La explosión del 15M y la consiguiente organización de los grupos de vivienda en los barrios de Madrid ha dejado retratadas a las instituciones tanto públicas como privadas.
Por un lado, los bancos, responsables de la creación y estallido de la burbuja inmobiliaria, son los mismos que desahucian a quienes sufren sus consecuencias. Primero especularon con las viviendas y mercadearon con las hipotecas para después dejar a decenas de miles de personas sin hogar. Sin embargo, parece asumido que son entidades con ánimo de lucro de las que no cabe esperar respeto alguna a las necesidades básicas. Algo parecido ocurría con el personal de las instituciones públicas: los secretarios judiciales que acuden a los desahucios o los policías que les acompañan y reprimen las movilizaciones aparecen como brazos ejecutores de la política de vivienda, lo que implica que tienen alguna responsabilidad, pero no mucha, pues para mejor o peor, «solo cumplen órdenes».
En cambio, la política institucional quedaría en una posición más ambigua: ellos hacen las ordenanzas, reglas, leyes, en una maraña de conversaciones, negociaciones y presiones donde, además, se superponen los niveles (municipal, autonómico, estatal y europeo). Su responsabilidad es mayor y, aunque esto les permita ponerse medallas que sus subalternos no pueden ponerse, también empeora su imagen en un contexto de creciente madurez política. Y en esto, van algunos que no se habían presentado a las elecciones y deciden hacerlo.
A lo largo de todo el proceso de creación de los nuevos partidos políticos, se implicaron personas que participaban en el movimiento por la vivienda. En Madrid, la relación entre este movimiento y las nuevas formaciones era menos estrecha que en Barcelona, pero las actitudes también oscilaban, y mucho, entre el optimismo y el escepticismo, influenciado, en parte, por los acontecimientos que ocurrieron alrededor de las elecciones. La policía municipal al servicio de un gobierno del PP ya en funciones, protagonizó el desahucio de #CarmenSeQueda (desahucio de una vecina de Tetuán endeudada con un prestamista particular que también está denunciado por estafa y es testigo en el «caso Púnica») que se saldó con la ejecución del desahucio y 14 personas detenidas por resistencia a la autoridad, de modo que la investidura de los nuevos cargos sería la ocasión de plantearnos intentar convivir mejor con las instituciones.
En un inicio, la actitud por parte de las nuevas políticas es positiva: se muestra interés, respeto, ganas de diálogo y se recalca que estamos en comunicación, pero no pretenden domesticarnos ni reducir nuestro espíritu crítico. Durante el verano hay una primera reunión a nivel de todo el movimiento de vivienda de Madrid con la concejal del área de equidad, derechos sociales y empleo, además de teniente alcalde, Marta Higueras -vinculada al mundo del derecho penal, con un perfil similar al de Manuela Carmena, a quien se considera cercana- y se constata una genérica buena disposición pero grandes diferencias de fondo. Parecen existir personas en esa «nueva política» con una vieja idea de la recuperación u okupación de espacios como práctica indefendible y una falta de comprensión y empatía respecto de la urgencia que supone para muchas personas y familias un techo bajo el que vivir.
También durante el verano se produce el llamado «caso Zapata», que muestra a Ahora Madrid como una izquierda acomplejada y cobarde, dispuesta a ceder cada barricada que la vieja oligarquía decida disputarles. Diferentes voces desde el nuevo equipo de gobierno nos fueron dando pistas de lo que podíamos esperar antes casos de represión y montajes policiales, como ha ocurrido en el caso de los titiriteros. La “nueva política” no comparte ni entiende la desobediencia. Y quizás sea este el punto clave para diagnosticar la relación que tenga con cualquier movimiento social basado en la desobediencia civil.
En el distrito de Latina, el segundo más poblado de Madrid y uno de los más humildes (por precios de alquileres o por renta media) también empezamos a reunirnos con la concejala del distrito, Esther Gómez, como hacen otras asambleas y PAHs en sus respectivas zonas. Y nos encontramos con el mismo problema: se quiere contentar por igual a personas y bancos como quien pretende equiparar a opresor con oprimido. Se quiere atender igual el derecho a habitar una vivienda y el derecho a la propiedad sin cuestionar cómo se ha llegado a la situación presente.
El diálogo prosigue a lo largo del verano y principalmente el otoño. Mientras, continúa habiendo desahucios (si hay apoyo organizado se paran, pero en el último momento y evitando compromisos firmes por parte de las instituciones) y seguimos también el pulso contra los bancos (Bankia, conciliadora en las palabras, gestiona con desgana algunos de nuestros casos). Continúa también uno de los conflictos más relevantes, la relación con servicios sociales y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Muchas compañeras son usuarias del sistema, lo que implica que el grupo de vivienda tenga una convivencia continua con sus trabajadoras sociales. Tras múltiples propuestas de funcionamiento, establecimiento de sistemas de transparencia en cuanto a recursos y baremos, no ha habido ningún avance pese a la importancia que este asunto tiene para decenas de compañeras con situaciones de alta vulnerabilidad.
El ayuntamiento, además, lanza una Oficina de Intermediación (sic) Hipotecaria de inspiración tecnócrata y que obvia la existencia de un movimiento por la vivienda; CCOO se descuelga con un comunicado donde considera los acompañamientos a servicios sociales una forma de intimidación a sus trabajadoras que debe ser denunciado a la policía; mientras, el clima con la concejala se deteriora reunión tras reunión por el mismo tipo de razones: viven nuestras urgencias habitacionales y vitales como presiones. Parece que la precariedad de nuestros modales les molesta más que la de nuestras vidas.
Nos encontramos con un muro infranqueable con nula transparencia y, aunque desconocemos cuánto depende de ellas (tampoco es que nos lo hayan explicado mucho), constatamos que en alguna medida sí debe depender de su voluntad política, ya que en Usera, donde existe un grupo organizado por el derecho a la vivienda, se reúne una mesa de activistas, servicios sociales y concejalía y en los demás distritos donde existe ese mismo activismo, no.
Más allá, parece confirmarse que Ahora Madrid no tiene una política de vivienda más allá del «nadie debería quedarse en la calle». Este asistencialismo que nosotros mismos, precarios en recursos, nos esforzamos por evitar, nos resulta una respuesta más bien pobre y cobarde a una situación de proporciones enormes y nos obliga a plantearnos si no hemos rebajado la presión en nombre de una buena voluntad que apenas ha dado frutos. Hemos emprendido un camino de apoyo mutuo y empoderamiento personal y colectivo, y nos encontramos con maquinarias enormes y opacas que nos ponen carreras de obstáculos y donde todo el mundo nos ofrece más sonrisas que soluciones.
Nosotras, que con el apoyo mutuo y la solidaridad hemos conseguido garantizar(nos) un techo, que hemos arrebatado viviendas a instituciones privadas (también públicas) y que hemos conseguido alquileres sociales a entidades que antes siquiera imaginábamos, vamos a seguir luchando de la misma manera que nos ha dado tantos éxitos y alegrías en los últimos años. No vamos a rebajar nuestras exigencias porque seguimos diciendo que con los derechos no se negocia. Nos va la vida en ello.
Asamblea de Vivienda de Latina
@LatinaVivienda