A medida que avanzaba septiembre y dejábamos atrás el verano, tímidamente pero con notoriedad excesiva, las calles de Madrid se iban llenando cada vez más de presencia policial. No todos los barrios, no, principalmente Vallecas, Tetuán, Carabanchel y Centro.
“Madrid. Estación de metro de Sol. Tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento comienza a imperar el orden y la Ley con la detención de manteros”. Así de alto y claro lo expresa en un tuit la cuenta de @FuerzasDelOrden, que informalmente está vinculada y dedicada a las Fuerzas de Seguridad del Estado y que resume el redoble de la presencia policial que el nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha ordenado y ejecutado en tiempo récord.
”Con los últimos responsables no se podía detener en determinadas circunstancias, como si había mucha gente por la calle (…). No había mucha presencia policial en las calles” según declaraciones del ahora sindicato mayoritario de la policía municipal de Madrid CPPM.
En el anterior gobierno de Manuela Carmena, la responsabilidad sobre la policía municipal corría a cargo del concejal de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero. Hoy la nueva concejala del PP Inmaculada Sanz Otero ocupa su lugar. La misma firmó un decreto que ponía fin a una de las medidas estelares de su antecesor: El Comité Ético. El mismo estaba formado por agentes y representantes de asociaciones que se sumaron a la propuesta de Barbero de manera voluntaria. El Comité Ético se encargaba de mediar y asesorar, dentro de sus posibilidades, en problemas y conflictos éticos de la ciudadanía que pudieran surgir en casos bastante concretos.
Ahora bien, no nos equivoquemos. Un ciudadano es, según nuestra queridísima Real Academia Española, una persona considerada como miembro activo de un Estado (en este caso el Estado Español), titular de derechos políticos y sometida a su vez a sus leyes. Esto es, aquellas personas que no están reguladas, que no tengan la nacionalidad española o la residencia oficial, no cuentan con esta consideración contemplada por el Estado y, por consiguiente, no tienen derechos.
Con el gobierno de Ahora Madrid han pasado cuatro años de una política presuntamente más amable, y sí, hemos bajado la guardia, pero no podemos obviar que la política de Barbero era una política del disimulo. Barbero y su comité ocultó al cuerpo de antidisturbios municipales por ser un cuerpo de rudeza y representación más cerca del ideario militar que de una autoridad blanda y cercana al ciudadano; un eufemismo con el que agradar a cierta parte de la ciudadanía, incluida la progresista. La política de Barbero “no implicó, ni mucho menos, un decrecimiento del poder policial, sino la desviación de la atención a funciones aparentemente más ‘blandas’, ‘amables’ y cercanas a las demandas vecinales y el desarrollo de roles menos reactivos y mas preventivos, basados en el manejo de la información y en la comunicación directa con la ciudadanía” según palabra de Débora Ávila, integrante del grupo Carabancheleando de Investigación de Prisiones e Instituciones Punitivas, en unas declaraciones que hizo al periódico El Salto el pasado mes. No olvidemos la muerte de Mame Mbaye que se produjo durante el gobierno del mismísimo Javier Barbero y que nunca llegó a esclarecerse tras un raudo archivo judicial una vez que la autopsia reveló que falleció por un paro cardíaco, pero nunca se investigó qué lo provocó. O el hecho de que Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros, se encuentre acusado por calumnias a la policía y se enfrente a una posible multa de 5.760 euros por vincular la muerte de Mame con el racismo institucional.
El nuevo grupo gobernante de la municipalidad de Madrid viene sin reparos, restituye el régimen anterior a la era Barbero e implementa con más fuerza una nueva política represiva. Y los primeros en vivirlo en carne propia serán los vendedores ambulantes, propiamente dicho, los manteros. La asfixia ha sido tal que hasta cincuenta manteros se manifestaron a principios del verano frente la comisaría en la calle Montera para protestar por la detención de un compañero en la Gran Vía.
El nuevo equipo del gobierno tiene clara su necesidad de acabar con la “inmunidad” que supuestamente tenían los manteros bajo El Comité Ético, el cual obligaba a los agentes a avisar a sus superiores antes de actuar. Lo que suponía, según Inmaculada Sanz Otero, una enorme demora en las intervenciones.
Así, no es de extrañar las estrambóticas redadas que se están llevando a cabo con policías de paisano. Una vez presenciamos cómo hasta diez agentes se han aparecido de la nada en la plaza de Tirso de Molina para detener a un solo varón, negro; o los paseítos en rombo de los antidisturbios municipales boina en tupé y cigarrito en mano; o la incansable ida y venida de los coches policiales tanto municipales como estatales; así como las lecheras aparcadas a la espera del “crimen”tanto en Lavapiés, Vallecas como Tetuán.
Sí, es cierto, Barbero nos engatusó con su mano blanda y bajamos la guardia. Hemos de volver a subirla, estar atentas, porque el cuerpo policial quiere resarcirse, va con ganas, a la caza y son muchos. Demasiados.