Tratado sobre la Carta de la Energía vs Transición Ecológica

Existen multitud de tratados y acuerdos internacionales que apenas conocemos o les prestamos atención, pero que tienen repercusiones estructurales en las políticas globales y sus reflejos locales. El objetivo de estos tratados de libre comercio es la eliminación de trabas a las empresas multinacionales para que puedan invertir en los diferentes territorios con todas las mayores facilidades posibles. Es decir, los Estados y sus gobiernos ceden parte de su soberanía en favor de empresas privadas que operan a nivel global con el fin de extraer beneficios.

Podemos ver dos momentos en los que el sector energético se ha visto ante un nuevo escenario que toman como una oportunidad de ampliar su negocio. A principios de los 90, con la caída del bloque del Este, numerosos países y sus recursos energéticos entraban poco a poco en el mercado global. Ante ello los lobbys energéticos promovieron lo que actualmente es el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Las empresas energéticas necesitaban un marco legal que les permitiera invertir en estos nuevos mercados con las máximas garantías posibles. El segundo momento es el presente. Frente a la crisis climática sería sensato que las políticas bajo el marco de la Emergencia Climática tornaran hacía un uso más restrictivo y equitativo de los recursos energéticos, algo que choca contra los intereses y necesidades de las grandes corporaciones que temen que sus inversiones corran peligro.

Las cláusulas del TCE son tan abusivas contra los territorios y tan favorables a las corporaciones que permiten demandar a los Estados en caso de que por cambios legislativos nacionales sus perspectivas de beneficios tras una posible… Clic para tuitear

Una de las cuestiones clave dentro de del TCE es la existencia de los Tribunales Internacionales de Arbitraje, conocidos por sus siglas en inglés como ISDS. Estos tribunales en realidad son “tribunales”, ya que están formados por abogados privados y no son profesionales que hayan superado algún tipo de oposición o hayan realizado una carrera judicial y estén ligados a alguna institución de derecho internacional. Básicamente, estos Tribunales realizan un arbitraje entre empresas y Estado, permitiendo a las empresas demandar a los Estados por encima de las legislaciones nacionales. De nuevo los Estados regalan una parte de su soberanía a entidades supranacionales que van contra sus supuestos intereses materiales (el control de un territorio/país). Las cláusulas del TCE son tan abusivas contra los territorios y tan favorables a las corporaciones que permiten demandar a los Estados en caso de que por cambios legislativos nacionales sus perspectivas de beneficios tras una posible inversión se vean afectadas. Es decir, si en un momento como el actual un gobierno que ha aceptado el TCE, como el de España, realiza un cambio legislativo que aumenta la presión fiscal sobre las empresas que se dediquen al sector de las energías fósiles, estas empresas podrían demandar, y ganar, al Estado Español en uno de estos tribunales internacionales.

España es el segundo país más demandado en el mundo ante tribunales de arbitraje internacionales por cláusulas ISDS, de un total de 117 con este tipo de demandas. El primero es Argentina, con 60 demandas, y el segundo España con 49, y de éstas 47 se han realizado basándose en el TCE.

Un ejemplo ilustrativo de la dimensión de los ISDS es el laudo emitido en el mes de julio contra el estado de Pakistán. La demanda por la denegación en 2011 de una concesión minera a una multinacional anglo – canadiense se ha resuelto con una condena contra Pakistán que le obliga a pagar a la empresa 5.840 millones de dólares (5.240 millones de euros). El arbitraje se solicitó a través de una filial australiana aprovechando un tratado bilateral de inversiones firmado entre Pakistán y Australia.

A 31 de diciembre de 2018 se habían iniciado 942 casos utilizando las ISDS, (6), y existen un total de 2.666 tratados internacionales que incluyen estas cláusulas. Pese a ello, y a las costosas consecuencias que acarrean para los estados, continúan firmándose nuevos acuerdos, en contra del interés general de los ciudadanos. Sólo en 2019 se han firmado 9 nuevos tratados, con un alcance tan amplio como el formalizado el 30 de junio entre la Unión Europea y Vietnam, y que siguen a los 40 firmados en 2018.

A Alemania, abandonar la energía nuclear le puede costar más de 5.100 millones de dólares tras una demanda ante un ISDS de la empresa Vattenfall. Otro ejemplo que se puede replicar en tantos otros países en el momento en el que empiecen a tomarse medidas concretas y de choque en materia de transición ecológica.

Los tratados de libre comercio junto con los tribunales internacionales de arbitraje forman un tándem desastroso para las necesarias políticas de transición ecológica. Son la estructura internacional que orienta cualquier posible transformación energética hacia el beneficio de las grandes corporaciones y contra los intereses de los pueblos. Los estados se muestran como meros títeres de las corporaciones, aceptando e implementando todo tipo de legislaciones en favor de los grandes capitales. Todo este entramado legal pone serias dificultades para cualquier tipo de políticas públicas de carácter ecológico. Si los Estados están entregados y maniatados a las grandes corporaciones, la transición ecológica solo podrá venir del empuje, la fuerza y la construcción desde y para los pueblos del mundo.

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