Este mes hemos creído interesante acercarnos a las protestas por el acceso a la vivienda y a la tierra que durante el final del otoño (nuestra primavera) han azotado Sudáfrica. Una de las economías líderes del continente africano y un país con un gobierno (encabezado por el Congreso Nacional Africano –ANC-) cuyo pasado de lucha contra un régimen racista le otorga un plus de confianza y respeto que parece incuestionable. Sin embargo, el presente no es tan floreciente para todos/as, y la clase trabajadora sudafricana, y en especial, la negra, no parece saborear las mieles de esta “nueva era”.
Poniéndonos en situación
Lo primero sería pintar, a grandes rasgos, un cuadro de la situación económica que vive Sudáfrica a día de hoy. Partimos del plan presupuestario presentado a principios de año por el gobierno del ANC. Según afirman (a través del entonces ministro de Finanzas Pravin Gordhan), destila redistribución y progresismo. No todos/as están de acuerdo, pues hay quien lo ve como un paso más en la senda de neoliberalismo que los diferentes gobiernos del ANC han ido construyendo en las dos últimas décadas.
Una primera ojeada a las cuentas, nos aclara que quien soportará las mayores tasas impositivas será la clase trabajadora a través del impuesto al valor agregado (VAT), los impuestos sobre los combustibles o las cargas personales. Por el contrario, las tasas que pagan las corporaciones seguirán en un 28%, muy por debajo del 50% que pagaban hace 30 años, mientras que el incremento en los impuestos relacionados con los ingresos altos será de sólo de un 2%.
Visto quien paga, ahora toca ver quien cobra. Aquí, un tercio del presupuesto se espera gastar en procurar servicios y bienes, lo que por esos lares se entiende como licitaciones y externalizaciones (sí, empresas privadas cobrando una pasta por prestar, en otras cosas, servicios sociales, nos suena, ¿no?). Aquí está el pastel más sabroso: por este dinero se presentan las luchas intestinas del ANC. Ahí no acaba todo, pues estos presupuestos también contemplan grandes partidas destinadas a apoyar las Zonas Económicas Especiales e infraestructuras necesarias para ampliar y mejorar los negocios de las grandes empresas (ante todo autovías y vías de tren). Y, como no, otra importante inyección de dinero irá a destinada a sufragar los intereses de la deuda del Estado, que éste mantiene con parte de esas mismas corporaciones nacionales e internacionales. De modo que todo queda en casa.
Otra de las medidas estrella del gobierno supone la reducción en la financiación de los gobiernos locales a sólo un 9% del presupuesto estatal. Estos gobiernos locales son los responsables de organizar (y financiar) los servicios básicos. Esta reducción en sus fondos responde a la necesidad del gobierno central de impulsar la compra de bonos del Estado por parte de corporaciones financieras. Con estas «medidas de ahorro» consiguen reducir, sobre el papel, el déficit y los ratios de deuda pública, lo que hace estos bonos más jugosos (y beneficiosos) a ojos de los especuladores financieros. Siguiendo la pirámide hacia abajo, estos mismos gobiernos locales acaban por necesitar inyecciones extra de dinero para dar un servicio cada vez más pobre (normalmente a través de empresas privadas externas) que recortan cuanto pueden. Lo que repercute, como no, sobre la clase trabajadora, que ve como sus aportaciones a las arcas del Estado aumentan a la vez que se encarecen y empobrecen los servicios básicos que éste les presta.
Las conclusiones son claras, el gobierno favorece con estas políticas económicas a las grandes corporaciones y a las clases dominantes (ya sean capitalistas negros/as o blancos/as) a costa de los/as pobres. Nada nuevo bajo el sol.
Un pequeño descanso para ver dónde se afilan los cuchillos
Antes de continuar el camino que hemos emprendido para analizar las últimas protestas sociales en Sudáfrica, sería interesante echar un vistazo a la situación de la alta política del país, de forma que tengamos otra perspectiva de la frustración que vive una parte importante del proletariado negro sudafricano. Desde que en 1994 se llegara al final del apartheid, el gobierno nacional se ha mantenido en manos del partido ANC en alianza con el Partido Comunista Sudafricano (SACP) y el Congreso de Uniones Sindicales Sudafricanas (COSATU), principal, y hasta hace poco tiempo cuasi hegemónico, sindicato del país. Son más de veinte años de un gobierno adherido a la Internacional Socialista aupado al poder gracias a la conjunción de luchas nacionales y de clase. En los 50, la ANC adoptó un programa basado en el “Capítulo de la Libertad” que se comprometía con una distribución equitativa de la riqueza. Se hablaba de nacionalizaciones de minas, bancos, tierras y monopolios industriales. Nada más lejos de la realidad. Veinte años después, las tasas de desigualdad en Sudáfrica son más o menos iguales a las del apartheid (incluso mayores): el 5% de la población atesoraba en 2016 el 43% de los ingresos totales, mientras que en 1993, este porcentaje se reducía al 38%. El 47% de la población vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, con unos ingresos menores a 43 dólares al mes; mientras que el número de personas que malvive con menos de un dólar al día se duplicó entre 1994 y 2006, pasando de los 2 a los 4 millones de personas. El porcentaje de paro se encuentra en el 27%, alcanzando en los/as jóvenes un 50%. Un tercio de los 50,7 millones de habitantes del país sobrevive a base subsidios estatales. Unos datos que dan miedo.
