Autor: Amadeo Sánchez Ceballos. Editorial: Punto Rojo. Páginas: 566.
Amadeo Sánchez Ceballos se ha dedicado casi 45 años de su vida laboral en el sector asegurador. Es licenciado en Historia y Máster en Historia de la España Contemporánea, en 2017 defendió su tesis doctoral que ha desarrollado a lo largo de cinco años de investigación, y que es la base fundamental de la obra que ha publicado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de la ONU celebrada en París el día 10 de diciembre de 1948. Y se puede considerar un acuerdo de mínimos de buena parte de los países en que se recogen los principios fundamentales y derechos de la Humanidad. En su artículo 25 anuncia que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Esta perspectiva colectiva amplia de su articulado tiene bastantes lecturas, por un lado ha querido verse como una concesión socialdemócrata, como un mal menor permitido del capitalismo tras la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto que, en la lucha frente a los totalitarismos y lo conquistado en un terreno social y revolucionario amplio no hubiera sido posible sin la participación y dirección estratégica de los grupos de resistencia de los diversos países que trasladaron la lucha social a un punto bastante más lejos de los límites que habría marcado el liberalismo triunfante.
Este documento pone de relieve la importancia que el hecho asegurador tiene para el desarrollo y estabilidad de las sociedades, naciendo de un claro concepto de ética solidaria entre colectivos expuestos a los mismos riesgos y mismas consecuencias negativas. Tras el levantamiento militar de julio de 1936 y el estallido revolucionario inmediato, tres años de conflicto bélico donde se dieron situaciones a escalas muy diversas, atravesadas por una lucha de clases y política, pero también muchos miedos personales. Se iniciaron acciones de auxilio social en las que participó activamente la administración pública, para aminorar la miseria y la pobreza de familias e incluso empresas colectivas obreras. Sin embargo, una vez acabada la guerra se marginó a muchas personas, y las autoridades de la dictadura franquista junto al sector asegurador cerraron un capítulo que vino a dar una solución profundamente injusta a los daños ocasionados a una parte de miles de asegurados por hechos cuyo origen estuvo en la acción del golpe militar y la consiguiente contienda bélica y la revolución. Se actuó desde la nueva legislación, una legalidad hecha por y para los vencedores.