M, así como en las últimas como en Rodea el Congreso y otras similares, en las que se produjeron graves disturbios”.
Desahucio en Lavapiés el 31 de enero de 2014. Un mes más tarde, la policía detiene a los/as que protestaron ese día.
Cuando abordamos esta estrategia de detener a manifestantes en sus casas días después de los hechos en el mencionado artículo del número de enero, nos centramos en cómo chapuzas periodísticas como esta última joya de Barroso podían justificar reformas legislativas represivas (“la cobertura de las detenciones […] justifica la hiperprotección del ‘orden público’, traducida como el endurecimiento de las penas asociadas a delitos que se cometan en el seno de manifestaciones en la reforma del Código Penal o el reforzamiento de la autoridad pública en la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana”). Sin embargo, nos quedamos cortos: operaciones de esta naturaleza tienen muchas más consecuencias y se llevan a cabo con más de un objetivo, como lo son los siguientes:
• El objetivo principal ya lo hemos mencionado: desincentivar la lucha a través del miedo. Esto es evidente. Si piensas que después de ir a algún tipo de acto político puedes acabar detenido/a un mes más tarde, te lo piensas dos veces antes de ir. Esta estrategia genera la sensación de que el Ejecutivo lo controla todo, maneja información sobre todo el mundo, como una suerte de Gran Hermano extraído de la novela 1984; nada, ni nadie, se le escapa.
• Además, la propia detención se convierte en un castigo. En vez de citarles para declarar ante el Juez de forma voluntaria, lo cual, legalmente, en un proceso penal es la primera opción, se les detiene durante un par de días en los calabozos. Es claramente una venganza por una actividad política que consideran despreciable.
• Otro motivo por el cual Interior puede preferir detener a personas de esta manera es para aprovechar los momentos de desmovilización social. Ante una detención en caliente, efectuada en el momento de los hechos ante la atenta mirada de todos/as los/as manifestantes, la capacidad de reacción política en la calle, es mayor. Lo normal es que se celebren concentraciones condenando los excesos policiales y de apoyo a los/as represaliados/as o acciones solidarias de algún tipo.
Sin embargo, cuando las detenciones son semiclandestinas, en domicilios particulares, esto no es tan fácil.
• Lo mismo se puede hacer extensivo al papel que juegan los/as abogados/as. En situaciones de grandes convocatorias es habitual que haya algún/a abogado/a “de guardia”, pendiente de asistir a los /as posibles detenidos/as. Al estar en contacto con militantes, es fácil inferir qué cargos imputarán a los/as represaliados/as, saber cuándo habrá que acudir a comisaría, cuándo a los juzgados y cuándo serán puestos en libertad. Pero al detener a personas semanas más tarde, el /la letrado/a es convocado a ciegas, sin saber de qué trata el asunto, ni qué cargos se imputarán al/la detenido/a.
• Otra razón, muy retorcida, para decidir detener a personas en otra fecha, es la de poder “elegir” el juez instructor del asunto. Nos explicamos: cada día hay dos Juzgados de Guardia de detenidos/as; la policía no tiene más que mirar el calendario, ver en qué jornada estará de guardia algún juez conocido por “favorecer” más su versión y proceder a llevar a cabo las detenciones ese día. Sin ir más lejos, en el momento en el que se efectuó la “Operación Guinda” estaba de guardia un Juez famoso por haber sido inspector de policía en el pasado. ¿Casualidad?
• Por último, el marco de una operación de este calado es una oportunidad de oro para realizar seguimientos y observar la actitud y comportamientos de militantes. Con quién habla cada uno/a, qué le dice y, sobre todo, qué información se hace pública, puede servir como una fuente de información muy útil para la Brigada de Información.
Por ejemplo, si se detiene a una persona en su casa, sin informar a nadie del motivo de la misma, e inmediatamente después se publica en redes sociales y páginas web de contrainformación una noticia del estilo de “detenida una compañera por ir a la manifestación del día X”, se está informando a la policía que esa persona se encontró en ese acto concreto, cuando quizás el motivo de detención era distinto [esto es un ejemplo real, ya ha ocurrido en alguna ocasión].
Desde estas páginas queremos acabar este artículo haciendo un llamamiento a la sensatez. Nos encontramos ante un escenario nuevo, que hace escasos dos o tres años no existía. Antes, si ibas a una manifestación y no te detenían, se podía decir que por regla general te “habías librado”. Ahora esto no es necesariamente así, por lo que ha de preponderar el sentido común en todo lo que hagamos. En el corto plazo, tengamos cuidado con quién hablamos de lo que hayamos podido hacer o dejado de hacer, con las fotos y vídeos que tomamos en concentraciones y publicamos y con lo que debatamos en foros públicos (véanse Facebook y todas las redes sociales). Y asegurémonos de no perjudicar a los/as compañeros/as con comentarios y muestras de solidaridad espontáneas que, de buena fe, puedan ubicarles en sitios concretos en momentos concretos. Y a largo plazo, quizás llegue el momento de revisar “protocolos” de seguridad en manifestaciones y de celebrar asambleas antirrepresivas para poner conocimientos y experiencias en común con los que hacer frente a esta nueva forma de criminalización de las luchas sociales.