A eso hay que sumar que “el ANC se ha convertido en una máquina de clientelismo que ha generado una red de corrupción y robo, que, incluso desde los estándares burgueses, se puede considerar espectacular”1. Casos como el de la familia Gupta, conectada estrechamente con el presidente Zuma, son muy esclarecedores: como una familia capitalista india que llegó a Sudáfrica en los 90 ha hecho miles de millones a través de contratos estatales.
Al final, resulta que el gobierno de la ANC supuso la tabla de salvamento para el caos en el que el apartheid había sumido al capitalismo sudafricano. Una vez se han superado las sanciones económicas internacionales, Sudáfrica ha vuelto a entrar de lleno en la economía global doblando su potencial económico así como las tasas de crecimiento que se produjeron bajo el apartheid, todo ello a costa de privatizaciones, inversión extranjera y, ante todo, una explotación masiva del proletariado.
Actualmente, para añadir más leña a este fuego, nos encontramos ante una lucha interna dentro del gobierno, dos bandos enfrentados en busca del poder. Por un lado, se posiciona el actual presidente Zuma, apoyado por el Black Economic Empowerment (BEE) y los/as altos/as funcionarios/as del Estado; por el otro, el vicepresidente Ramaphosa, sustentado tanto por los/as capitalistas blancos como por el SACP. Ambos bandos tratan de vender su cara amable ante el electorado, pero si echamos la vista atrás, vemos que en todo esto, los/as trabajadores/as sudafricanos poco tienen que ganar, pues no es más que una disputa entre diferentes facciones del capital sudafricano en busca de mejoras económicas para sus respectivos intereses.
Sin irse muy lejos, habría que recordar el meteórico ascenso del antiguo sindicalista Ramaphosa, que durante el fin del apartheid fue el hombre del BEE elegido por la clase capitalista blanca. Un par de décadas después, nos encontramos ante un hombre de negocios millonario, entre cuyas participaciones en empresas se encuentra la minera Lonmin, que en 2012 pasó a la historia por el asesinato de 34 mineros en huelga en Marikana. Otro de sus apoyos, el anterior ministro de Finanzas, Pravin, ha sido el artífice de las políticas económicas del gobierno en estos últimos años, que han dejado un saldo de desequilibrios sociales de clase y raza a la altura del los del apartheid. De la clase capitalista blanca casi mejor ni hablar. En la otra orilla, el presidente Zuma y los/as suyos/as acumulan casos de corrupción sin fin, solo hace falta recordar el escándalo de Zuma y su residencia en Nkandla. El siguiente asalto de esta disputa se dirimirá el 8 de agosto en un pleno del parlamento que discutirá una moción de censura contra el presidente.
Protestas comunitarias
Volviendo al punto de inicio de este artículo, el enésimo estallido social en Sudáfrica volvió a ser noticia el pasado mes de mayo. Una ola de protestas azotó numerosas comunidades del país; Eldorado Park y Freedom Park en Johannesburgo, Orange Farm en la zona del Vaal o Khayelitsha en Cape Town son algunos de los barrios que saltaron a la palestra mediática. Las ilusiones del fin del apartheid se evaporan a marchas forzadas.
«La gente está cabreada porque después de más de 20 años de autodenominada libertad, están todavía confinados a vivir en chozas, teniendo que cagar en baños comunales de plástico, compartiendo surtidores de agua con miles de vecinos, y viendo como se les cortan los servicios esenciales cuando no pueden permitirse pagarlos.»2
Los grandes beneficios de estas dos décadas para las grandes corporaciones se sustentan en el trabajo barato de la clase trabajadora sudafricana (en especial, de su sección más pobre, la negra). Gigantescas ayudas a la construcción de infraestructuras necesarias para el negocio de las grandes empresas, la introducción de leyes desreguladoras del mercado laboral o las reducciones de tasas empresariales marcan el camino. A ello habría que sumar el aumento del paro generado por la deriva capitalista que ha reducido la masa laboral a base de mecanización y flexibilización de las condiciones laborales.
A nivel de política de vivienda, el Estado dedica menos del 2% del presupuesto anual a esta materia. A ello se suma lo que antes comentábamos de las reducciones de las partidas destinadas a los gobiernos locales, lo que acaba degenerando en unos servicios básicos muy pobres. Algunas medidas especialmente crueles empiezan a verse en algunos barrios pobres, como son la instalación de contadores de prepago para algunos servicios como el agua. Violencia sistemática contra la clase trabajadora.
