Si paramos, se paran los puertos

Las últimas semanas ha saltado a los medios el conflicto que mantienen estibadores/as (trabajadores/as de carga y descarga de barcos en los puertos) y el Gobierno debido al decreto recién aprobado en el que se liberaliza tanto el acceso de las empresas a los puertos españoles como la contratación en los mismos.

Hasta ahora la contratación de nuevos/as trabajadores/as se hace a través de las SAGEP, sociedades que realizan un filtro previo a la contratación, lo cual evita una competencia a la baja de los/as trabajadores/as. La estiba es un sector con una larga tradición de lucha y una fuerte organización en los centros de trabajo, vamos a echar la vista atrás hasta la huelga de 1979 para comprender de dónde viene el estado actual de las cosas y sacar lecciones que puedan ser útiles para el conflicto presente, tanto en los puertos cómo en cualquier centro de trabajo, tenemos claro que hoy van a por los puertos si no se les para los pies mañana irán a por cualquier otro colectivo.
El punto de partida del conflicto de la estiba en España es el decreto que aprobó el Gobierno el pasado 24 de febrero.

Frente a un sector con derechos laborales blindados, respetados, ganados a pulso tras múltiples luchas y en la mayor parte de las ocasiones superior a los del resto de la clase obrera (no es difícil), el Gobierno, organismos europeos y empresas implicadas se ponen manos a la obra para hacer tabla rasa, hacia abajo, claro está, es entonces cuando los sindicatos convocan paros parciales y las empresas denuncian huelgas encubiertas. Ante esta situación podemos identificar varios actores/actrices implicados/as:

Unión Europea

En una sentencia de 11 de diciembre de 2014 la Corte Europea (CE) insta a España a eliminar la norma que obliga a las empresas que operan en puertos españoles a formar parte de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y contratar estibadores/as de su bolsa de trabajadores/as. Según la CE la norma no cumple con el artículo 49 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU). En mayo de 2016 la Comisión Europea decidió llevar a España nuevamente al Tribunal de Justicia de Luxemburgo por el incumplimiento de dicha sentencia.

Gobierno de España

El 24 de febrero el Gobierno aprueba un real decreto-ley en el que se liberalizan los servicios de estiba y desestiba de España, los dos principales puntos de conflicto son los antes mencionados. El decreto cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y las empresas estibadoras a pesar de que los sindicatos lo han rechazado.

Cabe destacar que si el Gobierno ha tardado dos años en acatar la sentencia de la Corte Europea no es por otra cosa que la certeza de que los/as trabajadores/as iban a defender con uñas y dientes sus derechos y que el conflicto iba a ser duro. La conclusión que debemos sacar es que los derechos se consiguen y se mantienen sólo a base de nuestra lucha y nunca son regalados desde arriba.

Empresas estibadoras

En este conflicto la patronal muestra claramente (más si cabe) cuáles son sus intereses de clase, hablando de conceptos como productividad o competitividad global cuando en realidadnos encontramos ante un trasvase directo del beneficio (plusvalía) de los/as trabajadores/as a los/ as empresarios/as. Permitir la competencia a la baja de trabajadores/as supondría a la larga una reducción de derechos, menores sueldos y más margen para la empresa.

Vemos una vez más cómo la ley, más allá de lo que quieran vendernos, no es un lugar neutro y moral que marque la línea entre buenos/as y malos/as, sino que se trata más bien de una trinchera tras la que se parapetan dos contendientes con intereses opuestos, de un lado trabajadores/as y del otro empresas.

Todos/as conocemos empresarios para los/as que los derechos laborales son poco más que papel mojado cuando van en contra de sus intereses y se sienten con la fuerza suficiente para saltárselos, en este caso, sin embargo, exigen indignados/as el cumplimiento de la normativa europea. Por nuestro lado no dudamos de que nuestra estrategia debería ser la misma, exigir el cumplimiento de la ley cuando nos beneficie aspirando siempre a mayores derechos. Lo que nos da la legitimidad para hacerlo es el simple hecho de que nuestro sustento depende de nuestro sueldo. De sus beneficios, sin embargo, sólo depende la cantidad de yates y de cocaína en sus manos y narices.

Medios de comunicación

Como cada vez que hay un sector fuerte que puede hacer valer sus derechos, los medios de masas se han lanzado a una campaña de desprestigio, al fin y al cabo ellos también son empresas cuyos beneficios dependen de mantener los sueldos y los derechos laborales por los suelos. Los argumentos son los de siempre y darían risa-pena si no fuera por lo eficaces que resultan para deslegitimar las reivindicaciones del sector en concreto: son unos/as privilegiados/as, funcionan como una mafia, están tomando de rehén a la sociedad, nos salen muy caros, son un monopolio, no permiten el acceso a las mujeres, etc. La similitud de esta campaña con las desatadas contra funcionarios/ as, profesores/as, mineros/as, controladores/as aéreos no deja de sorprender.

Queda claro que cualquier conflicto social tiene uno de sus frentes de batalla en el plano comunicativo y como podemos ver, no hay declaraciones objetivas o simplemente informativas, cada uno/a toma partido en función de sus intereses:

Europa Press: “El sector de la estiba […] está actualmente controlado por sus 6.156 trabajadores”
Europa Press: “España podría tener que pagar 134.000 euros por cada día que no aplique la sentencia europea”
ABC: “Fomento teme un desvío definitivo de la actividad a puertos extranjeros por la huelga de estibadores”
El Mundo: “Controlan en última instancia el acceso de nuevos miembros a un privilegiado colectivo donde la coincidencia de apellidos se ha convertido en un hecho habitual.”
La Razón: “¿Le parece bien la huelga encubierta de los estibadores o cree que el Gobierno debe acabar con el chantaje?”

Trabajadores/as

Los sindicatos se han opuesto desde el primer momento al decreto que merma la capacidad de los/as trabajadores/as de decidir sobre las condiciones de su trabajo. La fotografía es tan simple y obvia que lo extraño es que no sea más común: trabajadores/as organizados/as para defender lo suyo, sindicatos alejados de las grandes centrales sindicales que siguen la línea combativa de sus afiliados/as, gobierno y patronal que, al menos, se lo piensan dos veces antes de atacar al colectivo.

Un detalle que se olvida de comentar quien habla de los privilegios de los/as estibadores/as es la alta siniestralidad que sufre el sector. No son extrañas las amputaciones incluso muertes por aplastamiento al estar manejando materiales y maquinaria de gran tonelaje.

Mujeres

Uno de los argumentos esgrimidos para defender el decreto y quitar el control de la contratación a los/as estibadores/as es que éste está poniendo trabas a la entrada de mujeres, lo cual tiene parte de verdad.

La asociación de Mujeres Estibadoras del puerto de Algeciras lleva más de dos años luchando porque se permita a las mujeres entrar a trabajar al puerto, sin embargo, cuando el ministro de Fomento Iñigo de la Serna intentó hacer un uso interesado de su lucha defendiendo que el decreto sobre la estiba “permitirá la igualdad entre hombres y mujeres” estas tuvieron muy clara su posición:

Sólo nos queda mandar a nuestros/as compañeros/as muchísima suerte, fuerza y apoyo, por solidaridad pero también por egoísmo, porque si ellos/as caen, mañana vendrán a por nosotros/as.

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