Aragón es una tierra con una gran extensión y muy poco poblada, concentrando más del 50% de sus habitantes en Zaragoza. El problema de la despoblación es el mayor reto al que se enfrenta Aragón desde los años 70, donde el éxodo del mundo rural debido a varios factores como la industrialización, la concentración de servicios en la capital o, directamente, la expulsión debida a megaproyectos (pantanos principalmente) hicieron que gran cantidad de pueblos quedasen abandonados y otros luchen actualmente por sobrevivir.
Esta concentración de población en las capitales de provincia posibilita que grandes empresas compren tierras y acaben adueñándose del territorio. El monocultivo del turismo en el Pirineo, la compra de suelo a gran escala para la implantación de modelos ganaderos intensivos o la creación de macrogranjas energéticas está suponiendo la destrucción del mundo rural (y todo fomentado por el Gobierno de Aragón).
El caso del Pirineo aragonés y la ampliación de estaciones de esquí
En el caso concreto del Pirineo Aragonés, el motor económico que han propuesto los diferentes gobiernos es el de la nieve. Desde los años 50, se han modificado gran parte de las montañas del Pirineo para hacerlas adecuadas para su uso como estaciones de esquí, produciendo corrimientos de tierra, soterramiento de los nacimientos naturales de los ríos y pérdida de la ganadería extensiva tradicional. Imponiendo un modelo económico y de futuro que tiene fecha de caducidad debido al cambio climático y que condena a sus habitantes a depender del turismo y a sufrir la especulación inmobiliaria y los contratos de temporada. Una forma de someter al medio ambiente y las vecinas de los valles pirenaicos.
Y es que los pueblos que viven de la nieve cada vez van a ver más ahogada su economía y su forma de vida puesto que ya no nieva lo suficiente como para mantener las pistas abiertas (el tiempo estimado para sacar rentabilidad es de 3 meses).
Sin embargo, a mediados de diciembre el Gobierno estatal aprobaba destinar 26,4 millones de euros para la unión de las estaciones Astún-Candanchú y Astún-Formigal por el Valle de Canal Roya. La petición llegaba desde el Gobierno de Aragón y las empresas de la nieve que, a través de los fondos Next Generation (fondos públicos concedidos por la Unión Europea para paliar los efectos de la pandemia Y lograr una recuperación «sostenible»), vieron una oportunidad de conseguir el dinero que necesitan para llevarlo a cabo.
El valle afectado (Canal Roya) es uno de los pocos entornos vírgenes que quedan en el Pirineo Aragonés y su valor ambiental y cultural es incalculable. Desde hace unos años se lucha por declararlo Parque Natural y así protegerlo de las especulaciones de las grandes empresas de la nieve.
La ampliación de las pistas de esquí no solo supone un impacto ecológico y económico, sino también social. Hace ya varías años que los jóvenes no pueden independizarse debido al elevado coste del alquiler y no llegan nuevas familias puesto que la mayoría de las casas sólo se alquilan en temporadas turísticas (inverno y verano) y a precios altos. Ni siquiera los propios trabajadores se pueden quedar. Todos los años los parkings de las pistas de esquí se llenan de autocaravanas y furgonetas que se van cuando acabe la temporada.
Muy significativo es también el boom de la construcción que se ha dado en los núcleos cercanos a las pistas de esquí, donde se han levantado numerosas urbanizaciones para albergar a todo el turismo. Estas nuevas construcciones son enteramente segundas residencias. Por ejemplo, en la ciudad de Jaca (a la que le pertenece Astún) el 67% de las viviendas son de Segunda residencia y la urbanización con el metro cuadrado más caro (3000€/m2) se encuentra en Sallent de Gállego (al que le pertenece Formigal) ¿Cómo se va a poder vivir en el Pirineo si es imposible pagar el precio del alquiler? La unión de las pistas de esquí solo va a agudizar este problema, más cuando la única opción laboral es hostelería o trabajar en el esquí.
Este proyecto solo responde a un interés especulativo de empresas como ARAMON, sociedad propietaria de la mayoría de las pistas de esquí y de carácter público-privado. Un proyecto tan deficitario como este nunca se llevaría adelante si las empresas privadas de la nieve tuvieran que pagarlo por ellas mismas. Al final, el Gobierno de Aragón está sociabilizando las pérdidas y privatizando las ganancias. Perdemos todas y ganan las mismas familias/caciques de siempre.
Por ello, es necesario organizarse y luchar por nuevos modelos sostenibles que dejen de destrozar y especular con el medio ambiente. Las inversiones económicas se tienen que dirigir hacia un cambio en el modelo socioeconómico basado en cubrir las necesidades del territorio y de la población pirenaica y no para beneficiar a las mismas empresas que hacen beneficio destrozando el monte.
POR UN PIRINEO VIVO, POR NUESTRO FUTURO ¡STOP UNIÓN DE ESTACIONES!