Mientras tanto, a pocos kilómetros de estas comunidades se suceden lujosos suburbios de blancos/as (élites y clase media). El dinero que falta en Freedom Park no se escatima en el mantenimiento de los distritos comerciales de las grandes ciudades, llegando a extremos como el de Johannesburgo, donde la municipalidad invierte más dinero por habitante en un barrio rico como Sandton que en Soweto. Y no podíamos olvidarnos de las externalizaciones de servicios, base del nepotismo de las élites del ANC (sin olvidar a la Alianza Democrática), que generan tantos dividendos para algunos/as como miseria para muchos/as.
El fuego de Freedom Park
A modo de ejemplo de estas protestas, tomemos el caso de Freedom Park, una comunidad en la que el pasado 6 de mayo comenzaba la tercera ocupación colectiva de terrenos en desuso del último año. Los dos primeros intentos habían acabado con desalojos violentos por parte de las fuerzas de seguridad, a lo que se sucedían manifestaciones de los/as vecinos/as. Al igual que en el resto de comunidades antes citadas, la sobrepoblación y los nefastos servicios comunitarios son la norma.
Pero la historia viene de largo, como suele ser habitual. La comunidad de Freedom Park proviene ya de una ocupación de tierras llevada a cabo por vecinos/as del barrio de Soweto allá por el año 1994. Su más que interesante ubicación, muy cerca de Johannesburgo y de importantes vías de comunicación, hizo las delicias de varias constructoras, en un intento de crear una nueva y próspera área residencial en la zona. De modo que el gobierno trató de reubicar forzosamente a los/as ocupantes de la nueva comunidad en Vlakfontein, lo que derivó en una intensa lucha vecinal. Con el tiempo, se evitó el realojo, y lentamente se fueron obteniendo servicios básicos, como el agua corriente (en el 2001) o la llegada de la electricidad al barrio (2003). Pero puesto que no es oro todo lo que reluce, el inicio de la construcción de una partida de viviendas de protección oficial (RPD) en 2004 trajo nuevos conflictos, pues en la adjudicación de estas nuevas edificaciones se pasaron por alto las listas de espera. Favores políticos, corrupción y prebendas de la mano de miembros locales del ANC.
Esta y otras quejas (como la derivada de las protestas que azotaron el barrio en el verano de 2014, cuando toda la vecindad se quedó sin luz durante una semana) han sido puestas sobre la mesa en numerosas ocasiones, han sido llevadas ante tribunales e instituciones varias, pero las respuestas dadas no se salen del abanico de negación, odios sordos y represión. Más allá de esto, sólo cuando la violencia prende es cuando los medios de comunicación y una importante parte de la población vuelven sus ojos hacia estos barrios. Pocos días antes de que se iniciara la ocupación de terrenos que devino en estos últimos enfrentamientos, una asociación barrial organizaba una caravana a modo de impulso de la lucha por tierras y viviendas. Cientos medios de comunicación fueron invitados, al igual que varios partidos políticos y asociaciones de la sociedad civil. Prácticamente nadie acudió entonces, no era interesante, no había que escucharles.
Toda la información sobre la que se ha construido este artículo ha sido extraída de la web de contra-información inglesa libcom.org, en la que hemos podido encontrar numerosos textos sobre la situación actual del país y las luchas que allí se suceden. Echadle un ojo para más información.
1Del texto “La ANC de Sudáfrica: cleptocracia y explotación”
2Del texto “Avivando las llamas: Sudáfrica en lucha de clases”
“Sin oro no hay hombre”
Al hilo de este artículo, y como una forma de complementarlo desde otra perspectiva, nos gustaría reseñar la edición 149 del programa de radio Cabezas de Tormenta. En esta ocasión, los/as compañeros/as nos presentan un programa monográfico sobre la minería del oro, para el que contaron con la participación de la artista Ruth Montiel Arias, que actualmente expone su proyecto «Sin oro no hay hombre» en el Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña (hasta el próximo 17 de septiembre, por si alguien quiere pasarse). Un proyecto que conecta dos comunidades tan distantes geográficamente como Cajamarca, en los Andes peruanos, y Johannesburgo, centro económico y financiero de Sudáfrica. La explotación del medio ambiente y del ser humano, así como las luchas y resistencias que ello genera, son los canales que unen ambas comunidades. Dos conflictos distintos, con diferentes contextos, pero unidos por la voracidad de las grandes corporaciones mineras y que siguen el largo hilo del colonialismo.
En el caso peruano, nos encontramos ante una serie de proyectos para la creación de una gran mina a cielo abierto contra los que se posicionan las comunidades campesinas de la zona. Un expolio del territorio y una devastación de la naturaleza que está encontrando una fuerte resistencia. Por el contrario, Johannesburgo ya es un territorio agujerado. La ciudad fue creada a finales del siglo XIX tras el descubrimiento de grandes reservas minerales en las colinas de Witwatersrand, por lo que en este caso las luchas se centran el ámbito laboral más que en el medioambiental, refiriéndose a reclamaciones de mejoras en las condiciones y salarios de los/as mineros/as.
Tampoco vamos a contaros mucho más, mejor escuchad el podcast del programa a través de la web cabezasdetormenta.org, donde además podréis encontrar información adicional sobre el tema, tanto páginas de web de asociaciones o colectivos implicados en estas luchas como un par de documentales bastante interesantes.