¿Jueces o enriqueces? Golpe blando en el Tribunal Constitucional

¿Para qué usar pistolas cuando puedes hacerlo con togas?” – Julen Bollaín en Twitter

El año 2022 terminaba con el bloque de investidura en el Parlamento aprobando reformar el Código Penal para derogar la sedición y endurecer los delitos de desórdenes públicos. Sin embargo, hubo una enmienda a esa ley que no pudo votarse porque el Tribunal Constitucional decidió, horas antes, estimar un recurso con solicitud de medidas cautelares que presentaron el PP y Vox. Al darles la razón, el Constitucional acordó suspender provisionalmente la tramitación parlamentaria de esa enmienda que, concretamente, pretendía modificar el modo en que se elegían los magistrados del Tribunal Constitucional.

En otras palabras, un Tribunal Constitucional con una mayoría de derechas (compuesto por 6 conservadores frente a 5 progresistas[1]) vio que el Congreso y Senado iban a aprobar una ley que alteraría su composición y los equilibrios de poder y, a petición de la extrema derecha, decidió parar esa votación. Lo hizo con los 6 votos fachas a favor y los 5 progres en contra. Y, lo que es más grave, en esa votación participaron 2 magistrados conservadores que habían sido recusados. El motivo de la recusación se debía a que no podían ser imparciales, porque son los 2 primeros que perderían su puesto si se aprobaba la reforma que proponía el PSOE. Es decir, tenían que decidir sobre su propio futuro, si permanecer o no en el Tribunal. Eran jueces y parte, pero a pesar de ello desestimaron la recusación y participaron en la decisión, votando que la tramitación debía suspenderse y ellos no perder su silla en el Tribunal (ni su sueldo de más de 11.000 euros mensuales).

Es muy habitual que, una vez que se aprueba una ley, algún partido político la recurra al Constitucional y que éste pueda decidir si es inconstitucional o no y la anule. Y nada impedía al Tribunal hacer eso mismo esta vez. Pero esta ha sido la primera ocasión en que se bloquea su tramitación antes de ser aprobada.

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional se ha revelado como la institución con mayor poder de todo nuestro sistema. Un órgano sin contrapesos, que no responde ante ninguna otra rama del Estado y que tiene la capacidad de inmiscuirse en la actividad del resto de poderes. Y que, además, no se corta a la hora de entrar en política. Es la encarnación del Estado profundo, el que gobierna en la sombra y se asegura de que nada cambie. Su lema debería ser la frase de Eduardo Galeano de “si votar sirviera para cambiar algo, estaría prohibido”.

El politólogo estadounidense Gene Sharp acuñó el término “golpe blando” para referirse al conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. La derecha política, mediática y judicial lleva desde que gobierna Pedro Sánchez allanando el terreno para llevar a cabo un golpe de estas características.

Esto es algo que los medios progresistas, que echan de menos la estabilidad que traía el bipartidismo y la alternancia de partidos del Régimen del 78, no han querido ver. Se niegan a denunciar los movimientos golpistas y banalizan el aumento del poder y de la influencia de la extrema derecha en España y en el resto del mundo. Y, en vez de defender políticas socioeconómicas alternativas a las de la derecha, aplauden las políticas de austeridad, la mano dura en fronteras, la no subida del SMI, no modificar la Ley Mordaza, etc.  

Entre las estrategias golpistas de la derecha se encuentra llamar a (Perro) Sánchez presidente “ilegítimo” (pese a ganar las elecciones), “traidor” y “felón”; la desinformación y proliferación de fake news contra personas migrantes, trans, feministas o de izquierdas, así como los bulos relacionados con la pandemia, los resultados electorales, la Agenda 2030, etc.; el lawfare o guerra judicial a base de querellas a diestro y siniestro contra cualquier persona, sea miembro del gobierno o no, que haga algo que no les gusta; los acercamientos al rey (el cual es indudablemente de derechas) y la apropiación de su imagen; el bloqueo (contrario a la Constitución) del Poder Judicial y del Constitucional para mantener, ilegalmente, una mayoría de derechas; etc.

Denunciamos estas maniobras no por defender al Ejecutivo de PSOE y UP que tanto hemos criticado, sino por temor al fascismo que puede llegar a instalarse en todos los poderes del Estado si seguimos por el mismo camino.

Entre estos movimientos de la derecha y la falta de valentía de la progresía mediática a la hora de enfrentarse a la misma, no es de extrañar que una mayoría conservadora crecida del Tribunal Constitucional se vea legitimada para dinamitar la separación de poderes e impedir su propia renovación. Y este tipo de acciones no hace más que darles alas a una derecha cada vez más beligerante y violenta.


[1] Una semana después, el 29 de diciembre, el Constitucional finalmente se renovó (por otros medios) y actualmente la mayoría es progresista por un margen de 7 a 4.

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