Escandalosas peticiones de prisión a solidarias/os con presos vascas/os

Hace dos años y medio, en marzo de 2015, informamos en este periódico (concretamente en www.todoporhacer.org/antunez-becerra) que habían sido detenidas en Euskadi tres psicólogas y una trabajadora psicosocial en el marco de la Operación Pastor, la tercera de tres operaciones (las anteriores se llamaron “Jaque” y “Mate”) que desde el 2013 se han llevado a cabo contra distintos profesionales (abogadas, psiquiatras, psicólogas, etc.) que en algún momento han prestado sus servicios o han ayudado a presos de ETA a denunciar torturas. A todas ellas se les imputaban delitos de pertenencia o de colaboración con organización terrorista. Algunas eran miembros de Etxerat, Herrira o Jaiki Hadi (que trabaja en el ámbito sanitario) y otras habían ejercido de mediadoras externas del Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas (EPPK). Entre las detenidas se encuentran la abogada Arantza Zulueta (la cual permaneció en prisión preventiva durante tres años), la abogada Amaia Izko (que defiende a algunos de los chavales de Altsasu) y la psicóloga Oihana Barrios, destacada activista contra la tortura, habitual en cursos de formación sobre el Protocolo de Estambul.

Según un comunicado redactado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (www.prevenciontortura.org) en su día tras las detenciones en 2015, “se trata de profesionales de reconocida trayectoria en el campo del trabajo en salud y derechos humanos, que han venido desarrollando una labor tenaz, profunda y comprometida ampliamente reconocida a nivel tanto personal como profesional. Miembros destacados de sociedades médicas, docentes universitarios de pre y postgrado, expertos y expertas forenses y consultores nacionales e internacionales en el trabajo con supervivientes de tortura, pero ante todo, profesionales que han demostrado a lo largo de años su profunda calidad humana y una sensibilidad y una dedicación completa hacia sus pacientes. La razón por la que han sido detenidas es extremadamente preocupante. Han sido detenidas por el hecho de atender y acompañar a personas de todos los sectores sociales y políticos incluyendo a personas vinculadas al movimiento abertzale. Personas que estuvieron detenidas o presas o lo están aún con problemas médicos o psicológicos y familiares de personas que han estado o están presas. […] Si ellos y ellas son sospechosas por su trabajo, cualquiera puede serlo. Todas nosotras lo somos”.

El pasado 21 de octubre nos enteramos, en una rueda de prensa a la que se le dio cobertura desde Naiz y Ahotsa, que la Fiscalía por fin ha redactado su escrito de acusación para 48 personas por estos hechos, con peticiones de penas de entre ocho y veinte años de prisión.

No sabemos cuántas veces habremos denunciado ya en este medio el excepcionalismo penal que se instauró en Euskal Herria con la excusa del terrorismo. Nos repetimos como loros, lo sabemos. Un excepcionalismo, por cierto, cada vez menos excepcional, que en cierta medida en los últimos tiempos se ha extendido a Galiza, Madrid y – ahora más que nunca con la aplicación del artículo 155 de la Constitución – Catalunya.

Es increíble que, en este contexto, la situación de las personas presas y exiliadas no cambie en positivo. En pro de una solución política, debemos el vaciado de las cárceles y el retorno del exilio. Partiendo de una exigencia urgente, el respeto a los de los derechos humanos de las presas y presos y de sus familiares. Algo que la política penitenciaria vigente, basada en la excepcionalidad, incumple de manera flagrante. No queremos más vulneraciones de derechos, ni hacia las y los presos ni hacia nadie. Creemos que en este pueblo ya se ha sufrido demasiado. Este país quiere y necesita un futuro mejor”, dijeron en la rueda de prensa.

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