Reforma del sistema público de pensiones y movilizaciones de la clase trabajadora

El pasado 28 de enero se formalizó el acuerdo entre el gobierno, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO en torno a la reforma del sistema público de pensiones. Dicho acuerdo refleja, además, una serie de preacuerdos y puntos sobre los que se continuará debatiendo como políticas activas, negociación colectiva o políticas energéticas. El acuerdo fue aprobado al día siguiente en consejos de ministros, siendo el próximo y último paso el debate del texto en sede parlamentaria, proceso que debido a la tramitación de urgencia posiblemente se dé en los primeros meses de verano.

Con ello se pone fin a un largo invierno en el que día tras día se venía repitiendo machaconamente desde las instituciones políticas y financieras, tanto españolas como europeas,  la necesidad de una modificación en las normativas que regulan las pensiones en España. Los argumentos dados (inversión de la pirámide poblacional y alargamiento de la esperanza media de vida) solo han provenido de una única dirección, obviándose toda contraposición de ideas y negándose todo aquel planteamiento que pusiera en duda la “verdad absoluta” de que el sistema público de pensiones sería inviable a medio-largo plazo si “sus” cambios no se llevaban a cabo. Es necesario que nos planteemos la fiabilidad de FMI, consultoras de renting, OCDE, BBVA, Santander… a quienes se les ha concedido el título de “expertos”, aún más conociendo sus declarados intereses (como son la potenciación de fondos privados de pensiones o la reducción hasta mínimos de servicios públicos en general), o la falta de rigor en los cálculos de la evolución de la caja de la Seguridad Social al obviar futuros crecimientos del PIB (como si una crisis económica constante como la actual fuera posible de sostener socialmente) o futuras rebajas de la esperanza de vida media derivadas del actual ritmo de vida capitalista (con los consecuentes aumentos que se están dando de las enfermedades cardiovasculares o de los trastornos psicológicos).

La reforma finalmente acordada, a la espera de que el trámite parlamentario modifique a lo sumo algún pequeño fleco, viene a aumentar la edad legal de jubilación de los 65 años a los 67 (exentos de ello quedarán aquellos trabajadores con carreras laborales por encima de los 38 años y medio y aquellos que lleven a cabo trabajos penosos, los cuales, curiosamente, no han sido aún definidos). Los años cotizados que se tendrán en cuenta a la hora de realizar el cálculo de las pensiones ya no serán 15, sino 25, y para poder obtener una pensión del 100% se requerirán 37 años cotizados en lugar de los 35 actuales. Igualmente aumenta la edad mínima legal para las prejubilaciones, de los 61 a los 63, al igual que las penalizaciones por cada año antes que se realice la prejubilación (una disminución del 7,5% por año). Estas son las líneas generales de la reforma, que entrará en vigor a partir de 2013 y se irá aplicando de forma progresiva hasta 2027.

Todo ello, y como ya ha sido expresado por diversos estudios de aseguradoras privadas o incluso de la propia Seguridad Social, supondrá una importante disminución de la cuantía económica de la pensión media (con una rebaja en torno a un 15% de la misma) así como una disminución de la calidad de vida de los trabajadores derivado de la necesidad de alargar su vida laboral dos años más.

Ante todo esto es de destacar el papel jugado por los sindicatos CCOO y UGT, cuya gran predisposición al pacto y los despachos ha concluido con la firma de un acuerdo en el que se desmantelan claramente derechos laboral adquiridos y se profundiza en unas políticas económicas y sociales nefastas para la clase trabajadora. Estos sindicatos, en un principio mostraron su rechazo total a la reforma, para más adelante poner como límite que no se tocase la edad de jubilación. Finalmente, y tras unas eternas negociaciones acabaron por aceptar la propuesta lanzada por el PSOE con unas pequeñas variaciones (como han podido ser dos años y medio menos de cotización necesarios para poder jubilarse a los 65 años y una serie de compensaciones en forma de años cotizados para mujeres que abandonaran sus empleo al dar a luz o jóvenes que hayan trabajado como becarios). Mientras tanto han intentado presionar al gobierno y la patronal con una hipotética respuesta social en caso de no variar sus posiciones iniciales: una huelga general que finalmente desecharon.

Movilizaciones y jornada de huelga general

Es por ello que tras la reforma propuesta por el PSOE y ante los titubeos de los sindicatos mayoritarios UGT  y CCOO, son otras agrupaciones sindicales y los propios trabajadores quienes deciden salir a la calle a negarse rotundamente a aceptar este nuevo paso atrás. Movilizaciones y protestas ya venían produciéndose desde la aprobación, el verano pasado, de la reforma laboral y la huelga general del 29 de septiembre, pero finalmente es sólo en Cataluña, Galicia, País Vasco y Navarra donde se convoca una jornada de huelga general para el día 27 de enero, día previo a la aprobación en consejo de ministros de la nueva reforma y, casualmente, día elegido por el gobierno y los “agentes sociales” para poner sobre la mesa su acuerdo final in extremis.

