Privatizando hasta la represión

Después de la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley de Tasas en la Justicia, llega una ley que sorprende y que desde el gobierno tratan de normalizar diciendo que es una mera actualización para regular una práctica ya existente en los cuerpos de seguridad privados. La ley de Seguridad Privada es un paso más en la escalada represiva que lleva practicando el Estado desde que las calles y las protestas empezaron a calentarse. Quizás esta ley resulte inesperada, ya que en ningún momento ha habido un debate público en torno a esta cuestión, como pudiera haberlo ahora con una posible ley de huelgas, pero lo que desde luego no nos suscita es ninguna sorpresa al leer su contenido. Es un reflejo más de la ideología dominante, la corriente neoliberal que busca todas sus soluciones en el sector privado, al que hasta ahora nunca se le habían concedido tantos poderes y tanta capacidad de acción en la calle.

Patrullas privadas en territorio público

Podríamos resumir la ley en: más poderes y mayores funciones para la vigilancia de seguridad privada. Con la nueva ley en la mano a la vigilancia privada se le abre todo un abanico de posibilidades, mientras que antes sus funciones estaban delimitadas al espacio privado por el que eran contratados (centros comerciales, urbanizaciones…) ahora su espacio es también el espacio público, las calles y alrededores de sus antiguos espacios privados. Podrán realizar comprobaciones y registros cuando lo consideren oportuno, pedirte el DNI, abrirte la mochila para ver qué llevas o registrar tu vehículo, pero no podrán retener tu documentación personal. Desde esta ley podrán perseguir, detener y poner a disposición de la policía a quien se le presuponga un delito. Otro punto sorprendente es que se les da la facultad de perimetrar cárceles y los centros de internamiento de extranjeros/as.

Además de darles más herramientas represivas a los/as vigilantes, también se los/as protege poniéndoles al nivel de cualquier policía, una agresión a un/a vigilante será calificada de igual manera que si agredieras a un/a agente de la autoridad, delito penal. En definitiva, tenemos en las calles un nuevo grupo dentro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, un grupo que ya ni siquiera obedece a los mandatos estatales, si no que es un agente privado, a cargo de una empresa privada.

Esta ley viene a completar la baraja de leyes represivas que está poniendo en marcha el gobierno: Ley de Seguridad Ciudadana o la Reforma del Código Penal. Poco nos sorprende que se pongan en marcha este tipo de leyes en los tiempos que corren. En tiempos de decadencia y de malestar social, la posibilidad de estallidos y revueltas aumenta, y por ello la autoridad de turno se guarda las espaldas y se previene con todas las tácticas y artimañas que estén a su alcance, en este caso todo un aparato legislativo orientado a reprimir la disidencia y la protesta, por muy pacífica que esta sea. La ley supone la expansión del sector privado en los espacios públicos, allí donde no llega la policía que lleguen los/as seguratas. El objetivo está claro, tener el control absoluto de las calles, que no pase nada que pueda alterar la normalidad sin que un agente de la autoridad pueda saberlo, intervenir y reprimir.

El negocio de la seguridad, fascismo y fascistas

Como no podía ser de otra manera, de esta ley hay quien se lucra y saca abundantes beneficios. Los/as empresarios/as de la seguridad privada ya se frotan las manos, porque además saben que esto podría ser solo el primer paso hacia una ola privatizadora en materia de seguridad. El propio Ministro del Interior ha reconocido que con la nueva Ley de Seguridad Privada pretende ayudar a que el ya boyante negocio de las policías privadas lo sea aún más en un sector con más de 1.100 empresas de seguridad, unos 100.000 agentes y una facturación de más de 3.600 millones de euros al año.

Quién sabe si en un futuro cercano se sigue esta dinámica de apoyo al sector de la seguridad privada y se toman modelos ya existentes en otros países como EEUU donde existen cárceles gestionadas por empresas privadas o el uso de militares mercenarios, como la empresa Blackwater, en conflictos bélicos, en los cuales ya participan más de 100.000 mercenarios apoyando las acciones imperialistas de los EEUU.

Además es conocido quiénes son algunos/as de los/as grandes empresarios/as del sector de la seguridad privada, entre los que destacan fascistas como José Luis Roberto, presidente de España2000, o José Antonio Ocio Albiñana, secretario general del mismo partido. Aunque minoritario el fascismo como movimiento político, las altas esferas de poder de este país están mucho más cerca y sienten mucha más simpatía por pasados cercanos de lo que pudiera parecer. No es ninguna novedad que el sector de la seguridad sea un nido de fascistas y reaccionarios, si ya las Fuerzas de Seguridad del Estado lo son, la seguridad privada, que es donde acaban todos los/as policías fracasados, ni te lo imaginas. Quien siente pasión por ejercer la autoridad, por sentirse superior a otro ser humano y encima le encanta dar hostias por doquier, acaba de madero/a o de segurata. Y con ello todo nuestro desprecio hacía esta profesión.

La democracia es una farsa capitalista

La apariencia democrática que trata de reflejar cualquier régimen cae por su propio peso ante leyes con este contenido, más parecidas a las de cualquier dictadura que a una supuesta democracia.

Todas estas leyes no son más que el reflejo del miedo que tiene el gobierno ante la que se le podría venir encima. Saben que la situación se está desbordando, que la miseria cada vez afecta a más capas de la población y que en cualquier momento podría estallar. Pero la realidad es que esto todavía no es así, las protestas siguen teniendo un cariz pacífico, los enfrentamientos y las algaradas no son más que hechos muy puntuales y que no trascienden más allá de unas horas o días muy concretos. Por decirlo de alguna manera, el gobierno va dos pasos por delante que los movimientos de protesta y el problema, para ellos, es que no están dando ningún tipo de salida dialogada a todos los conflictos sociales que se están sucediendo, es la ley del ordeno y mando, del calla y obedece. Parece que no se dan cuenta, pero la única salida que le están dando a la gente es o la miseria o el rechazo absoluto a quien manda, gobierno y élite económica, y este rechazo se reproducirá en todo tipo de acciones que atenten contra el orden mismo. Ahora toca a los movimientos sociales, y al entorno libertario, ofrecer un espacio donde este rechazo se sienta acogido y para que este no sea de carácter aislado y puntual, sino colectivo y diario.

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