El Estado español y su disposición a entregar a disidentes al gobierno turco

Hamza Yalçin es un veterano izquierdista turco, detenido por primera vez en 1979 (año en el que, por cierto, la OTAN mató a 40 trabajadores/as en un Primero de Mayo en una maniobra de la Operación Gladio) por su pertenencia al Frente de Liberación del Pueblo en una de las múltiples purgas que se llevaron a cabo en esa década. En 1984 visitó Suecia por primera vez y, tras cumplir tres años de prisión en los años 90 en Turquía, se instaló definitivamente en el país escandinavo, del cual tiene concedida la nacionalidad y el estatus de refugiado político, y en el que trabajaba como periodista. En el año 2009 fue condenado a cadena perpetua en su país natal por sus supuestas actividades subversivas y terroristas, pero Suecia se negó a entregarle al Estado otomano, por la falta de garantías de ser sometido a un juicio justo y un elevado riesgo de sufrir torturas.

Ni Suecia, ni Italia, ni Grecia (países por los que viajó recientemente) accedieron a la petición del Estado turco. Pero Spain is different, como se sabe, y en cuanto puso un pie en el aeropuerto de El Prat el pasado 3 de agosto fue detenido, por la existencia de una orden internacional de detención (de Interpol) a su nombre. Acto seguido fue puesto a disposición del juez Ismael Moreno (el mismo que encarceló a los titiriteros) de la Audiencia Nacional. Su Señoría no dudó en mandar a Yalçin a prisión preventiva (como había solicitado la Fiscalía) e iniciar un procedimiento de extradición pasiva, el cual se encuentra abierto en el momento en el que se escriben estas líneas y que se puede prolongar varios meses.

España: Jurisdicción de conveniencia

¿Cómo es posible que no hayan detenido a este señor en otros países pero en cuanto llega al Estado español se le arreste? El abogado Gonzalo Boyé lo explica en su artículo “Hamza Yalçin, jurisdicción de conveniencia” (ElDiario.es) de la siguiente manera: “España se ha convertido en una jurisdicción de conveniencia en materia de extradiciones, un territorio cómodo del cual resulta relativamente sencillo conseguir la entrega de personas reclamadas por cualquier país[1]. […] Las autoridades turcas, incluso, cuentan desde 2009 con un convenio de cooperación en materia penal con España. […] España, a través de la Audiencia Nacional, ha rebajado los criterios legales para la concesión de las extradiciones hasta límites intolerables en cualquier otro Estado democrático y de derecho; el caso de Hamza Yalçin es un buen ejemplo porque ha viajado y vivido en diversos países pero no es hasta llegar a España cuando termina detenido y encarcelado”.

Las órdenes de detención internacional e Interpol

Otro abogado, esta vez Eduardo Gómez Cuadrado, en un artículo titulado “Hamza Yalçin, Interpol y el Santo Oficio” (CTXT) nos recuerda que “Turquía actualmente tiene suspendido el Convenio Europeo de Derechos Humanos y según el International Press Institute es el país del mundo con más informadores en prisión. Surge entonces la pregunta: ¿cómo puede España llevar a cabo una detención, y lo que es peor, un encarcelamiento provisional en estas condiciones?

Se ha escrito mucho estos días sobre el llamado procedimiento de extradición pasiva, que es la norma que regula la detención y entrega a terceros países de ciudadanos no comunitarios, o sobre la decisión política que en última instancia podría llevarse a cabo sobre la entrega a Turquía del reclamado, pero se ha puesto poca atención a una circunstancia fundamental que genera este tipo de situaciones: las escasas garantías y poco control que existe en cuanto a la inclusión de órdenes de detención internacional a través de Interpol.

[…] La organización internacional Fair Trials, que vela por las garantías procesales a lo largo de todo el planeta, lleva años denunciando que el sistema de Interpol referido a las alertas de “personas buscadas” (Red Notices – Aviso Rojo) es usado de manera abusiva por países de todo el mundo con el fin de perseguir a refugiados, periodistas y manifestantes políticos pacíficos, con un enorme coste personal para los afectados. Además esta organización denuncia también que la manera de eliminar un “Aviso Rojo” es un proceso arduo y poco claro[2].

No obstante, es cierto que muchas ocasiones la entrega de las personas al país reclamante no se llega a ejecutar por cuanto concurre algunas de las causas de denegación contempladas en la Ley de Extradición Pasiva, pero ello no evita las detenciones previas o, incluso, como ha ocurrido en el caso del periodista turco, el ingreso en prisión provisional, lanzándose con ello un mensaje claro por parte de los países reclamantes a las personas perseguidas: podemos, cuanto menos, complicaros la vida aún cuando estéis fuera de nuestro territorio”.