En Navarra y País Vasco, la huelga fue convocada por los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, ENHE e HIRU, a los que se sumaron CNT, CGT y ESK, convocándose grandes manifestaciones en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria. En Navarra el seguimiento fue desigual aunque en conjunto se valora como una gran movilización, especialmente en la universidad. De entre las acciones llevadas a cabo, es de destacar la okupación de un edificio abandonado para denunciar el sistema que ampara la especulación urbanística y para hacer ver la necesidad de espacios liberados de lucha y encuentro común que posibiliten una alternativa real. Dicha okupación finalizó con la jornada de lucha pero, dos días más tarde, se convocó una nueva manifestación que recorrió el centro de Pamplona y que finalizó con otra nueva okupación del antiguo Gaztexe Irule, que finalmente fue desalojado ilegalmente por la policía el día 30 de enero.

En Euskadi, la tónica general fue similar, se habla de un seguimiento desigual, y con mayor influencia en el sector de la educación y en el industrial. A lo largo de la jornada tuvieron lugar desde primera hora piquetes informativos, acompañados de un sabotaje en las líneas de RENFE y cortes de carretera. La jornada de lucha se vio acompañada por una importante represión por parte de la Ertzaintza.

La huelga en Galicia fue convocada por la central sindical CIG y secundada por otros sindicatos como CUT, CGT, CNT y SLG, teniendo un seguimiento variable en las diferentes ciudades gallegas. La incidencia fue importante en sectores como el naval, el metal y los transportes, mayoritariamente en Vigo y Ferrol, mientras que en Compostela y A Coruña, ciudades de servicios y con fuerte presencia de funcionariado, se mantuvo una actividad normalizada. Destacan los números piquetes que se produjeron durante la mañana, en algunos de los cuales también se pudo observar la presencia de sindicalistas de CCOO que trataban de obstaculizar la acción de los huelguistas.

Por su parte, la convocatoria de huelga general en Cataluña partió de los sindicatos CGT, CNT Catalunya, Solidaritat Obrera y Coordinadora Obrera Sindical, siendo apoya por numerosos comités de barrio y asambleas de trabajadores, especialmente de la ciudad de Barcelona, y por el sindicato CNT-AIT. Durante toda la mañana hubo piquetes informativos en distintos pueblos y ciudades de Cataluña, especialmente del área metropolitana de Barcelona, donde el día paro y movilizaciones contra la reforma de las pensiones finalizó con dos manifestaciones por el centro de la capital. Fueron importantes los paros en fábricas, el metro de Barcelona, autobuses metropolitanos y la administración.

En el resto de Cataluña, cabe destacar la bicicletada popular que se realizó en Lleida o las acciones en Torredembarra, donde aparecieron bloqueados los accesos al ayuntamiento y a distintos comercios en apoyo a la huelga. En Terrassa se ocupó una oficina de La Caixa y las sedes de CCOO y UGT, en Tarragona una sede del PSC y en Barcelona un piquete entró en la sede electoral del alcalde Jordi Hereu para colgar pancartas y dejar panfletos.

Igualmente, en otras muchas localidades en todo el estado (Valladolid, Valencia, Granada, Gijón…) han tenido lugar diversas movilizaciones: concentraciones, manifestaciones, acciones… para mostrar, desde diferentes ámbitos, el rechazo a la nueva  reforma de las pensiones.

Madrid

Entre estas localidades en las que se produjeron manifestaciones y actos de protesta también se encontraba Madrid, una más, pero sobre la que nos detendremos por ser nuestro lugar de residencia. El mismo día 27 de enero, la plataforma de organizaciones sindicales madrileñas Hay que pararles los pies, que engloba a sindicatos como CGT, Solidaridad Obrera o Coordinadora Sindical de Madrid, había convocado una marcha de protesta entre la calle atocha en su cruce con la glorieta de Carlos V, pasando por la plaza de Sol hasta llegar a Congreso de los Diputados. Dicha manifestación, que contó con una considerable asistencia, fue finalmente bloqueada por la policía nacional a la altura de la plaza de Canalejas, impidiendo la llegada al congreso, y desembocando en cargas policiales y enfrentamientos con los manifestantes, con un saldo final de 3 manifestantes detenidos.

De la misma manera, dos días antes, el martes 25 de enero, otra manifestación pretendió marchar de la plaza de Sol al Congreso, finalizando nuevamente con cargas policiales y 4 detenidos. Desde asambleas de trabajadores de barrios como Carabanchel o Vallecas también fueron convocadas movilizaciones, y una vez pasado el día 27 de enero se han repetido las concentraciones y actos de protesta ante sedes del PSOE y de los sindicatos CCOO y UGT.

Para más información, puedes descargarte el número especial sobre la reforma del sistema de pensiones aquí.

 

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