Este es el caso del activista turcobelga Baran Kimyongür, que tras criticar al Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía fue acusado de pertenencia a banda terrorista. Como consecuencia, se le detuvo tres veces en tres países diferentes, entre ellos España, gracias a la inestimable ayuda de los Red Notices de Interpol. Turquía luego no fue aportando ninguna prueba de pertenencia a organización terrorista ante los tribunales de los países que le retenían (probablemente porque no tenían ninguna), por lo que sistemáticamente fueron denegando la extradición en todos ellos. Pero ello no impidió que permaneciera más de 100 días en prisión preventiva. Finalmente Interpol borró el Aviso Rojo, pero alguna información debió permanecer en los ficheros porque a Kimyongür se le detuvo una cuarta vez en Zúrich, mientras hacía escala para empezar unas vacaciones.

El pasado mes de marzo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitió el Informe Fabritius, en el que denunciaba el uso abusivo de Interpol. “La Interpol debería mantenerse especialmente alerta ante estos países, dicen, porque su objetivo es obviamente acallar voces políticamente críticas, a las que disfrazan con acusaciones de terrorismo. En el caso turco, sin embargo, sin necesidad de disfraces, se expresó Tayyip Erdogan este mes cuando, en un acto de su partido en la ciudad de Trabzon, aclaró que no extraditaría a ningún convicto reclamado por Europa, si antes ésta no le entregaba a los disidentes turcos a quienes ha concedido asilo político”, explica Javier Oliden en su artículo “La Interpol como arma de represión política” (Público).

Dogan Akhanli, en libertad

El 19 de agosto, otro disidente turco fue detenido dentro de nuestras fronteras, esta vez en Granada. Se trata del escritor Dogan Akhanli, nacional alemán desde 1991. Miembro de un partido comunista y una importante voz contra el genocidio armenio perpetrado por Turquía (1915-1923), en 2010 fue juzgado y absuelto por pertenencia a organización terrorista, pero dos años más tarde se anuló la sentencia y se le pretende enjuiciar de nuevo.

Akhanli también fue derivado a la Audiencia Nacional y, en su caso, el juez Andreu ordenó su puesta en libertad (contra el criterio de Fiscalía). El procedimiento de extradición no se ha archivado, pero por lo menos no deberá esperar entre rejas a que finalice.

En una entrevista publicada en ElDiario.es, Akhanli expresó el motivo de su persecución: “Con independencia de la lucha que hay entre los seguidores del clérigo Fethullah Gülen y los afines a Erdogan, para este último siempre es prioritario y perseguible todo lo que tiene relación con la revisión histórica del genocidio contra el pueblo armenio y la lucha y defensa de los derechos del pueblo kurdo. Cuando cualquier persona aborda esto se transforma en un enemigo, como lo fuimos para los seguidores de Gülen y como lo somos ahora para Erdogan”.

En esa misma entrevista, preguntado por la colaboración entre el Estado español y el turco, respondió que si bien no conoce al detalle los antecedentes, “existe una alta probabilidad de que las autoridades españolas estén colaborando porque esta lista de 10.000 perseguidos por parte de Erdogan no se la han tomado en serio ni Francia, ni Italia, ni Grecia, ni Alemania, y se la toma en serio España”.

Como hemos apuntado al inicio del artículo, España es una jurisdicción de conveniencia, un Estado dispuesto a hacer el trabajo sucio y entregar a disidentes políticos a regímenes poco sospechosos de respetar los derechos más básicos de sus detenidas/os.

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[1] Animamos a cualquier persona que esté leyendo esto para buscar en internet el caso del opositor al presidente de Kazajistán, Alexander Pavlov, al que el juez Guevara intentó entregar en 2014 al Estado reclamante  sin ser competente para ello. Entró en la secretaría del Juzgado que llevaba el asunto y dijo: “Se ha puesto en contacto conmigo el embajador de Kazajistán. Hay un avión esperando para llevárselo”. Curiosamente, España en 2013 se había convertido en el primer Estado en firmar un convenio de extradición con este país, rico en petróleo, tras una visita de Rajoy y varios empresarios españoles.

[2] En el caso de un opositor azerí, Azer Samadov, borrar su Aviso Rojo tardó cinco años, durante los cuales no pudo salir de Holanda.

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